La preocupación por la crítica situación que amenaza la autosuficiencia energética del país llegó a los tribunales. Hace unos meses, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular ante el inminente riesgo de pérdida de la seguridad y la soberanía energética en materia de hidrocarburos y gas.
En los últimos días de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular, de acuerdo con el auto firmado por el magistrado Óscar Armando Dimaté. “La aceptación indica que la demanda cumple con los requisitos formales. Ahora, el Tribunal evaluará si se han violado derechos colectivos relacionados con el uso racional de recursos naturales, acceso a energía y gas, moralidad administrativa, y protección del patrimonio público. Esta revisión es crucial debido al riesgo de pérdida de seguridad y soberanía energética por el déficit creciente de gas natural y petróleo, alertado por el sector de hidrocarburos”, señaló Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la fundación.
Desde abril, la FEDe viene alertando sobre la crítica situación en materia de autosuficiencia energética, sumándose a las advertencias de los gremios del sector tras conocerse no solo la disminución en las reservas de gas y petróleo en Colombia, sino también las políticas del Gobierno en la negativa de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.
La FEDe es una ONG recientemente creada. Como explicó en su momento Vélez, quien fue presidente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y superintendente de Sociedades, la entidad tiene preocupaciones sobre lo que percibe como un desbordamiento de las facultades regulatorias y de gestión por parte del Gobierno nacional. Su misión, dijo Vélez, es hacer litigio estratégico cuando considere que hay violaciones al Estado de derecho.
Con la acción popular, Vélez señala que “se busca proteger los derechos colectivos y que el Tribunal ordene al Gobierno: priorizar la producción interna de hidrocarburos, realizar estudios para nuevas asignaciones de áreas de hidrocarburos y actualizar el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, estancado desde 2022. El Tribunal también podría tomar cualquier decisión necesaria para evitar el riesgo de desabastecimiento energético causado por la mala gestión del Gobierno”.
En esa medida, dice la FEDe, su acción “se encamina a proteger principios y valores de la Fundación, como la estabilidad macroeconómica y la creación e implementación de políticas de largo plazo que garanticen el bienestar de la población. Así mismo, busca salvaguardar los derechos colectivos al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la defensa del patrimonio público, al acceso a los servicios públicos prestados de manera eficiente y oportuna y a la moralidad administrativa”.
Para Vélez, el Gobierno debe rendir cuentas. “Las decisiones energéticas no pueden ser improvisadas. Se necesitan expertos para garantizar, con bases técnicas, económicas y jurídicas, la correcta prestación de los servicios de energía y gas. Además, es fundamental que se reactiven los proyectos de gas costa afuera que fueron cancelados arbitrariamente. Si estos proyectos se viabilizan, y dado que las reservas están probadas, Colombia tendría autosuficiencia de gas por una década más. El mensaje es claro: las decisiones que pongan en riesgo la seguridad energética estarán bajo escrutinio judicial, que debe garantizar la protección de los derechos colectivos y asegurar el suministro de estos servicios”, afirma.
Con la admisión de la acción, comienza el proceso judicial. Se espera que el Tribunal tome medidas urgentes para que el Gobierno actúe de inmediato y detenga la vulneración de derechos colectivos, mientras se resuelve el caso, explica Vélez. Además, se hace un llamado a la ciudadanía a participar, ya que su apoyo es vital para asegurar la continuidad en el suministro de energía y gas. “La participación de gremios y expertos también es crucial para que el Tribunal entienda la urgencia de garantizar la seguridad energética y mitigar el desabastecimiento”, agrega.
El panorama es inquietante. Como explica la FEDe, el 29 de mayo de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el informe de reservas y recursos de la vigencia 2023, que mantiene una tendencia a la baja. El informe confirmó que las reservas probadas de petróleo y gas en Colombia vienen agotándose cada vez más y cada vez más rápido. Mientras las primeras pasaron de 7,5 a 7,1 años, las segundas cayeron de 7,2 a 6,1 años.
En parte, esto se debe a la decisión del Gobierno nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Al consultar las entidades demandas por FEDe (el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda), se encontró que, a la fecha, no existe un plan de acción ni un trabajo articulado por parte de las autoridades competentes, explicó la fundación.
Según la fundación, la decisión del Gobierno nacional no está respaldada por estudios técnicos ni de impacto financiero, lo que pone en riesgo las finanzas públicas. Además, los planes para reactivar contratos suspendidos y mejorar el recobro, destinados a sustituir la economía fósil, no han mostrado resultados concretos. También se observó que el anuncio de importar gas de Venezuela fue improvisado por el Ministerio de Minas y el presidente de Ecopetrol.
“El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, mencionó que estaban trabajando en la recuperación del viaducto con Venezuela, pero días después afirmó que importar gas de ese país era inviable en todos los aspectos. A pesar de no tener la aprobación de la Ofac, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó que se estaban explorando con PDVSA las posibilidades del gasoducto transcaribeño para mitigar el déficit de gas”, asegura la fundación.
Las alarmas están encendidas en materia de autosuficiencia energética. La Contraloría General publicó un estudio en el que señala su preocupación con relación al sector petrolero, con cada vez menos años de reservas, bajos niveles de exploración y, agrega, no se vislumbra nueva exploración en áreas diferentes a las ya explotadas. “Todo esto redunda en que los problemas de abastecimiento que se esperan tan temprano como el 2030. Si la producción continúa con la tendencia actual y no se incorporan más recursos, se van a sentir en la economía especialmente por los menores márgenes de utilidad para la industria con su consecuente impacto en todos los aportes que esta hace a las finanzas públicas, ya sea por impuestos, regalías y derechos económicos o por mejores niveles de inversión extranjera directa afectando desde los niveles de inflación, hasta la tasa de cambio, debilitando en general la economía nacional”, afirma la investigación de la Contraloría.
En materia de autosuficiencia, la Contraloría señala en su estudio que por la oposición del Gobierno del presidente Gustavo Petro a firmar contratos petroleros en nuevas áreas ya se ha generado un impacto: se han reducido efectivamente las áreas potenciales petroleras que antes sumaban 85,7 millones de hectáreas y ahora pasan a ser 19,8 millones de hectáreas, una disminución del 76,8 %. “Para contrarrestar este y otros problemas mencionados es urgente que se viabilicen alternativas como el aumento de Factor de Recobro de los yacimientos, la incorporación de reservas que aún no están desarrolladas, el aprovechamiento de los recursos contingentes y la solución de cuellos de botella en el licenciamiento ambiental”, explica el estudio.
El estudio controvierte la visión del Gobierno la cual advierte que en el futuro la descarbonización disminuye los niveles de demanda de hidrocarburos y, en esta perspectiva, el valor de las exportaciones de energéticos se vería reducida. Dice la Contraloría que esta visión es debatible porque, aunque considera que como futuro es deseable, la experiencia demuestra que la trayectoria de este tipo de fenómenos como la transición energética, donde la complejidad e interdependencia es alta, suelen sufrir retrasos importantes “y por lo tanto esta puede demorarse más de lo planeado dejando al país sin los beneficios y sin el recurso que se supone debería impulsarla, desprotegiendo a la sociedad a futuro”.