A pesar de que aún no se ha radicado la última reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, el consenso es que la nueva administración deberá sacar adelante otra iniciativa de ese tipo en los próximos años.
Si bien con la reforma que será radicada este 20 de julio se incrementan los ingresos de la Nación en $15 billones, no se amplía la base tributaria (el número de personas que paga impuestos) y la mayoría de las obligaciones impositivas recae sobre las empresas.
Debido a lo anterior, con la reforma se logrará garantizar la continuidad de programas de apoyo a la población vulnerable como Ingreso Solidario, pero no se logrará disminuir ni el déficit ni el endeudamiento de manera considerable.
Los analistas de mercado, y hasta el mismo Ministerio de Hacienda, saben que el Gobierno que entre en 2022 deberá hacer nuevamente cambios tributarios si se desean estabilizar las cuentas del país.
“Con seguridad la nueva administración tendrá que tramitar en agosto de 2022, como una de sus prioridades, una reforma de esas características, es decir estructural, para retomar una senda de estabilización macroeconómica y fiscal que sea consistente con nuestras metas de generación de empleo, disminución de la pobreza y corrección de la desigualdad”, dijo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).
Y es que a pesar de que Colombia ya perdió el grado de inversión por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, las firmas advirtieron que el país debe sacar adelante reformas estructurales, o de lo contrario las calificaciones podrían seguir bajando.
“El próximo Gobierno definitivamente tendrá que pensar en hacer otra reforma tributaria para hacer una consolidación de las cuentas fiscales ya que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda del Gobierno no va a bajar del 65 % del PIB sino hasta después de 2024”, dijo el economista jefe de Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte.
Según expertos, un sistema tributario progresivo es aquel en el que la tributación recae, principalmente, sobre las personas naturales y no sobre las empresas. Los bajos impuestos a las empresas generan inversión y fomentan el empleo, mientras que por medio de tributos a las personas naturales se puede lograr que los más adinerados sean los que más paguen.
Sin embargo, en Colombia sucede lo contrario. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Colombia es uno de los países en donde las empresas más pagan impuestos, y en donde las personas naturales menos pagan.
De acuerdo con la entidad, en 2019 Colombia recaudó el 1,2 % del PIB por medio de impuestos a la renta de personas naturales, siendo así la nación de la Ocde que menos ingresos tuvo por este tipo de tributos, pues Chile recaudó el 1,5 % del PIB y en México fue del 3,4 %.
Ahora bien, si se miran los ingresos tributarios por país provenientes de personas naturales, el promedio de la Ocde está por encima del 20 % y levemente por debajo del 25 %, mientras que en Colombia la proporción a duras penas alcanza a superar el 5 %. Esto quiere decir que solo poco más del 5 % del total de ingresos tributarios de Colombia proviene de personas naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, intentó ampliar la base de tributación para las personas naturales por medio de una reforma fiscal que fue rechazada ampliamente por la opinión pública y que le costó el cargo a Carrasquilla.
En contraste, Colombia aparece en el listado de países de la Ocde que más tributos tiene a los beneficios corporativos de las empresas. Según información de la entidad, en 2019 el país obtuvo el 4,82 % del PIB por medio de estos tributos, siendo superado únicamente por Luxemburgo (5,92 %), Noruega (5,74 %) y Chile (4,84 %).
Hacer una reforma tributaria de carácter estructural, en la que la carga impositiva recaiga sobre las personas naturales de más ingresos, es impopular y tiene un costo político y social grande, razón por la cual el Gobierno Duque optó por una reforma más transitoria.
“En lo económico, esta es una reforma que en el corto plazo no genera ningún recaudo pues en 2021 y 2022 el recaudo adicional vendría por la normalización de activos y eso es muy pequeño. Mientras que sí incluye gasto adicional para 2021 y 2022. Esta es una reforma que para el otro año generaría una presión de gasto adicional por unos $7,5 billones”, dijo el director de investigaciones económicas de Corficolombiana, José Ignacio López.
Y es que se prevé que la reforma actual sea aprobada sin mucha oposición en el Congreso, pero el problema fiscal seguirá y el nuevo Gobierno que entre en 2022 deberá ideárselas para sortear estas dificultades.
“Habrá que embarcarnos una vez más en las discusiones sobre la estructura del sistema de recaudo del país. No podemos quitarle los ojos al problema, es necesario equilibrar las cargas impositivas entre personas jurídicas y naturales, corregir la deficitaria focalización de los subsidios pensionales a las personas de altos ingresos para redirigirlos a los más vulnerables y llegar a una estructura progresiva en la que el grueso de la contribución esté en cabeza de las personas de mayores ingresos”, dijo Anif.
Aparte del tema tributario, se espera que el nuevo Gobierno también presente modificaciones estructurales en ámbitos como el pensional y laboral, que son otros dos grandes problemas que viene presentando el país desde hace años.