Un crudo diagnóstico alrededor de los programas de vivienda gratuita (PVG), que están dirigidos a los damnificados de desastres naturales, hizo este miércoles la Contraloría General, entidad que a través de la Diari (Dirección de Análisis y reacción inmediata), puso la lupa al tema y encontró que de 32 departamentos en los que se adelantan proyectos para darle un techo subsidiado a las familias vulnerables que tuvieron que ser reubicadas, 23 tienen alerta.
Entretanto, según expresó el contralor delegado para la vivienda, Javier Tomás Reyes, hay 230.000 millones de pesos en fiducias, mientras hay necesidades gigantes en términos de vivienda. Más aún en esta temporada de invierno, con colombianos habitando en zonas de alto riesgo o regresando al lugar del cual fueron sacados, y los proyectos quietos.
Justamente, en la ciudad de Pereira está ahora el caso de una tragedia anunciada desde hace varias décadas y que ahora cobra la vida de casi una veintena de ciudadanos, víctimas de un deslizamiento.
Todavía está en la memoria el caso de Mocoa, donde salió a relucir la expectativa que sigue alrededor de los proyectos de vivienda Sauces I y Sauces II en la capital de Putumayo, donde ocurrió un desastre natural la noche del 31 de marzo de 2017 y casi 5 años después aún las obras tienen pendientes para que la gente vuelva a tener un techo.
No hay plata perdida, pero...
Según el diagnóstico presentado por la Contraloría General hay 197 proyectos en seguimiento, entre estos, 53 han sido alertados por la Diari, los cuales involucran recursos por 455.000 millones de pesos.
Se trata de 6.964 viviendas y personas que aplicaron a subsidios, por lo que habría 21.000 beneficiarios afectados, lo que llevó a la entidad de control a preguntarse: ¿Qué pasó con los subsidios?
Si bien el director de Fonvivienda, Erles Edgardo Espinosa, enfatizó que de los recursos destinados para vivienda gratuita no hay un solo peso ‘envolatado’, sí es cierto que de nada sirve tener para hacer las inversiones si las construcciones quedan a medio camino o se terminan y después no hay servicios públicos para que las unidades habitacionales puedan ser ocupadas.
La directora de la Diari, María Fernanda Rangel, también subrayó que por no estar perdidos los recursos, los hallazgos que presenta la Contraloría son disciplinarios y administrativos (se trata de 28 hallazgos administrativos, 23 de ellos disciplinarios y uno fiscal, por más de $4.400 millones), de manera que se espera que se corrijan pronto los problemas que impiden darle la casa subsidiada a los damnificados.
De hecho, según resaltó el contralor delegado para la vivienda, el panorama es más preocupante en estos momentos de invierno, pues se ha evidenciado que las personas, en la espera de una casa, vuelven a los sitios de riesgo de donde fueron trasladados.