El uso de los bienes que las autoridades incautan al narcotráfico siguen estando en la mira del Gobierno, y este viernes, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aprovechó el espacio que tuvo en la Asamblea Nacional de Economía Popular, para hacer una petición puntual al director de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), Daniel Rojas.
Ramírez solicitó priorizar la entrega de bienes que están bajo su custodia a organizaciones cooperativas y comunitarias, de manera que lo que fue de uso suntuoso, ahora tenga una utilización más productiva.
La ministra puso como ejemplo con las lanchas en fibra de vidrio y con motor a bordo, las cuales tendrían un impacto en la productividad de los pescadores de La Guajira. Algunas de ellas serían vehículos acuáticos deportivos que fueron adquiridos por los narcos para fines recreativos y luego terminaron incautadas.
SEMANA consultó en la SAE, acerca de cuántas lanchas existen en los registros de incautación. En el Sistema aparecen 96 lanchas, aunque, dentro de la clasificación, no se determina si tienen motor a bordo o afuera.
Al decir de la funcionaria, en la zona en la que habitan los Wayúu, los pescadores requieren traslados de 9 horas para ir a los sitios de pesca en la que tratan de conseguir el sustento para sus familias. El desplazamiento lo deben hacer en balsas y canoas de madera, por lo cual, ve la oportunidad para ellos en este tipo de bienes incautados al narcotráfico, pues a menor tiempo invertido en el transporte, mayor será el tiempo destinado a la actividad de la pesca y, en consecuencia, más grande será el retorno económico por la misma. En promedio, una de esas lanchas tiene un costo de 150 millones de pesos, según registran algunas páginas de venta.
La economía popular manda la parada
Según reiteró la ministra en el evento, lo que buscan es impulsar la economía popular y comunitaria, de manera que sea el motor de la reindustrialización en Colombia.
“Esta es la ruta, a través de la industrialización del desarrollo del campo y del reconocimiento de esta economía popular, solidaria y comunitaria, que va a dinamizar a través del Presupuesto General de la Nación, para que estas personas puedan asociarse y avanzar y en la reforma laboral, hemos puesto unos ejes claros que son la centralidad de la estabilidad laboral para que Colombia sea un país de derechos”, puntualizó Ramírez.
No es la primera vez
La petición hecha por la ministra de Trabajo al director de la SAE sería parte de una estrategia que ya viene en marcha. En abril de este año, el presidente Gustavo Petro entregó declaraciones, según las cuales, “en tres meses ya no debería haber más bienes de la SAE que no estén en manos de los campesinos”. Se refirió al hecho en el contexto de una reforma agraria y dijo que serían cerca de 22 billones de pesos que pasarán a la “economía popular”.
En agosto del año pasado, se produjo una entrega de terreno en custodia de la SAE, en Villavicencio, de 12.000 metros cuadrados. El beneficio era para las familias damnificadas por el invierno.
No obstante, esa política de entrega de bienes incautados no ha sido ajena a las críticas, puesto que muchos ven que para la productividad se necesita mucho más que la tierra.