Varias reacciones causó este sábado, 2 de septiembre, la polémica propuesta que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, que plantea la posibilidad de financiar el transporte público masivo a través de una pequeña cuota en la factura de la luz, lo que permitiría acceder a este de manera gratuita.
“Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, escribió Petro este sábado en su cuenta de X.
De ahí que empezaron a escucharse voces a favor y en contra de la propuesta, que ha sido considerada, mayoritariamente, como algo inviable para una ciudad como Bogotá, donde el costo del sistema implicaría aumentar costos muy altos en las facturas de los capitalinos.
El exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, considera que el costo de las facturas tendría “aumentos muy importantes”. “Hagan números, no me extrañaría nada que esto le cueste más de 2 millones por facturas al año, si quiere que el sistema no sea deficitario”.
Además, el economista, quien lidera actualmente el Grupo de Energía de Bogotá, resalta que el costo del sistema supera los 5,5 billones de pesos al año y que Bogotá debe tener cerca de 2,4 millones de predios, lo que da 2,3 millones más en la cuenta al año por hogar, lo que representa casi 400.000 por cuenta.
En esa explicación, Ortega señala que dentro de ese panorama quedaría en el limbo el municipio de Soacha, Cundinamarca, por lo que considera la propuesta como “detallito de la improvisación”. Sin embargo, resalta que en varias partes han tomado esa decisión, “que sin duda puede ser razonable, si el sistema tiene capacidad y puede sustituir vehículos”.
Agregó que “ahí la clave es el fondeo. Pero aquí toca levantarse 5 billones en un sistema que ya tiene problemas de sobre demanda”. Además, criticó el tema de tener “más impuestos”.
En la misma línea se pronunció el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien lanzó más una crítica frente a la propuesta del mandatario colombiano: “Con la tarifa del agua podíamos pagar la carne y los productos de aseo. Serían gratis para todos. Así sucesivamente”, escribió el exfuncionario.
La respuesta de Echeverry también causó una respuesta de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien le escribió a Echeverry que “debería adentrarse un poco en los debates contemporáneos urbanos”.
En qué consiste la propuesta de Petro
Bajo esta idea, según lo dicho por el jefe de Estado, cada mes los usuarios pagarían una pequeña tarifa en su factura de electricidad, lo que les otorgaría el derecho de utilizar el transporte público de manera ilimitada. Esta idea ha sido recibida con opiniones divididas, ya que plantea un enfoque radicalmente diferente para financiar y gestionar el transporte público en las ciudades del país.
“Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, dijo inicialmente el presidente Petro.
En principio, esta iniciativa se presenta como una forma de lograr un transporte público accesible para todos los ciudadanos, eliminando la barrera económica que representa el costo de los pasajes. Sin embargo, su implementación plantea una serie de cuestionamientos y desafíos significativos.
“Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor, no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, agrega el trino.
Uno de los principales argumentos a favor de esta propuesta es que podría eliminar la evasión en el sistema de transporte público. Al vincular el costo del transporte a la factura de electricidad, se reduciría la posibilidad de que los usuarios eludan el pago de los pasajes. Esto podría traducirse en un aumento de los ingresos para el sistema de transporte público, lo que a su vez podría contribuir a su mejora y expansión.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de establecer subsidios para los estratos socioeconómicos más bajos, lo que garantizaría que aquellos con menos recursos puedan acceder al transporte público de manera equitativa. Esto podría abordar una de las preocupaciones fundamentales relacionadas con la equidad en el acceso al transporte.
Sin embargo, esta iniciativa también plantea una serie de desafíos y preguntas sin respuesta. En primer lugar, la viabilidad económica de este enfoque es motivo de interrogantes. ¿Sería posible financiar de manera efectiva el sistema de transporte público a través de una tarifa en la factura de la luz? ¿Cómo se distribuirían los costos entre los diferentes estratos sociales?
Además, la implementación de esta propuesta requeriría una transformación significativa en la infraestructura y la tecnología utilizada en el sistema de transporte público. La eliminación de los controles de tarjetas y la transición a un modelo basado en la facturación eléctrica sería un proceso complejo que requeriría una inversión considerable.
La reacción de los ciudadanos ante esta propuesta también es una incógnita. Si bien para algunos podría representar una solución asequible y conveniente para acceder al transporte público, otros podrían preocuparse por la posibilidad de un aumento en sus facturas de electricidad o por la equidad en la distribución de los costos.
“En algunos países el subsidio de transporte pagado a los trabajadores puede ser directamente en tarjeta de pasajes o su lanzada idea de financiación directa sin validación de tarjeta. No es idea mía, han expuesto que así pagan el subsidio de transporte complementario de sueldo”, contestó la senadora Angélica Lozano a esta propuesta.
No obstante, también hay ciudadanos que se oponen y sostienen: “las personas que se movilizan en carro, moto, trabajan desde casa… pagándole el pasaje de bus a los que toda la vida se han colado, han dañado buses, han robado y bloqueado vías. ¿Qué podría salir mal?”.
Ahora habrá que esperar qué tanto escala este comentario y cuáles podrían ser las reacciones de los diferentes sectores que se desarrollan en la industria automotriz y de transporte público, quienes son los que en últimas sabrían si este tipo de modelos son o no sostenibles en un escenario como el de Colombia.