Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno nacional que tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en su formación técnica, tecnológica y/o profesional con la entrega de transferencias monetarias condicionadas con el propósito de mejorar sus capacidades y oportunidades de movilidad social y condiciones de bienestar, de acuerdo con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
De igual manera, se brindan procesos pedagógicos para promover y fortalecer sus habilidades para la vida con el fin de potenciar su proyecto de vida.
El pasado 20 de diciembre, el DPS informó sobre el inicio del sexto y último ciclo de pagos de programa Jóvenes en acción. En esa línea, destacó que más de 316.000 participantes que cumplieron requisitos, recibirán la transferencia.
“Para este ciclo, están habilitados 278.969 participantes que pertenecen a 78 instituciones de educación superior (IES), y que realizaron el proceso de verificación, y 37.186 estudiantes de programas técnicos y tecnológicos del SENA, que cumplieron verificación entre agosto y septiembre”, precisó la entidad.
Para verificar si están habilitados para recibir el subsidio, los participantes pueden acceder directamente a la página web del DPS https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co. El proceso es gratuito y puede ejecutarse sin necesidad de intermediarios.
A través de sus canales digitales, el DPS también resaltó que más de 88.000 jóvenes respondieron en 2023 a la convocatoria para ser parte del programa Jóvenes en acción. “Ellos también harán parte en 2024 de Renta Joven, la evolución del programa que incluirá nuevas estrategias, como servicios complementarios a la entrega de la transferencia monetaria”, agregó.
De los nuevos participantes, 61.285 recibirán el primer incentivo en esta jornada de pagos (55.226 de IES y 6.059 del SENA), mientras que los 27.68 restantes lo recibirán a partir del 2024.
Estas son las personas que no necesitan Sisbén para recibir subsidios en 2024
El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite establecer una clasificación para la población de escasos recursos o que se encuentra en estado de vulnerabilidad en el país.
Dicha categorización permite que la población en pobreza extrema o moderada pueda ser focalizada correctamente y así los diferentes programas gubernamentales se puedan asignar a quien realmente los necesita.
De acuerdo con la legislación actual, quienes no deben contar con este registro para acceder a los beneficios son niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos, además de menores desvinculados del conflicto armado, población infantil vulnerable y que se encuentre bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
También se incluyen las comunidades indígenas, la población desmovilizada, los adultos mayores de escasos recursos, además de personas dentro del programa de protección a testigos y víctimas del conflicto armado.
La excepción también cobija a la población habitante de calle, madres comunitarias, población migrante que ha sido repatriada, migrantes venezolanos, voluntarios de la Defensa Civil, Cruz Roja o Cuerpo de Bomberos.