Los resultados de las encuestas tienen a los inversionistas haciendo preguntas a los asesores en finanzas y a los analistas económicos. En esta oportunidad, a las manos de los integrantes de la firma Credicorp Capital, experta en finanzas corporativas, llegaron interrogantes.
El foco de las preguntas está puesto en el resultado de una potencial segunda vuelta entre la izquierda y la derecha, lo que, a la luz de los analistas de Credicorp, podría ser muy apretado en medio de la alta polarización política por la que atraviesa el país.
Es así como, con la advertencia de que los comentarios aportados son principalmente el resultado de conversaciones de los integrantes de la firma con expertos políticos, exministros, políticos y constitucionalistas, procedieron a exponer los escenarios.
¿Si hay una fuerte reforma fiscal?
Según estableció la firma Credicorp Capital, una de las principales preocupaciones sobre el plan de gobierno de Gustavo Petro es un potencial impacto fiscal, teniendo en cuenta que este candidato apunta a intervenir fuertemente la economía, lo que trasnocha a los inversionistas, pero es el principal punto por el cual lo respalda el electorado.
Los expertos detallan que el objetivo de Petro es hacer una reforma fiscal que produzca un 5 % del PIB (producto interno bruto).
El candidato también ha hablado de hacer cambios estructurales en el sistema de pensiones, lo que, si bien suena equitativo y benéfico para los ciudadanos, no tiene una fuente clara de financiamiento.
Según exponen los autores del análisis de Credicorp, “mientras que la magnitud de la reforma fiscal resulta demasiado ambiciosa, la propuesta de modificación del régimen de pensiones podría tener un impacto no despreciable en los mercados de capitales (y, por tanto, en las finanzas públicas a lo largo del tiempo)”.
¿Si se declara la emergencia económica?
Otra de las preguntas que se están haciendo los inversionistas y empresarios es sobre el efecto de una eventual declaratoria de emergencia económica para enfrentar el hambre que trajo consigo la pandemia, según la propuesta del candidato, quien ha expresado que, con ello, el Gobierno podría comprar directamente las cosechas a los pequeños y medianos agricultores, así como subsidiar los insumos agrícolas.
La declaratoria de una emergencia económica permitiría legislar por decreto hasta por 90 días sin pasar por el Congreso, el cual –por demás– quedó conformado de manera fragmentada, con una participación de todos los partidos.
Las normas actuales indican que la emergencia económica debe estar bien justificada y estar respaldada por todo el gabinete del Ejecutivo. Pero, sobre todo, los decretos que se promulguen deben pasar por manos de la Corte Constitucional y el Congreso también podría intervenir si es que fuese necesario revocarlos o modificarlos (los tres poderes).
“El concepto de emergencia económica tiene fuertes controles, pero considerando que el tiempo entre la promulgación de un decreto y la evaluación de la Corte o del Congreso puede ser considerable (varios meses), el ruido puede ser alto durante dicho período dependiendo de las medidas adoptadas”, dice Credicorp.
La preocupación es legítima, por lo cual el equipo de campaña de Petro ha reafirmado recientemente que el único objetivo de la emergencia económica será conjurar el hambre y que Gustavo Petro no refundará el país por decreto, recuerdan los expertos de Credicorp.
¿Si se cambia el modelo pensional?
Un esquema pensional unificado y mayoritariamente público, con una garantía de derecho a la pensión a toda la población, incluso a los adultos que no pudieron cotizar al sistema es de lo que habla Petro. La ecuación incluiría bonos pensionales y aportes directos del Estado para lograr el objetivo de proporcionar una pensión adecuada. Lo cierto es que tendría tres pilares, uno solidario no contributivo, por medio salario mínimo, para los adultos mayores que no tienen derecho a una pensión actualmente. Otro eslabón para los que aportan sobre 4 salarios mínimos, manejado por Colpensiones. Los que ganen más de 4 salarios podrán elegir libremente a dónde enviar el monto excedente de la cotización y allí podrán participar los fondos privados. Y el tercer pilar es el de ahorro voluntario complementario, que se podrá hacer en un fondo de pensiones voluntario.
Credicorp analiza que “esta propuesta ha creado un fuerte debate en el país y ha suscitado preguntas y preocupaciones, como la del impacto fiscal significativo, teniendo en cuenta que el sistema pensional sería mayoritariamente público. Esto implicaría la posible necesidad de un mayor gasto público a largo plazo para garantizar los derechos de pensión si las cotizaciones actuales no son suficientes, así como un mayor riesgo para los más jóvenes ante el cambio de la pirámide poblacional”.
Eso, sin contar que el sistema privado dejaría de recibir la mayor parte de los aportes que hoy tiene, pues en los fondos, el 95 % de los afiliados gana menos de 4 salarios mínimos.
“Bajo este escenario, una pregunta importante es el rol futuro del actual ‘stock’ de AUM (activos bajo administración) de las AFP. Según una declaración oficial de la campaña, los actuales AUM deben ser considerados como reservas y destinados al financiamiento del sistema, al tiempo que deben establecerse mecanismos para que sean protegidos y no sean utilizados para fines distintos a las pensiones”, dijeron. Agregaron que “algunos observadores consideran que cualquier propuesta encaminada a utilizar los ahorros actuales de una cuenta individual en las AFP para financiar la pensión de otro trabajador sería una expropiación una vez los recursos son propiedad del afiliado”.