La discusión sobre la ley de financiamiento o segunda reforma tributaria del Gobierno Petro ha tomado relevancia, especialmente después de que el Congreso no alcanzara el quórum para aprobar el Presupuesto General de la Nación. Esta iniciativa, que pretende recaudar 12 billones de pesos, ha generado gran preocupación en el sector empresarial, que advierte sobre los impactos negativos que tendría en la economía, con efectos directos en la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas, especialmente en las pymes.
La reforma, propuesta por el Gobierno, incrementaría la carga fiscal de las empresas en un 15 % y ocasionaría el cierre de entre el 15% y 30% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, estima Pedro Sarmiento, socio director de impuestos y servicios legales de la firma Crowe Co.
Atribuye esas proyecciones al hecho de que la reforma propone varias medidas que disminuyen la rentabilidad de las empresas. Como primer aspecto crítico, señala la implementación de la tasa mínima del 20% sobre la utilidad depurada, que neutraliza los beneficios de una posible disminución de la tasa de impuestos o renta.
“Este es un punto fundamental para observar”, menciona Sarmiento, ya que muchas pymes operan con márgenes de ingresos netos muy pequeños. Esto limitaría su capacidad para reinvertir y, con la nueva normativa, los flujos de caja se verían aún más reducidos.
En ese orden de ideas, otro factor clave es la baja en reinversión, pues al disminuir las utilidades, las pymes tendrán menos capacidad de redireccionar capital en su propio crecimiento, lo que no solo afectará su rentabilidad, sino que también desincentivaría a posibles inversionistas.
Sobre esto, Sarmiento explica que muchas pequeñas empresas dependen de las reinversiones de sus propios socios o de capital privado para mantenerse a flote, una dinámica que se vería en parte interrumpida ante el panorama que plantea la reforma.
Otro aspecto que el experto destaca es el impacto negativo que tendría la eliminación del régimen simple en las pymes, el cual consiste en un sistema que les facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera sencilla y a menores costos. Según Sarmiento, la desaparición de este esquema aumentaría la carga fiscal y operativa para las pymes, exponiéndolas a un mayor riesgo de inestabilidad financiera. Además, esto podría desincentivar la formalización de nuevas empresas.
Con ese escenario, las pymes tendrían que realizar inversiones importantes para cumplir con sus obligaciones contables y tributarias, algo que también le jugaría en contra al crecimiento de este sector. Sarmiento asegura que, sin estos beneficios fiscales, las pymes estarán en desventaja para competir e invertir en tecnologías o modernización de procesos productivos, elementos claves para mantenerse competitivas.
Los cambios estructurales en la tributación empresarial
Además de los puntos expuestos por Sarmiento, la reforma también plantea la creación de un impuesto a los activos que no generen ingresos permanentes, como terrenos o maquinaria sin uso. Este nuevo tributo impactaría especialmente a sectores como la construcción, el inmobiliario y la manufactura, donde la posesión de estos activos es común. “Las empresas con activos no productivos deberán enfrentar un nuevo tributo, lo que incrementará sus costos y pondrá en riesgo su operación a mediano y largo plazo”, señaló.
Impacto en costos operativos y empleo
La Ley de Financiamiento también afectaría la competitividad del país al incrementar la tasa de renta para las personas naturales con mayores ingresos. Según el análisis de Crowe Co, esto desincentivará la atracción y retención de talento, sobre todo en organizaciones multinacionales. “Las cargas tributarias más altas para personas con altos ingresos restan competitividad a Colombia frente a otros países de la región con sistemas tributarios más favorables”, concluyó el experto.
Este aumento en los impuestos a las empresas y a los altos ejecutivos no solo incrementará los costos operativos de las organizaciones hasta un 20 %, sino que también se estima que la generación de nuevos puestos de trabajo se reduzcan entre un 5 y 10 %, particularmente en las pequeñas y medianas empresas, que tendrán menos recursos para ampliar sus nóminas y seguir operando formalmente.
Además de los costos internos, en paralelo, la reforma incluso podría alcanzar un impacto directo en los consumidores. Las empresas, en especial aquellas del sector minorista, podrían trasladar estos sobrecostos a sus clientes, incrementando los precios de productos y servicios. Los alimentos básicos podrían subir entre 5% y 10 %, mientras que los servicios tecnológicos aumentarían entre un 10 y 15 %. Esto afectaría el poder adquisitivo de los consumidores y, a largo plazo, perjudicaría las ventas de las empresas que dependen del consumo masivo.
La ley de financiamiento plantea un reto significativo para el sector empresarial colombiano. En un contexto de desaceleración económica y alta inflación, podría agravar los problemas que ya enfrentan las empresas, especialmente las pymes, que son uno de los grandes motores de la economía nacional. Aunque el Gobierno busca recaudar 12 billones de pesos para equilibrar las finanzas públicas, las consecuencias sobre la sostenibilidad empresarial y la generación de empleo no se harían esperar y podrían poner en riesgo el crecimiento y la estabilidad económica del país.