Siguen los ecos a la propuesta del presidente Gustavo Petro de no mantener la regla fiscal, tras conocerse el mal resultado del crecimiento de la economía en el tercer trimestre de este año, que fue de -0,3 %.
La cifra encendió las alarmas de una posible recesión en el país; es decir, dos trimestres seguidos con datos en rojo. Aunque hubo una explicación técnica por ajustes a la baja del Dane en los crecimientos de julio y agosto que arrastró la cifra trimestral más allá de la frontera negativa, lo que sí queda claro es que corresponde a la más mala en lo que va de este siglo, sin contar la profunda crisis de la pandemia.
Para encontrar un crecimiento negativo en un trimestre, con esa salvedad, hay que remontarse al siglo pasado en 1998 y 1999, cuando fue de -0,8 y -2,9 por ciento, respectivamente, en la crisis de finales de siglo.
El jefe de Estado se pronunció y planteó sus propuestas. “También el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica y por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. Esa es una discusión que tampoco la resuelve el Gobierno, la resuelve el Congreso de la República, pero lo invito a debatirla”, señaló el presidente Petro en un evento en la Policía tras conocerse el dato de crecimiento.
El cumplimiento de la regla fiscal no es solo una cuestión práctica para controlar y limitar el déficit fiscal y la deuda pública. Es una muestra de responsabilidad y buen manejo de las finanzas públicas, al punto que es uno de los indicadores que evalúan constantemente las calificadoras de riesgo y los inversionistas locales e internacionales.
Expertos, analistas, exministros han salido al corte a la propuesta de modificar la regla fiscal por los inconvenientes que puede generar al costo del capital. Por ejemplo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que sería “pegarse un tiro en el pie”. Y agregó: “Lo que se requiere en este momento es la tranquilidad, la certidumbre y medidas que busquen reducir el costo de uso del capital. Es que buena parte de lo que está pasando tiene que ver con que el costo de uso del capital en Colombia ha subido sustancialmente por varias razones, por el riesgo fiscal, por el aumento de la tributación que viene de las últimas dos reformas y en ese contexto lo que necesita buscar el Gobierno, es reducir ese costo de uso del capital. Y este tipo de anuncios hacen exactamente lo contrario, generan ruido, generan incertidumbre y aumentan las tasas de interés para el Gobierno nacional y para todos los agentes de la economía”.
Ahora el turno fue para el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), centro de pensamiento que en su Observatorio Económico publicó un documento en el que advierten los inconvenientes de modificar o no mantener la regla fiscal.
Asegura en su análisis que el Congreso de la República deberá garantizar el respeto a la regla fiscal, en particular ante futuros proyectos de ley presentados por el gobierno nacional con los que pretenda modificarla. Y agrega que el debate político requerirá de criterios técnicos y deberá tener en cuenta los impactos negativos que una medida de esta naturaleza podría generar en el crecimiento económico y la superación de la pobreza.
“Los gastos de los gobiernos deben tener un límite porque se financian con el dinero de los contribuyentes y porque la irresponsabilidad fiscal es duramente castigada por los inversores internacionales. En la medida en que el gobierno necesite un mayor recaudo para financiar su operación, los contribuyentes perderán la capacidad de administrar sus propios ingresos y su elección individual será sustituida por la toma de decisiones gubernamentales, reduciéndose su libertad económica y con ella la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales de producción y consumo”, señala un informe del Observatorio Económico del instituto.
De acuerdo con el ICP, es claro que, “los mercados financieros internacionales ven con preocupación el incumplimiento de la regla fiscal porque más gasto público requiere de un mayor recaudo para financiarlo, a través de más impuestos, lo que genera desincentivos al emprendimiento y al crecimiento empresarial, además conlleva menor consumo y ahorro, por lo tanto, menos mercado. Esto impide el crecimiento económico, aumenta la pobreza y restringe las libertades económicas, limitando las posibilidades de ampliar la cobertura de la prosperidad incluyente”, explica el informe.
Para el instituto, corresponde al gobierno nacional mantener los parámetros que actualmente rigen la regla fiscal y debe considerar y medir las implicaciones de abrir un debate sobre su modificación. “Proponer la flexibilización de la regla fiscal genera riesgos, porque resulta en un aumento constante de la prima de riesgo y de las tasas de interés a las que el Gobierno accede para obtener préstamos, aumentando el costo de financiación de sus programas y dificultando la capacidad que tiene para responder eficazmente a situaciones de crisis. En este contexto, las perspectivas macroeconómicas se deterioran.
El escenario es aún más indeseable ante una baja tasa de crecimiento económico y un gasto público en ascenso, orientando a subsidiar actividades que no generan bienes y servicios adicionales (subsidio a la gasolina y programa “Jóvenes en Paz”, entre otros), y que serían por lo mismo causantes de inflación, en lugar de contribuir a inversiones que permitan reactivar la economía y a mantener niveles adecuados de recaudo impositivo que atiendan el gasto ordinario y el servicio de la deuda.
“Corresponde al gobierno nacional mantener los parámetros que actualmente rigen la regla fiscal y considerar las implicaciones de abrir un debate sobre su modificación. Proponer la flexibilización de la regla fiscal genera riesgos, porque resulta en un aumento constante de la prima de riesgo y de las tasas de interés a las que el gobierno accede para obtener préstamos, aumentando el costo de financiación de sus programas y dificultando la capacidad que tiene para responder eficazmente a situaciones de crisis. En este contexto, las perspectivas macroeconómicas se deterioran”, asegura el ICP en su análisis.
El anuncio del presidente Petro se suma a la deficiente estructura del código tributario del país que impacta negativamente su desempeño económico, desincentivando la inversión, el ahorro y el crecimiento empresarial, que dificulta además el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
Esta situación se vio planteada en dos escenarios. El primero fue el Índice de Competitividad Fiscal 2023, que anualmente publica la Tax Foundation, en el que Colombia ocupó la posición 38 entre los 38 países de la OCDE, con un puntaje de 46,4 sobre 100; quedando en último lugar en el Índice.
En un pronunciamiento del ICP, aliado de Tax Foundation, desde 2014 Colombia ha descendido 14 posiciones en el ranking, pasando de la posición 24 a la 38. Esta situación, de acuerdo con Cristina Enache, representante de la Tax Foundation, se explica por tres factores: primero, una base del impuesto al consumo (IVA) muy reducida, que cubre menos del 40% del consumo, siendo la más reducida de toda la comunidad de la Ocde.
Segundo, el aumento del impuesto sobre sociedades hasta el 35%, el más elevado del grupo, superando su promedio de 23,6 %; y el tercero, la introducción de impuestos, como el impuesto sobre el capital o el impuesto sobre el patrimonio.
Colombia tiene una puntuación baja en casi todos los componentes del Índice. Dentro de las categorías, el peor desempeño se dio en la de impuestos corporativos, ocupando la posición, 38/38. Según cifras de la Dian entre septiembre y octubre de 2023, cerca del 54 % del recaudo en Colombia correspondió al impuesto sobre la renta, y de este porcentaje, el 85 % provino de personas jurídicas. En contraste, en 2020, el recaudo por impuesto a la renta en los países de la OCDE representó el 33 % del total, y solo el 27 % de este, correspondió a los impuestos pagados por personas jurídicas.
Y el segundo, el Índice de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad, en el que se señala que, en materia de impuestos, Colombia ocupa el puesto 67 entre 69 países en el índice de complejidad tributaria. En Colombia, los ingresos tributarios por impuestos a la propiedad representaron el 8,7 % del total de los ingresos en 2021, mientras que, en los países miembros de la Ocde, esta proporción no fue superior al 1 %.