En medio de las polémicas por los retrasos que sigue teniendo el país en materia de navegabilidad del río Magdalena y la urgencia que hay para que avancen obras como la del Canal del Dique, aumentan los llamados al Gobierno Nacional, especialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura, para que ponga el pie en el acelerador.

Ya sea por las solicitudes de indemnización que llegan desde las víctimas de las constantes inundaciones, por la polémica que rodea a sus proponentes o por la simple complejidad de este tema, el contrato del Canal del Dique parece un tema de nunca acabar, o por lo menos así lo perciben gremios como Fenalco, que pidieron que se resuelva cuanto antes.

Por ahora, esta situación va en que faltan menos de tres días para que termine el mandato de Iván Duque y la Agencia Nacional de Infraestructura volvió a aplazar la audiencia para adjudicar este megacontrato por más de 3,2 billones de pesos.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes se indicó que estos proyectos son estratégicos para el desarrollo del país y que la demora en su ejecución solo se traduce en falta de desarrollo y pérdida de calidad de vida para las comunidades aledañas, así como en la caída de competitividad y un desaprovechamiento de afluentes estratégicos como el río Magdalena.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, es de vital importancia, razón por la cual le pidió a la ANI que cumpla con su trabajo y no dilate más la adjudicación de esta obra.

“Queremos señalar una vez más la relevancia ambiental de esta megaobra, convirtiendo su ejecución en una necesidad inaplazable para la defensa de importantes activos nacionales y para la garantía de la continuidad del servicio público de acueducto a nivel local”, afirmó Cabal.

Por ahora, la constructora española Sacyr, protagonista de múltiples polémicas en Colombia y el exterior, es la única que se postuló para el megaproyecto de infraestructura del Canal del Dique. Dicha iniciativa, se realizará mediante la modalidad de asociación público – privada (APP) y su valor es de 3,8 billones de pesos.

“Insistimos en que cada día de retardo en su ejecución sigue causando perjuicios ambientales en la bahía de Cartagena y las Islas del Rosario, pues el ascenso de la cuña salina hacia la bocatoma, pone en riesgo la calidad del agua y por ende la salud pública de la comunidad”, concluyó Jaime Alberto Cabal, de Fenalco.

El pasado 7 de agosto, Sacyr estuvo entre las seis principales constructoras de España que fueron sancionadas por autoridades de ese país, tras comprobarse que alteraron durante 25 años la competencia en “miles” de licitaciones para construir infraestructuras públicas.

Las empresas multadas fueron Acciona Construcción S.A. (29,4 millones de euros), Dragados S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción S.A. (16,7 millones).

Comunidades se oponen al proyecto del canal del Dique, ¿por qué?

Las poblaciones que se encuentran ubicadas en las orillas del canal del Dique han sentado su voz de protesta ante la adjudicación y contratación de la APP Canal del Dique, que se iba a realizar hoy jueves 4 de agosto, pero que finalmente se aplazó.

Los habitantes de los municipios de Soplaviento, Gambote y Calamar, se han manifestado por las afectaciones que traería la obra a su forma de vida. De hecho, los residentes de otras zonas que están cerca del canal (Bolívar, Atlántico y Sucre), se oponen a la adjudicación de los contratos para iniciar la construcción.

Igualmente, las comunidades raizales del lugar aseguran que el Gobierno y las entidades no se han acercado para tener un diálogo y establecer mesas de negociación sobre el megaproyecto y cómo afectará sus vidas.

En medio de las protestas, afirman que el gobierno no les ha dado participación ambiental. De acuerdo con declaraciones que Adil Meléndez, abogado y vocero de las comunidades, dio a diferentes medios de comunicación locales, “la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sí tuvo tiempo para mostrar el proyecto con foros, pasear por el canal y presentarlo a la comunidad internacional, pero no lo hizo, y no se le dieron garantías a las más de 50 comunidades que fueron excluidas de todo el proceso”.