El informe de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), además de revelar el panorama que afrontaría Colombia si se frena toda actividad de exploración y producción, también entrega un balance de los recursos que seguiría recibiendo el país si el próximo presidente que reemplazará a Iván Duque continúa con apoyando e impulsando el sector.
La ACP calcula que apostarle al sector de hidrocarburos permitiría mantener la producción actual y el autoabastecimiento energético de petróleo y gas, por lo menos, una década más. Además, como plus, Colombia podría seguir exportando petróleo, lo que representaría ingresos de US$ 46.500 millones en cuatro años, que contribuyen a la estabilidad macroeconómica del país.
Así mismo, incentivaría $84 billones en inversiones del sector durante el próximo Gobierno o generaría ingresos a la Nación por $105 billones, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, reactivación económica, diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país.
En cuanto a las regalías que reciben los departamentos y municipios del país por la producción de hidrocarburos, estas sumarían unos $38 billones durante los próximos cuatro años, recursos que contribuirían a mejorar la calidad de vida de todas las regiones del país, especialmente aquellas con mayores necesidades básicas insatisfechas.
Igualmente, el sector apalancaría la contratación de bienes y servicios por $109 billones entre 2022 y 2026 y mantendría al menos 95.000 empleos que genera el sector en las regiones productores de Colombia. También podría impulsar inversiones socioambientales en las regiones por al menos $1,7 billones en este mismo periodo de tiempo.
La ACP también destacó que contar con petróleo y gas producido en Colombia, mitiga el costo de algunos servicios esenciales para las familias colombianas como la energía eléctrica, el gas natural, la gasolina y el diésel, y por tanto, también el costo de vida. Esta situación cambiaría si el país requiere importar hidrocarburos, ya que aumentaría el precio de los combustibles y el del gas natural podría llegar a ser cinco veces más caro.
La ACP, asimismo, propuso una hoja de ruta de seis puntos con estrategias y medidas concretas de política pública y regulación para seguir impulsando el desarrollo de la actividad de hidrocarburos en Colombia. Los principales puntos de esta hoja de ruta son:
- Reactivar la exploración y producción para incorporar nuevas reservas de petróleo y gas en yacimientos convencionales: reducción de las tarifas reguladas de oleoductos, estabilidad en la interpretación de las normas tributarias, revisión de la regulación de asignación y administración de áreas E&P (exploración y producción), impulso al recobro mejorado en campos maduros, reglamentación de la consulta previa, entre otras gestiones.
- Ampliar opciones de incorporación de reservas al incluir el desarrollo de yacimientos no convencionales y en costa afuera: completar la regulación de la producción y comercialización de gas costa afuera y avanzar en la etapa comercial de los pilotos de fracking.
- Extender las actividades de exploración y producción hacia nuevas fronteras en los territorios: ordenamiento socioambiental y económico de cuencas sedimentarias, y avanzar en la ley coordinación y concurrencia.
- Impulsar medidas de eficiencia en los trámites ambientales: mejorar los instrumentos de evaluación, seguimiento y control, eliminar trámites innecesarios, y contar con líneas base regionales, entre otros.
- Fortalecer el relacionamiento territorial: trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, las entidades regionales y la industria; contar con mecanismos claros de participación ciudadana, diálogo social y protesta social pacífica; fortalecer los mecanismos de financiación conjunta de proyectos (obras por impuestos y obras por regalías).
- Asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos y gas bajo esfuerzos coordinados entre el Gobierno y la industria: desmontar gradualmente los subsidios a la gasolina, implementar almacenamientos estratégicos e importaciones por parte de terceros, estabilizar las mezclas de biocombustibles, revisar la regulación de las tarifas de gasoductos, la comercialización y la competencia en igualdad de condiciones del gas nacional versus el gas importado.