Este jueves, la Contraloría General pasó revista por la isla de San Andrés y destapó varias situaciones irregulares.
El propio contralor, Carlos Hernán Rodríguez, se dirigió a la isla, desde donde anunció el inicio de un juicio de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la construcción de la torre de control del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.
“La Contraloría General de la República ordenó la apertura de proceso de responsabilidad fiscal por 7.774 millones de pesos. El ente informó que una de las entidades afectada es la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil).
El órgano de control fiscal identificó la existencia de un daño patrimonial representado en la pérdida de la totalidad de recursos girados al contratista para la ejecución del contrato de 2019, cuyo objeto fue “realizar la construcción de la torre de control del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”.
Al parecer, el daño fue ocasionado por las deficiencias constructivas de la obra, la no funcionalidad, su estado actual como obra inconclusa, el deterioro de la estructura y que las mismas no cumplen ninguna función, “lo cual se traduce en la pérdida de recursos públicos ocasionada por una presunta gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente de algunos de los actores que participaron en el desarrollo del contrato y en el manejo de los recursos, ya sea de manera directa o con funciones de vigilancia y cuidado de los mismos”, informó la Contraloría en un comunicado de prensa.
Asimismo, informó que dentro del ‘Proceso de Responsabilidad Fiscal’ fueron vinculados como presuntos responsables fiscales las siguientes personas naturales y jurídicas:
- Constructora Gilli S. A. S. y Ludwig Páez Muñoz en calidad miembros del consorcio contratista Guadalupe GL.
- Gonzalo Cárdenas Mahecha y María Consuelo Durán caro en calidad de secretarios de sistemas operacionales de Aerocivil.
- Aldemar Pinzón, Ceidy Andrea Betin Muñoz, Juan David Henao Moreno y Luis Roberto d Pablos, en calidad de supervisores.
Finalmente, también se vinculó a Axa Colpatria seguros S. A. como garante en el proceso y se determinó un daño en cuantía de 7.774.898.533 pesos sin indexar.
Es de recordar que, el exministro de transporte Guillermo Reyes anunció en octubre del año pasado, cuando era jefe de esa cartera, el uso de tres predios aledaños al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla para la ampliación de la capacidad y operatividad de la terminal aérea.
Los predios serán cedidos por la Gobernación para las obras, según confirmó el ministro en su visita a la isla el domingo 2 de octubre, donde además suscribió un acuerdo con la Aeronáutica Civil y la Gobernación de San Andrés para poder ampliar la infraestructura aeroportuaria del archipiélago.
Se trata de tres predios que comprenden 8.600 metros cuadrados que serán destinados para ampliar la capacidad de recepción de viajeros, aviones e infraestructura en general.
De acuerdo con el ministerio, la isla recibe al menos tres millones de turistas anualmente que requieren de una terminal aérea de calidad y que esté a la altura de los servicios y bienestar que ofrece San Andrés.
“Queremos un aeropuerto para el archipiélago que cuente con servicios aéreos de gran calidad, que esté a la altura de los mejores aeropuertos del mundo y traiga justicia social y económica a las islas, y que brinde, como hoy no ocurre, a los turistas nacionales e internacionales y a los raizales, condiciones dignas para los pasajeros. Las obras que se hagan en estos predios irán encaminadas a lograr ese objetivo”, dijo el exjefe de la cartera de transporte.