El debate en Colombia continúa por cuenta de las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en manifestar que tiene intención de asumir el control de las comisiones reguladoras de servicios públicos, al indicar que en Colombia debe prevalecer el interés general y del usuario.
El mandatario colombiano, en su cuenta de Twitter, aseguró que las funciones que adoptará serán las de aplicar políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos y ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades.
“De acuerdo [con el] artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la Presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario”.
Y explicó: “Esto quiere decir que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicios públicos domiciliaros, que son el agua, la luz”.
Por su parte, los gremios del sector de energía eléctrica y gas natural, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación de Energías Renovables (Ercolombia), manifestaron que se debe respetar seguridad jurídica e institucional a través de un comunicado de prensa. En esto expresaron su posición por medio de cuatro puntos:
- Los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
- Sin embargo, las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos.
- Es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.
- Por último, en nombre de los gremios que representamos y nuestras empresas afiliadas, ratificamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial.
De hecho, cuando recientemente salió el anunció del presidente Petro, Camilo Sánchez, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), le confirmó a SEMANA que el problema más grave es que se van a tomar decisiones políticas por encima de las decisiones técnicas, lo que afectaría la rentabilidad de las empresas generadoras de servicios públicos.
“La rentabilidad máxima del sector es del 12 %, entonces, si la inflación es del 13,12 %, estamos teniendo rentabilidades menores a la inflación; en términos generales, estamos perdiendo poder en las empresas”, argumentó en conversación con SEMANA.
Con esta explicación, Sánchez aseguró que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica y, así mismo, seguir un modelo que mantenga la suficiencia financiera de las empresas para no poner en riesgo la prestación del servicio, lo que perjudicaría no solo a las personas de escasos recursos, sino a la gran mayoría de los colombianos.