Luego del estallido social que se presentó a finales de abril tras la presentación del proyecto de reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla y que llevó al hundimiento de esta iniciativa sin ver la luz de un solo debate, el nuevo equipo económico del Gobierno encabezado por el ministro José Manuel Restrepo se concentró en presentar una reforma muy distinta.
En este nuevo proyecto, radicado tras el inicio de las sesiones legislativas del pasado 20 de julio, la mayor carga de impuestos recae en las empresas del país, acogiendo la propuesta de la ANDI y de varios sectores políticos. Es decir, que el nuevo proyecto no tocará a las personas naturales y no afectará al ciudadano de a pie.
Se trata de una reforma ‘minimalista’ presentada por el Ejecutivo con 35 artículos, entre los cuales están los que desmontan algunos beneficios que se les había otorgado a las empresas en la tributaria de 2019 y otros que tienen un componente importante de lucha en contra de la evasión y de austeridad fiscal.
Aunque buena parte de las quejas que originaron las protestas sociales y que había planteado el Comité de Paro fueron recogidas en el nuevo proyecto de reforma tributaria, nuevamente este llamó a movilizaciones para este miércoles 26 de agosto.
En esta oportunidad, el principal argumento del Comité de Paro no es que la nueva reforma tributaria se meta con el IVA o que les suba los impuestos a las clases medias y pobres, sino uno bastante sugestivo: consideran lesivo el nuevo plan de austeridad del Gobierno. Toda una paradoja.
Para el Comité de Paro, el Gobierno está tramitando una nueva reforma tributaria “que sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo”.
Argumentan que se mantienen la gabelas a las grandes empresas y al capital financiero, y que descarga sobre los hombros de los trabajadores del Estado medidas regresivas como el congelamiento de los salarios, Además, critican que la iniciativa le da facultades extra al presidente Iván Duque para reestructurar las empresas de Estado. “Como de costumbre, es una masacre laboral del sector público”, agregaron.
Con este congelamiento salarial de los servidores públicos y otras disposiciones para reducir el gasto, el Gobierno le apunta a economizar 1,9 billones de pesos.
Sin embargo, si algo hay que destacar es que precisamente lo que hace la reforma es descargar gran parte de las fuentes de recursos en las empresas, pues estas deberán empezar a pagar a partir de ahora una tarifa de renta del 35 % y también verán reducido en 50 % el beneficio tributario que les permite descontar el ICA del impuesto de renta. Además, el sector financiero también pagará una sobretasa del 3 %.
El Comité de Paro también ha criticado duramente la decisión del Gobierno de seguir adelante con el proceso de privatización de ISA y aseguran que se trata de “una imposición del modelo neoliberal”.
En este sentido, es importante recordar que este negocio se trata de un contrato interadministrativo por 14,23 billones de pesos entre Ecopetrol e ISA, y no constituye una privatización, pues al Gobierno tener una participación del 88,5 % en Ecopetrol, mantendrá el control de ISA y esta no pasará a manos de privados. De hecho, antes que una privatización se trata de una forma en que el Estado, a través de Ecopetrol, se queda con uno de los activos más preciados del sector energético.
¿Cómo va la reforma?
En esta oportunidad, el principal argumento del Comité de Paro no es que la nueva reforma tributaria se meta con el IVA o que les suba los impuestos a las clases medias y pobres, sino uno bastante sugestivo: consideran lesivo el nuevo plan de austeridad del Gobierno.
Toda una paradoja que va en contravía de lo que pidieron en las marchas realizadas durante el mes de mayo en varias ciudades del país los propios ciudadanos, que de manera insistente aseguraron que el Estado debe dar ejemplo de austeridad.
Lo cierto es que al margen de los nuevos argumentos del Comité de Paro, la nueva reforma pasó con éxito su primer examen este miércoles 25 de agosto en el Legislativo, cuando fue aprobada en las comisiones económicas conjuntas. Y por haber sido radicado con mensaje de urgencia, el proyecto ahora pasará a ser debatido en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
Cabe destacar que este proyecto de reforma tributaria va por 15 billones de pesos y aparte de estabilizar en alguna medida las finanzas públicas, estos recursos serán fundamentales para extender y ampliar la cobertura de programas sociales como Ingreso Solidario –creado durante la pandemia para atender a 3 millones de las familias más pobres del país–, que tendrá un costo fiscal de $2,3 billones de pesos en 2021 y 6,5 billones para el próximo año.
También se entregarán beneficios a las empresas que se vieron afectadas por la pandemia, por medio del subsidio a la nómina con el que se cubrirá hasta el 40 % de un salario mínimo de los trabajadores cuyas empresas hayan reducido sus ingresos en más de un 20 % y que tengan hasta 50 empleados.
En materia de educación, la reforma financiará la educación superior pública gratuita para los jóvenes de estratos uno, dos y tres.