La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad este martes un proyecto de ley que busca eliminar gradualmente el impuesto 4x1.000. La iniciativa fue presentada por la representante Katherine Miranda.

La eliminación del 4 x 1.000 se dará de manera gradual a partir de 2023, año en el que pasará al 3 x 1.000, luego en 2024 llegará al 2 x 1.000, en 2025 se ubicará en 1 x 1.000 y desde 2026 ya no estaría vigente.

A pesar de que el impuesto del 4 x 1.000 recauda alrededor de $8 billones por año, la iniciativa ha sido definida como “regresiva” por parte de distintas entidades, entre ellas Asobancaria, gremio que reúne a los bancos e instituciones financieras del país.

“Durante la última década, entre 2011 y 2020, el recaudo tributario por concepto del GMF ha mostrado una tendencia creciente hasta alcanzar los $8,7 billones en 2019, para luego caer hasta los $8,1 billones en 2020 como consecuencia de la pandemia”, explica la exposición de motivos del proyecto de ley.

Dentro del proyecto aprobado también hay un artículo que crea el “impuesto a los ingresos altos”, el cual aplicaría para las personas que tengan ingresos superiores de más de $25 millones al mes. En un principio se quería que este tributo aplicara para quienes ganaran desde $10 millones, pero los ponentes decidieron aumentar dicho monto hasta los $25 millones. Los montos de este tributo irían desde el 2 %.

“El impuesto se recaudaría mensualmente con base en los ingresos tanto laborales como de otra índole de las personas naturales y tendría una tarifa marginal y progresiva de acuerdo con el nivel de ingresos percibido. Igualmente, tiene en consideración para la determinación de la base gravable la posibilidad de descontar de los ingresos mensuales el monto asociado al pago de la seguridad social”, dice la iniciativa.

Para compensar los recursos que se perderían por el desmonte del 4 x 1.000, el proyecto también incluye un artículo que estipula que el Gobierno nacional deberá crear una Comisión de Expertos que tendrá como objeto el estudio de la reducción del tamaño del Estado con el fin de maximizar y aumentar la eficiencia del uso de recursos públicos en materia de funcionamiento bajo criterio de minimización del gasto público.

“Se propone crear una comisión de expertos que presente al Gobierno diferentes mecanismos para reducir el tamaño del Estado, para maximizar el uso de los recursos públicos. De este ejercicio, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República una reforma al Estado, en la que se evidencia una reducción del gasto público de personal, reorganizando las entidades del orden nacional y mejorando su capacidad para ejecutar su objeto social”, dice la exposición de motivos.

Por su parte, la iniciativa deroga los beneficios que dio el Gobierno a las megainversiones que realicen las empresas en el país. Con estos beneficios, según el proyecto aprobado, las empresas pagaron $40,8 billones en impuestos de renta en el año gravable de 2019.

“Sin dichos beneficios, las empresas habrían tenido que pagar 63,4 billones. La diferencia, unos $22,6 billones, es la suma de recursos dejados de cobrar y que quedaron en manos de las empresas. $22,6 billones de pesos equivalen a la tercera parte de lo que las empresas han debido pagar y que bien podrían ser similares al objetivo recaudatorio de tres reformas tributarias. Proponemos derogar los beneficios otorgados a las megainversiones aprobadas en 2019, que hoy le cuestan al país entre 6 y 9 de billones de pesos”, dice el proyecto.

Sobre esta iniciativa, que ya pasó el primer debate y ahora deberá ser debatida en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado al respecto.