Solo un año después de iniciada la pandemia y las cuarentenas en Colombia, el Congreso sacó adelante la ley que les da reglas claras a trabajadores y empleadores que debieron trasladar sus operaciones a los hogares y hoy siguen laborando fuera de las oficinas.
Esta semana, la Cámara de Representantes le dio su visto bueno al proyecto, presentado por el Ministerio de Trabajo en el segundo semestre de 2020. Y esperan que la próxima semana el Senado haga lo propio, de tal modo que pase a sanción presidencial.
La noticia es positiva para millones de colombianos que aún trabajan desde sus casas por cuenta de la covid-19. Pero no se puede desconocer que la iniciativa fue presentada y aprobada tardíamente. Actualmente, según cálculos revelados por los ponentes, más de 4 millones de personas laboran bajo esta modalidad. Y es probable que continúen así hasta tanto no avance la vacunación y haya inmunidad de rebaño.
El problema es que lo vienen haciendo desde marzo de 2020, sin un marco jurídico que les dé garantías sobre estabilidad, desconexión, riesgos laborales y demás aspectos que existen al firmar un contrato. De hecho, para muchos colombianos, el trabajo remoto se ha traducido en jornadas de más de 12 horas, no tener tiempo para compartir con la familia, responder correos en días no laborales e incluso no recibir ingresos por trabajar los fines de semana.
A pesar de esta compleja situación, el Ejecutivo y el Legislativo aplazaron el debate para finales de 2020, lo que dejó a miles de compañías y personas en el limbo y sin saber hasta dónde podían llegar en derechos y deberes. Esto cambiará en las próximas semanas, cuando el presidente Iván Duque sancione esta ley. La idea es que esta sea una modalidad que se use solo en casos excepcionales o especiales, y siempre y cuando haya un acuerdo entre empleados y patronos. En ninguna ocasión podrán cambiarse las condiciones firmadas en el contrato.
Así, no será necesario que un trabajador pida una licencia no remunerada o se retire de su empleo por situaciones imprevistas. En su lugar, el empleador le permitirá trabajar desde su hogar por el tiempo que se acuerde.
La clave está en el pactoDurante el más reciente debate en plenaria de la Cámara, la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, propuso que en el proyecto se habilite el trabajo en casa por periodos fijos de tres meses, prorrogables por otros tres.
Si esta proposición se avala en el Senado tal y como quedó en la Cámara, la normativa hará que el trabajo remoto no sea una realidad hasta que no haya sido pactado, y que deje de serlo cuando termine la situación excepcional. La clave está en que empleadores y empleados lleguen a un acuerdo y las tareas diarias puedan realizarse por el tiempo convenido. El objetivo es que si se presenta una nueva pandemia o un caso fortuito para el trabajador, esto no sea una causal para salir del mercado laboral. En la práctica, dará seguridad a las personas de que no crearán nuevas formas de contratación ni les quitarán las garantías recibidas.
Con esto listo, los demás puntos del proyecto pasaron con acuerdos entre partidos. Uno de ellos, que los empleados no pierden ningún derecho laboral al no estar en las oficinas o lugares presenciales. Asimismo, se les dan garantías de que recibirán sus salarios y compensaciones si trabajan en jornadas extensas, dominicales o festivos, entre otros. Así como decretó el Gobierno el año pasado, esta ley les permitirá a las personas que ganan hasta dos salarios mínimos (es decir, 1,8 millones de pesos) recibir un subsidio de conectividad en lugar del de transporte. La idea es reemplazar el beneficio de movilidad por uno que les brinde acceso a internet para desempeñar sus labores.
Pero la cosa no termina allí. Cada empleado tendrá derecho a la desconexión, de tal modo que pueda sopesar su vida laboral con la personal. No hay que olvidar que, al tener el computador al lado, algunos patronos sobrepasaban las jornadas de ocho horas, e incluso hacen requerimientos a medianoche en días de descanso. Esto dejará de suceder. Y al igual que ocurre en situaciones normales, las administradoras de riesgos laborales (ARL) tendrán la tarea de visitar los lugares de trabajo para garantizar que haya condiciones de calidad para los empleados. Con esto se busca que una persona no use su cama o sofá para laborar, sino que realice sus actividades con todas las condiciones que tendría si asistiera a la oficina.
Eso sí, las ARL deberán ser informadas cuando se pacte el trabajo en casa, y cada una de las partes deberá cumplir con lo estipulado en el contrato laboral.
Si bien esta es una noticia positiva y creará un marco normativo claro, lo cierto es que es una ley más en el régimen laboral colombiano, que se ha convertido en un parche adicional de las normas en el país. En su lugar, se siguen aplazando las discusiones sobre una reforma laboral. Y a pesar de que el Gobierno ha recibido avances de la Misión de Empleo, sus conclusiones aún no se ven reflejadas en la práctica.
En las últimas semanas trascendió que el Ministerio de Trabajo aspira a presentar esta iniciativa en el segundo semestre del año, cuando a la administración de Iván Duque le quedarán los últimos cartuchos. Las cifras de desempleo en el país siguen siendo altas, y no solo por el duro impacto de la pandemia; reformar el régimen laboral colombiano es casi tan urgente como poner al día el sistema tributario.
Está claro que este último será ajustado en la actual legislatura, por iniciativa del Gobierno nacional. Y ahora que se avaló el proyecto de trabajo en casa, la pregunta es: ¿será este también el año de la reforma laboral? El país, las empresas y los desempleados la piden a gritos.