El proyecto de ley de la Reforma Tributaria que fue radicado en el Congreso de la República para su discusión y aprobación antes de diciembre de 2022 incluye varios impuestos que golpearán las finanzas de las compañías de los sectores petrolero y minero que operan en Colombia.
Por ello, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) salió en defensa de sus empresas afiliadas y aseguró que preocupa el impacto de la reforma, ya que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80 %, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de exploración y producción, incluidos contratos existentes que requieren inversión.
“Vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 % de la exploración ejecutada”, agregó la ACP, haciendo referencia a los pozos que se perforan cada año en el país para buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas.
El gremio también manifestó que una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de exploración y producción pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos.
“El sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país, una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad”, afirmó la ACP.
La preocupación del sector petrolero radica en que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca gravar las exportaciones de petróleo, carbón y oro con un impuesto del 10 %, que aplicará sobre un porcentaje del valor total en dólares Free on Board (FOB) de las ventas al exterior realizadas cada mes.
“Una medida que permitiría una redistribución de las ganancias extraordinarias que percibe el sector minero-energético en épocas de precios altos hacia las familias colombianas más vulnerables, a través de mayor gasto social, es el establecimiento de un impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro”, dice el proyecto de ley.
Para el caso de las exportaciones de carbón, el impuesto aplicará cuando el precio mensual promedio observado sea igual o superior a 87 dólares por tonelada métrica, de referencia Newcastle. Para el petróleo, el precio promedio se planteó en 48 dólares por barril de referencia WTI, mientras que en el oro el precio umbral será de 400 pesos por onza troy.
El proyecto de ley sostiene que el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, “además de permitir destinar mayores recursos de gasto para la población más vulnerable, ayudaría al país a insertarse más rápidamente en el proceso de transición energética mundial al reducir la huella de carbono generada por distintas industrias, fomentaría la industrialización, disminuiría el costo de los insumos locales e incentivaría las exportaciones con mayor valor”.
La ACP aseguró que está de acuerdo con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz, a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.
Así mismo, reiteró su disposición para continuar el diálogo con el Gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; el Congreso de la República y con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, “en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria”.