La reforma laboral que el gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a radicar en el Congreso está generando incertidumbre en los gremios, como también lo hizo la primera versión del proyecto de ley, en la legislatura pasada.
Aunque la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que se tuvieron en cuenta los aportes hechos desde algunos sectores y en las audiencias públicas de esta iniciativa, algunos expertos coinciden en que podría empeorar la generación de empleo.
“Hemos partido del informe general que quedó en la Cámara de Representantes por los ponentes y coordinadores, y desde allí con las apuestas que se propusieron en las audiencias públicas, y también hemos hablado con otros sectores que han hecho propuestas para el enriquecimiento de la reforma”, expuso la ministra acerca de la reforma.
Más allá de que, según la ministra del Trabajo, se hayan recibido algunas propuestas para volver a radicar el proyecto de ley en el Congreso, hay un reparo en particular: que con el costo que el empleo formal va a generar en las empresas, se genera menos empleo, lo que puede conllevar la informalidad.
En conversación con Caracol Noticias, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, expuso su hipótesis de lo que podría ocurrir:
“Una reforma laboral que pretenda encarecer el costo del empleo formal muy probablemente, lo que va a generar es que se empeoren las dinámicas de generación de empleo y, especialmente, del empleo de calidad”.
Pero el inconformismo hacia la iniciativa del Gobierno también está relacionado con los contratos laborales. A saber: la reforma laboral busca controlar los contratos de prestación de servicios y buscar que aumenten los contratos indefinidos, hecho que caería bien al empleado, pero no tanto al empleador.
“El sector empresarial debe tener diferentes opciones y no que se le imponga qué clase de contrato debe utilizar”, expuso en el noticiero en mención Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.
Pese a los cuestionamientos, la ministra del Trabajo aseguró que en el nuevo articulado se le hace un reconocimiento a la economía popular, solidaria y comunitaria: “Para empoderarla y fortalecerla porque en la medida en que ellos aumenten sus ingresos y tengan bienestar social, todos vamos a ganar; esa es la apuesta para Colombia, un país de esperanza, de sueños, pero, sobre todo, un país de trabajo digno y decente con un eje central, los derechos laborales”.
Empresas de servicios temporales, molestas con la reforma
Desde el punto de vista de los empleadores parece haber un consenso frente a lo que piensan con el nuevo proyecto de reforma laboral que el Gobierno radicó en el Congreso de la República. Sin embargo, las empresas de servicios temporales, agremiadas en Acoset, están entre los que se sienten más golpeados y manifestaron su inconformidad. Y no por ninguna novedad para ellos, sino porque insisten en que son discriminados y, por segunda vez, sus advertencias llegaron a oídos sordos.
“Con gran preocupación, la Asociación Colombiana de Empresa de Servicios Temporales manifiesta su inconformidad con el proyecto de reforma laboral radicado recientemente y que sigue afectando con gran limitación la tercerización laboral, poniendo en riesgo el empleo formal flexible y que en la actualidad beneficia a más de 448.000 personas con trabajo decente e inclusivo”, dicen en el pronunciamiento.
Según manifestó Miguel Pérez García, presidente de Acoset, han sido discriminados desde que se presentó el proyecto original y, en esta segunda ocasión, tampoco hubo corrección del error. “Hay discriminación. No nos están reconociendo como verdaderos empleadores”, enfatiza el dirigente gremial.
Pérez reclama porque este tipo de empresas que ponen empleos en el país, aunque alzaron la voz, sus circunstancias no fueron tenidas en cuenta a la hora de construir el proyecto de ley.