La inteligencia artificial usada para evaluar 3 millones de registros en cuatro días, alrededor del caso de Hidroituango, permitió a la Contraloría General emitir el fallo de responsabilidad fiscal que recae sobre 26 personas, entre naturales y jurídicas, cuya decisión en segunda instancia está por salir a la luz pública. Sin embargo, en estos casos, en Colombia aplica lo que dice el adagio: ‘palo por que bogas, palo por que no bogas’.
Ahora, se presentan cuestionamientos al uso de la tecnología para el control fiscal, el cual también está utilizando herramientas poderosas y rápidas como la analítica de datos.
Por esa razón, la Auditoría General, entidad que vigila a la Contraloría General, se metió en el asunto y revisó la forma de aplicación de tecnología al proceso auditor del que derivaron los hallazgos fiscales investigados en el proceso de responsabilidad fiscal, dentro del cual se expidió el referido fallo.
Según concepto de la Auditoría General, se trata de un proceso confiable y verificable que, al contrario de lo que plantean los interrogantes que han surgido sobre su validez en una situación de investigación fiscal, son totalmente válidos. Es más, permiten lograr un insumo a partir de un proceso riguroso de automatización, que garantiza el debido proceso y será un instrumento clave que le permitirá mayor celeridad al proceso auditoria dentro del control fiscal.
“Revisado con el apoyo técnico, se expusieron y absolvieron las inquietudes respecto de la aplicación de inteligencia artificial y analítica de datos para el examen del riesgo como insumo técnico para la actuación especial de fiscalización adelantada por la Contraloría delegada para el sector de minas y energía de la Contraloría, al Municipio de Medellín en desarrollo del Plan de Vigilancia Fiscal de 2019″, indica.
Automatización, no satanización de la tecnología
Según estableció la Auditoría General, “a partir de un proceso riguroso de automatización, con un equipo de trabajo competente y calificado y tecnología de vanguardia en materia de inteligencia artificial y analítica de datos en control fiscal, la CGR logró con el cruce de distintas fuentes, encontrar patrones, parámetros, el reconocimiento óptico de caracteres, ordenar datos estructurados y no estructurados, y la identificación de documentos relevantes, entre otros, aportar como insumo al proceso auditor información confiable, cronológica y verificable”.
Tal incursión permitió saber que la información así obtenida constituye insumo sustentado y comprobable que, aunado a las pruebas de auditoría y a las recaudadas en el proceso de responsabilidad fiscal de que trata la Ley 610 de 2000, generan en cada una de las etapas del control fiscal conclusiones objetivas e independientes, ajustadas a la ley y con las garantías propias del debido proceso.
“Lo anterior se constituye en un caso de éxito que fija el horizonte al que apuntamos los demás órganos de control fiscal, como lo ha expresado la Señora Auditora General en distintos escenarios, orientando el control fiscal de cara al mundo digital, esto es adaptando las tecnologías a las necesidades del proceso auditor, núcleo de las funciones públicas de vigilancia y control fiscal”, agrega.