En su primer debate de control político en la plenaria del Senado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció este martes, 5 de marzo, que su cartera emitió un proyecto de decreto para comentarios que busca que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revise todos los componentes de la fórmula tarifaria.
“El objetivo es que se puedan hacer ajustes en todo lo que sea necesario, porque ese es el compromiso de este gobierno”, sostuvo, al tiempo que insistió en que es indispensable reformar el mercado eléctrico nacional, pues en su concepto, “hoy las ganancias son para unos pocos y las pérdidas para la gente”.
Los datos del Dane indican que el servicio de energía eléctrica es uno de los que más sigue pesando en la inflación. Prueba de ello es que de los 188 ítems que conforman la canasta familiar, la luz es el noveno que más sube, con un alza anual de 22,46 por ciento en enero de 2024 y solo es superada por los combustibles (que están subiendo por una política gubernamental para igualarlos con los precios internacionales) y por alimentos que dependen de los ciclos de cosecha.
Camacho insistió en que el cambio propuesto por el Gobierno en el campo de la energía consiste en “enfrentar los grandes problemas que durante décadas nos ha dejado un modelo neoliberal. Y aquí se le ha dado la vuelta a una discusión de fondo. Y es que aquí hubo una promesa privatizadora incumplida. Porque en su momento se creyó que el mercado iba a ser capaz de entregarles los derechos a la gente. Y la realidad hoy, 30 años después, es una ley de servicios públicos que nos ha llevado a la situación actual, en la cual la gente más pobre carga con lo peor de esa cadena de valor”, puntualizó y agregó que, por eso, desde su cartera están luchando contra los incrementos de las tarifas.
Por eso insistió en que hay que reformar el mercado eléctrico colombiano y, en específico, el componente de generación. “Aquí hay un tema que se ha olvidado. La última gran catástrofe de nuestro sistema energético fue la venta de Isagén. El Estado colombiano no tiene generación. La generación en Colombia se privatizó. Hoy parte de lo que necesitamos recomponer no es una estatización, sino recuperar los equilibrios”, precisó y agregó que actualmente al Estado, solo le queda regular y la Superintendencia de Servicios Públicos, pero “no tiene poder de mercado”.
Un tira y afloje
El proyecto de decreto del que informó el ministro de Minas y Energía es un nuevo capítulo del tira y afloje que se ha dado entre el Gobierno y el poder judicial por el manejo de las tarifas de energía, que está sustentando en los altos costos de este servicio, en especial en regiones como el Caribe colombiano, donde los precios se han desbordado.
Todo inició cuando el presidente Petro anunció su interés de manejar directamente el tema tarifario y asumir funciones de la Creg. “Reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el Presidente de la República” decía el decreto impulsado por el Gobierno.
Esta situación generó preocupación y tensión en el sector privado, por el manejo discrecional que podría tener el tema tarifario y que pondría en riesgo las inversiones en el sector y cambiaría las reglas del juego. Sin embargo, esta iniciativa fue demandada ante el Consejo de Estado, tribunal que suspendió el decreto.
Según el presidente, eso generó un daño al ordenamiento constitucional porque, en su opinión, la carta magna le permite dirigir la política de servicios públicos en Colombia.