El plan del Gobierno Petro de tomar una parte de los ahorros que tienen los colombianos en el sector financiero para que sean invertidos forzosamente en el otorgamiento de créditos a sectores que desean priorizar, como el agro o el turismo, sigue levantando ampolla.
A las críticas de economistas y políticos se sumó la de los banqueros, que serían los directamente afectados por la medida. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, el gremio de los banqueros, utilizó su cuenta en X para dar su visión sobre el impacto de la medida.
Aseguró que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente “porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendrían que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”.
La represión financiera se da cuando un gobierno limita la capacidad del sector privado de obtener rendimientos altos sobre sus inversiones o ahorrar de manera libre. Estos mecanismos pueden llevar a la ineficiencia económica, distorsiones en los mercados financieros y una reducción en la innovación y el crecimiento a largo plazo.
De hecho, una de las principales críticas a la propuesta es el temor de que al abaratar el crédito para ciertos sectores de la economía, otros sectores terminen pagando más por sus préstamos o vean restringido su acceso al financiamiento.
En su publicación, Malagón también aseguró que desde Asobancaria han mantenido un diálogo abierto y constructivo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que dirige Laura Sarabia; con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Comercio.
“Para acordar mecanismos alternativos que impulsen el crédito al sector productivo y mejoren la profundidad financiera. Avanzar en un Gran Pacto por el Crédito con criterios de eficiencia es la mejor vía para la recuperación económica”, señaló el dirigente gremial, al tiempo que aclaró: “En cualquier caso, los ahorros de los colombianos en las entidades financieras no están ni estarán en riesgo”.
Pacto por el crédito
Desde el sector financiero, la propuesta para acelerar los desembolsos la han denominado “el gran pacto por el crédito”, el cual estaría enfocado en las actividades de vivienda, manufactura, agro, turismo y economía popular.
La idea es poder pasar de desembolsos anuales para esos sectores de los actuales 120 billones de pesos anuales a 155 billones, lo que implicaría un incremento del 30 % en la colocación.
Así, por ejemplo, en vivienda, la estrategia consistiría, por el lado de los bancos, en la reducción de tasas hipotecarias del 14,1 % al 10,6 % (ya diez entidades la han implementado); por el lado del Gobierno, en el compromiso de mantener los subsidios del programa Mi Casa Ya, y por el lado de los reguladores, permitir cambios en un indicador que se conoce como Loan to income, el cual establece la cantidad de deuda que una persona puede adquirir con respecto a sus ingresos anuales.
En Colombia, los deudores hipotecarios no pueden tener una deuda que supere el 30 % de sus ingresos y la idea sería subir ese límite al 40 %.
Desde Asobancaria también proponen impulsar la reactivación económica, haciendo un mayor uso de mecanismos como las garantías crediticias, las cuales son ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías.