Para un colombiano promedio, el costo de terminar una formación profesional puede sumar una cifra similar a del precio de un apartamento de estrato 6 en Bogotá. Para el Gobierno, financiar la educación pública demanda una inversión de 49 billones de pesos, según la asignación que tiene el sector en 2022.
En el país, la mayoría de niños y jóvenes acceden a la educación pública hasta la secundaria, y muchos llegan hasta allí, según lo sucedido en 2021, año en el que menos del 40 % de los graduados de educación media lograron entrar a la educación superior de forma inmediata. De ese porcentaje, solo el 39 % entró a una institución de educación superior con acreditación de alta calidad.
La incapacidad económica que están teniendo los hogares para cubrir los gastos de la familia los lleva a sacrificar lo que estiman menos prioritario y allí puede entrar la formación de los hijos. No en vano, en los últimos tiempos se ha registrado con mayor frecuencia el cierre de colegios privados. Las razones principales de esta situación son: el aumento de la deserción escolar, lo que lleva a las instituciones educativas al colapso financiero. Pero también porque hay un número cada vez más grande de niños ingresando a la educación oficial.
“Los estratos dos y tres de Bogotá tienen que entrar en un proceso de recuperación económica, que es gradual y toma mucho tiempo. Por esa razón, no pueden pagar en los colegios privados que tienes costosas pensiones”, explicó Édgar Riveros, rector de un colegio distrital al sur de Bogotá.
Según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá, al término de la vigencia de 2019 e inicio de 2020, 19.120 niños, niñas y jóvenes hicieron el tránsito de colegios privados a públicos. Sin embargo, desde la entidad se destaca que después del inicio de la pandemia esta cifra se acentuó más debido a la emergencia sanitaria, pues cerca de 4.371 estudiantes hicieron este cambio entre marzo y septiembre de 2020.
Aunque esa tendencia se hizo visible en la pandemia, la crisis de la educación superior viene en aumento desde tiempo atrás. A partir de 2016, el número de estudiantes que ingresaban a las universidades del país empezó a reducirse notoriamente y los costos educativos tienen todo que ver.
“Evidenciamos que la matrícula en universidades privadas, en programas de pregrado, cayó 23 % en el segundo semestre de 2020 con respecto al mismo semestre de 2019, frente a 5,1 % en el sector oficial”, dijo a la prensa Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.
El sector público parece estar ganando terreno y se ha vuelto más atractivo para padres y estudiantes, no solo por sus bajos costos, sino por programas educativos que implementa cada gobierno, como el plan de Ser Pilo Paga y el sucesor Generación E, que otorgaron créditos condonables a jóvenes de escasos recursos para que pudieran costear la matrícula completa de sus estudios universitarios. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el plan estratégico para la educación del gobierno Petro.
Los planes educativos gubernamentales se han convertido en impulsores del acceso a la educación superior, y de paso, para que las universidades privadas garanticen un mínimo de ingresos que les permita seguir operando. Sin embargo, cada vez son más las demandas sociales que exigen la gratuidad en la educación superior pública, algo que es posible para estudiantes que vivan en estratos 1, 2 y 3.
A pesar de estos esfuerzos, la desigualdad en el acceso a la educación superior es evidente. De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, “en el país existen diferencias importantes de región y de sector. Por un lado, el porcentaje de acceso inmediato de los departamentos oscila entre 17 y 50 %. De otra parte, los estudiantes graduados de colegios privados presentan una tasa de tránsito inmediato de 20 puntos porcentuales por encima de los oficiales (47,7 % en las instituciones educativas no oficiales y el 27,7 % oficiales)”.
La legislación actual indica que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es la medida que utilizan las universidades para fijar sus incrementos anuales de matrícula. En este caso, el aumento rondaría el 10 %, pero las instituciones aplican sus propios incrementos, pues compiten para traer estudiantes, con los costos para cada estudiante.
Muchos son subsidiados
En un reciente conversatorio en Bogotá, el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, afirmó que “dos tercios de nuestros estudiantes tienen algún tipo de apoyo, no solo del Gobierno, sino de empresas o de la misma universidad”. El resto, en general, deben acudir a créditos, por lo que la subida en las tasas de interés en el sector financiero, debido a la aplicación de una política monetaria del Banco de la República para contener la inflación, también contribuye a dificultar el acceso a la educación superior.
En la medida en que hay menos estudiantes, también se reducen los ingresos de los establecimientos educativos, lo que afecta la sostenibilidad financiera de las instituciones que, muchas veces, terminan incrementando los costos a los padres de familia, que, en general, son los que asumen la educación de los hijos.
Algunos costos
La diferencia entre las matrículas de una universidad pública y una privada pueden llegar a ser abismales. En el caso de las instituciones públicas, el costo es variable, pues la manera en la que se mide el valor de la matrícula de cada estudiante depende siempre de factores como el estrato de la vivienda en la que vive, los ingresos mensuales de su familia, entre otras cosas, por lo que el precio puede estar entre 30.000 y 8.000.000 de pesos.
Caso muy diferente al de los estudiantes que aspiran a instituciones privadas, en donde los valores de matrícula son fijos y normalmente superiores. Por ejemplo, un semestre en la Universidad de los Andes, una de las más costosas del país, tiene un valor promedio de 19 millones de pesos. Todo depende de la carrera profesional que vaya a cursar el estudiante, pues, en el caso de Medicina, los valores pueden ser hasta del doble del promedio.
Si con base en el costo semestral de una carrera universitaria se estima el valor promedio de toda la formación, que es de cuatro a seis años (par medicina, por ejemplo), la cifra puede llegar a igualar lo que vale un apartamento -y de los pequeños- en un estrato 6 en Bogotá.
Por esa razón, hay expectativa en el país frente a las medidas que se apliquen en el actual gobierno, que está empeñado en hacer grandes cambios, principalmente en la educación, que es la base para la vida laboral y, según ha expresado el presidente Gustavo Petro, “es el trabajo la fuente de toda riqueza”.