Con una billonaria suma invertida, de 11,4 billones de pesos en una década, la política de riesgo en Colombia no ha causado el impacto esperado. Pasaron diez años desde que la ola invernal de 2010 llevó al país a entrar en “Emergencia Económica, Social y Ecológica” y “situación de Desastre”, debido a los estragos que dejó el fenómeno climático de La Niña, causando fuertes deslizamientos, inundaciones y damnificados.
Fue entonces, cuando se creó el Fondo de Adaptación, para atender la emergencia, lo que posteriormente evolucionó hacia una Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), precisamente, para no tener que enfrentar los efectos de los desastres naturales, sino prevenirlos.
La Contraloría General puso el ojo en el tema, pues en la actualidad, hay varias regiones que enfrentan una nueva situación de emergencia invernal y hay muchos puntos críticos que han sido identificados desde hace varios años, que siguen ahí, causando miedo y preocupación.
De acuerdo con la investigación de la Contraloría General, entre 2012 y 2022, los recursos involucrados no han sido pocos (11,4 billones de pesos) y se han destinado a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Adaptación en obras y proyectos para la reducción del riesgo.
Rezago en obras que le aprobaron al Fondo de Adaptación
La Contraloría General estableció que 9,4 billones de pesos aprobados al Fondo Adaptación desde 2012 debían dar solución, a través de megaproyectos, en zonas como el Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce. No obstante, “ninguno de estos proyectos se ha concluido y se han presentado atrasos e incumplimientos reiterados”, estableció la entidad de control.
En consecuencia, seis sectores se han visto afectados, con los cuales, se ha pretendido aliviar el riesgo y beneficiar a la población damnificada por los desastres naturales. Ellos son: vivienda, educación, salud, acueducto, transportes y reactivación económica.
Según la Contraloría, hasta la fecha “no se ha terminado ninguno de los proyectos para la atención de necesidades de las comunidades afectadas”.
Bajo porcentaje de conclusiones
El segundo tramo evaluado por la Contraloría es el que va de 2019 a 2021, el cual le corresponde ya a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual ha comprometido recursos por 3,3 billones de pesos, representados en 255 proyectos, de los cuales 44 han sido terminados (el 17,2 %). Entre tanto, hay 80 obras en ejecución y 131 apenas en proceso de contratación.
Últimos 18 meses
Los colombianos han visto en los últimos meses la inclemencia del invierno y el impacto mayor es sobre las personas que viven en zonas de alto riesgo.
Si bien es cierto que muchas de ellas no aceptan trasladarse, por arraigo, a la tierra, no se puede desconocer que está latente la amenaza sobre vidas, bienes, medio ambiente y similares. Eso es precisamente lo que ha identificado la Contraloría en estos últimos 18 meses. En ese lapso, solo con destino a la atención de eventos, cuyo impacto en vidas, bienes, medio ambiente ha resultado altamente representativo, “se ha destinado una inversión que supera los 1,18 billones de pesos, tanto de recursos provenientes del orden nacional como del territorial”.
Sin embargo, la entidad de control mencionó casos para evidenciar el panorama que se vive actualmente en materia de gestión del riesgo, en un momento de nuevas amenazas invernales.
1. En Puerto Venecia – Municipio de Achí (Bolívar), se destaca un contrato para mitigar el riesgo y evitar las afectaciones por erosión que se viene presentando desde el año 2020 y que tenía como fin evitar las afectaciones de la siguiente ola invernal por 11.782 millones de pesos, cuyo valor inicial fue 6.886 millones de pesos y se adicionó en más del 50 % por 4.671 millones de pesos.
Se trata de una obra de emergencia que además de reportar una suspensión de 143 días, muestra un avance de apenas el 75 %, no se ha terminado y su costo ha sido del doble de lo proyectado.
2. La Fase 4 del proyecto de Protección de la orilla del Río Magdalena en Salamina (Magdalena), que buscaba mitigar el riesgo de inundación de las comunidades de Salamina y el Piñón, contaba inicialmente con recursos por 37.000 millones de pesos y se necesitó generar nuevos recursos por 29.760 millones de pesos con el fin de lograr una solución definitiva.
Sin embargo, los habitantes manifiestan que se ha incrementado el riesgo de inundación y se informó a la Contraloría que el pasado 10 de mayo se generó un colapsó del espolón del kilómetro 2,1 de la vía Salamina-El Piñón.
El llamado a hacer la tarea
En la misma situación hay otros proyectos, pero lo clave son las debilidades. Por ello, la Contraloría General hizo un llamado a las entidades involucradas, para que de manera articulada “propendan por la ejecución y cumplimiento de las acciones de prevención y mitigación del riesgo para las personas, las tierras y la infraestructura, las actividades económicas, así como el medio ambiente para las que fueron dispuestas”.