Desde hace algunos meses, las alertas por la situación fiscal del país se han hecho cada vez más sonoras. El déficit en la caja del país es una de las preocupaciones de los analistas y expertos que aseguran que el gasto público ha aumentado considerablemente y la inversión se ha reducido en sectores clave y que permiten avances en la economía.
Se ha configurado un escenario difícil en el país, pues los menores ingresos por petróleo, además del impacto de las reformas tributarias y una mayor deuda pública, no han dado buenas señales en materia fiscal. De hecho, exministros de Hacienda han alertado por la posibilidad de que se incumpla la regla fiscal y que la deuda se crezca de manera desaforada.
En junio de este año, el Gobierno hizo un primer recorte de 20 billones de pesos, con el que esperaban estabilizar el panorama tras el bajo recaudo tributario registrado en abril. Sin embargo, este ajuste no fue suficiente y ahora el Comité Autónomo de Regla Fiscal elevó una nueva preocupación.
La entidad aseguró que en 2024 el Gobierno enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja, que sería producto de unos menores ingresos frente a lo programado. Dicen además que los ingresos se ubicarían en 74,1 billones, que es 4,3 % del PIB y por debajo del nivel programado en el Presupuesto General de la Nación de 2024.
“Según los parámetros de la estructura de la regla fiscal (RF) los componentes del ciclo económico y petrolero y las transacciones de única vez permiten que COP 18 billones (1,1 % del PIB) de la caída de los ingresos no se traduzcan en un ajuste de gasto, sino en mayor déficit”, indicó el Carf.
Por esa razón, aseguraron que se debe realizar una reducción de otros 56,2 billones de pesos, un 3,2 % del PIB, en el Presupuesto de la Nación.
“El Gobierno enfrenta inflexibilidades, algunas estructurales y ajenas a su control, que limitan la capacidad de realizar un ajuste fiscal sostenido. El Carf estima que entre 2019 y 2023 el 83,6% del gasto fue inflexible. Algunas de las inflexibilidades más significativas se deben al gasto de intereses, las pensiones, el Sistema General de Participaciones, los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gasto en defensa y los gastos asociados del sector salud”, aseguró la entidad.
Adicional a ello, aseguran que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal en el país, al considerar que en los últimos meses del año se suele presentar un menor recaudo y un aumento en el ritmo de ejecución del gasto primario.
“Se observa que el saldo disponible en pesos de la Tesorería se ha mantenido por debajo del promedio histórico buena parte del año. Este reto se acentuaría en la medida en que se genere un mayor rezago presupuestal de la vigencia 2024 a ser ejecutado en 2025″, afirma.
Finalmente, reportan que los ingresos programados por el Gobierno para 2025 presentan un alto grado de incertidumbre. El Comité estima un riesgo de menor recaudo de por lo menos 33,3 billones, que sería 22,6 billones menor a la gestión de la Dian. También se refirieron a la Ley de financiamiento que buscará aprobar el Gobierno nacional en el siguiente período legislativo.
“El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que, en caso de que no se apruebe la Ley de financiamiento, el Gobierno deberá efectuar un recorte de gasto a inicios del año por un monto equivalente al recaudo que se espera alcanzar a través de dicho proyecto de ley”, concluyó la entidad.