Por esta época del año hay escenas que se repiten irremediablemente: se encienden los alumbrados navideños, se hacen los preparativos para las fiestas decembrinas e inician las conversaciones para negociar el aumento del salario mínimo entre trabajadores, empresarios y Gobierno. El libreto de esa conversación parece ser siempre el mismo: los sindicatos piden la mayor alza posible, basados en las pérdidas de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores en años anteriores; los gremios que representan a los empleadores ofrecen el alza más baja posible, pues dicen no aguantar más aumentos en sus costos laborales y los representantes del Ejecutivo intentan mediar.
Todos tienen claro que deben llegar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que se instala este martes 28 de noviembre, con margen para negociar y que tienen hasta el 15 de diciembre para conseguir un acuerdo. Si no lo logran, máximo el 30 de diciembre el Gobierno deberá expedir el decreto que fija el salario mínimo.
Pese a que la puesta en escena de ese proceso probablemente será la misma, hay dos componentes que harán aún más álgida la negociación: el primero, los temores con respecto al impacto inflacionario de un alza elevada del salario mínimo en momentos en que Colombia, después de Argentina y Venezuela, es el país con mayor costo de vida en la región. Y el segundo está asociado con la posición ideológica del actual Gobierno, el cual, a diferencia de sus antecesores, se declara protrabajadores, mientras que considera a los anteriores proempresa.
Analistas y empresarios han advertido que el alza del salario mínimo para 2024 si bien será de dos dígitos, pues lo más probable es que este 2023 la inflación termine muy cercana al 10 por ciento, no debe subir en la misma proporción aplicada para este año (16 por ciento), por sus impactos en muchos otros precios.
Felipe Klein, economista de BNP Paribas Securities, cree que la subida de dos dígitos del salario mínimo es prácticamente un hecho, pero señala que dicho aumento podría tener un impacto de más de 1 punto porcentual en la inflación, principalmente de enero a mayo, basándose en un estudio publicado por el Banco de la República en 2022. “Esto plantea riesgos al alza para nuestra previsión de una inflación del 5 por ciento en Colombia a finales de 2024, teniendo en cuenta la elevada indexación del país”, indica y agrega que, si la inflación no cede al ritmo que se espera, es probable que el Banco de la República mantenga altas sus tasas de interés por más tiempo.
Igualmente, Iván Montoya, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, dice que el alza de dos dígitos en la remuneración mínima está prácticamente descontada, pero que al analizar las cifras del Dane estas parecieran indicar que cuando la inflación está baja los incrementos en el mínimo no suelen generar mayores presiones sobre los precios, pero que cuando está alta, como ocurre actualmente (10,48 por ciento anual a octubre), el salario mínimo influye mucho más en la canasta familiar. “Aunque el Gobierno ha venido desindexando algunos productos y servicios que se ajustan con el mínimo, es muy complejo garantizar que eso no va a ocurrir, en especial porque sectores claves como las microempresas sienten de inmediato el incremento del salario mínimo como un aumento de sus costos laborales y replican esa alza en los productos que venden”, aclara este académico y propone que si el alza va a ser de dos dígitos para corregir la pérdida de capacidad de compra de los colombianos, por esta vez no se tenga en cuenta la productividad –que es el otro indicador con el que se calcula el salario mínimo– en aras de aminorar la presión inflacionaria.
Incremento real
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se declaró optimista frente a esta negociación y dijo que en ella trabajarán con la estadística de la inflación a 30 de noviembre, pues la del año completo solo se conocerá en enero. Su meta es concertar un salario mínimo que permita conservar una situación como la de este 2023, cuando gracias al aumento del 16 por ciento “se ha logrado mantener un incremento real de más del 4 por ciento en los ingresos de los hogares, mientras que en 2022 esta cifra fue negativa y afectó el bolsillo de las y los colombianos”.
Fabio Arias, presidente de la CUT y miembro de la comisión de concertación, considera que la coyuntura actual de bajo o nulo crecimiento convierte al aumento del salario mínimo en una oportunidad de reactivación junto con la reducción de tasas de interés del Banco de la República. “El aumento debe ser significativo para que apalanque un mayor consumo de los trabajadores y así dinamizar la economía”, puntualiza y niega que ese ajuste salarial le pegue a la inflación. Su argumento es que este año, con un alza histórica del 16 por ciento, la inflación ha bajado tras alcanzar a estar por encima de 13 por ciento en marzo pasado. “A eso ayudó la resolución del Gobierno en la que desindexaron más de 200 ítems, pero también en la escalada alcista de este año lo que más ha afectado son los costos de servicios públicos, medicamentos y combustibles. Por eso consideramos que deberíamos tener una política para controlar los precios de esos tres ítems”, dijo el dirigente sindical.
Su colega Myriam Luz Triana, presidenta de la CGT, opina que debido a todas las variables que se deben incluir en esta negociación, a la cual su sindicato no fue invitado, el alza para 2024 debería ser de 13,5 por ciento. También comparte la idea de congelar algunos costos de la canasta familiar e insiste en que situaciones económicas como las actuales exigen ser estratégico con la cifra final que se acuerde. No en vano, más de 3,5 millones de colombianos devengan ese salario.
Los gremios
Sin tener aún una posición definida para el incremento del salario mínimo de 2024, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, hace un llamado especial a la prudencia. “Consideramos que en esta oportunidad las variables políticas no deben ser consideradas, puesto que estamos en un escenario donde todavía la inflación, así esté cediendo lentamente, no ha sido totalmente derrotada”, agrega.
Manifiesta que no se puede repetir lo ocurrido hace uno y dos años, cuando el incremento del mínimo fue muy superior a la inflación y a la productividad. “Como se dice, el palo no está para cucharas en este momento”. En su concepto, si hay un aumento de salario mínimo muy alto y prospera la reforma laboral, “nos estaríamos enfrentando a incrementos de costos laborales entre un 30 y 40 por ciento para 2024, lo cual, por supuesto, en un escenario de desaceleración de la economía y de contracción como en el que estamos, puede ser muy peligroso”, señala.
Y agrega: “Hay una presión para bajar las tasas de interés del Emisor, la cual no compartimos. Creemos que el Banco está haciendo su tarea, porque si a eso le sumamos alegremente un salario mínimo alto y una subida del Acpm, vamos a tener un 2024 inflacionario. Por eso la prudencia y la cautela son fundamentales”.
Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, explica que, a pesar del aumento en el número de ocupados en los últimos meses, la desaceleración, afianzada tras la caída del PIB de 0,3 por ciento en el tercer trimestre, amplía las posibilidades de que la productividad crezca muy poco o, incluso, sea negativa. “Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental evitar aumentos salariales que excedan las correcciones necesarias para preservar el poder adquisitivo. Esto permitirá a los empresarios recuperar sus inversiones. De lo contrario, podríamos enfrentar desafíos económicos adicionales, especialmente para las pequeñas empresas, que podrían tener dificultades para subsistir en un mercado muy competitivo”, señala la dirigente gremial.
Arrancará así una negociación que, aunque previsible, cada vez deberá tener más elementos en consideración y en la que las partes tendrán que ceder para lograr el punto medio que más le sirva al país.