La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la misma que el presidente Gustavo Petro aseguró que va a intervenir, está próxima a expedir las primeras medidas que ayudarán a que los tarifas de energía eléctrica comiencen a bajar en el país, con el fin de dar un alivio a los bolsillos de los colombianos.
Y es que en los últimos 12 meses los precios de la electricidad se han incrementado 25,9 % en el país, siendo los habitantes de los departamentos de la Costa Caribe los más afectados. Por ejemplo, en Santa Marta han subido 49,9 %, mientras que en Riohacha, el alza ha sido del 47,1 %.
La primera medida que está tomando la Creg para contrarrestar estas alzas tiene que ver con el Índice de Precios al Productor (IPP), que se emplea para actualizar aproximadamente el 85 % de la tarifa del servicio, pues ha tenido un comportamiento atípico, incrementándose en un 40 % en los últimos 3 años y 22 % en los últimos 12 meses.
Para moderar el efecto indeseado que ha tenido el crecimiento imprevisto del IPP en las tarifas se eliminará el incremento mínimo previsto en la opción tarifaria para habilitar a los agentes que estén aplicándola a determinar el porcentaje de incremento que aplican mes a mes, condicionando que si el incremento es negativo el costo de financiación esté a cargo del agente.
Además, la Creg aseguró que encuentra necesario adoptar medidas transitorias para viabilizar la aplicación de un indexador diferente para la actualización de los cargos de transmisión y distribución, que pesan 6 % y 33 %, respectivamente, en el costo final de la tarifa de energía.
Otra medida que adoptará la Creg tiene que ver con ajustar, transitoriamente, las condiciones de pago de los comercializadores de las obligaciones liquidadas por transacciones del mercado, cargos por uso de redes y facilitar el ajuste de mutuo acuerdo de los plazos para el pago de los contratos de energía.
De esta manera se busca facilitar a los comercializadores que atienden demanda regulada (usuarios residenciales y pequeños negocios) el cumplimiento de sus obligaciones, de tal forma que se proteja la estabilidad del esquema de prestación del servicio y se pueda garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica.
Por lo tanto, se podrá diferir hasta un valor máximo del 20 % de las obligaciones de pago facturadas por transacciones realizadas en el Mercado de Energía Mayorista y por el uso de las redes. Los montos diferidos, incluyendo los intereses, se deberán pagar en 18 meses, contados a partir de enero de 2023.
De acuerdo con la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, con las medidas que se están tomando, la disminución en el precio de la energía se comenzaría a ver en las facturas a partir de finales de octubre o comienzos del mes de noviembre, todo dependerá de los ciclos de facturación de cada usuario.
Vale la pena destacar que en 2020 el valor de la energía se incrementó 7,8 % respecto al 2019. Luego, para el 2021 el alza fue de 13,9 % y, en lo que va de este año, el aumento ha sido ya del 14,6 %. De seguir así, en el 2022 el costo del kilovatio hora podría llegar a los 1.000 pesos, teniendo el doble del incremento porcentual del año anterior.
Por su parte, Isagén también anunció “un esquema de alivios” para sus clientes que atienden esta región (Afinia y Air-e), los cuales deben traducirse en una mitigación del impacto que ha significado el alza de tarifas. Además, el Grupo EPM tomó la iniciativa de explorar de manera voluntaria el precio base de los contratos de energía y revisará el indexador para que no siga creciendo al ritmo que lo venía haciendo.