Las polémicas se están convirtiendo en una constante en el actual Gobierno, pues no se finaliza un episodio controversial, cuando ya está germinando otro. Desde el no rotundo a nuevos contratos para la explotación y explotación de hidrocarburos, hasta el desconocido articulado de la Reforma a la Salud, son algunos de los temas que han suscitado reacciones diversas entre los colombianos.
A la lista, se suma un anteproyecto de ley que vienen trabajando conjuntamente el Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte. En este, al parecer, se estaría buscando la regulación de las plataformas que ofrecen servicio de transporte particular y/o privado de pasajeros, hecho que ha sido interpretado por diversos sectores como la iniciativa que le podría “punto final” a los servicios de Uber, Cabify, DiDi, entre otras.
El primero en advertir sobre la posible prohibición a las apps de movilidad fue José Daniel López, vocero de Alianza In, quien sostiene que de materializarse lo contemplado en el anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte, se estaría dejando a más de 100.000 personas sin fuentes de ingreso. Esto, sin contar, con las afectaciones que se generarían a los ciudadanos, al no permitirles elegir el medio de transporte con el que se desean movilizarse.
“Este proyecto contempla el bloqueo de las aplicaciones, eso significa que si en mi teléfono celular tengo alguna aplicación de movilidad y este proyecto de ley se aprueba y se dan las condiciones que señala, esta no va a poder arrojar servicios en territorio colombiano. No solo eso para los conductores”, expresó López en diálogo con SEMANA.
Indicó además que “es un borrador de proyecto de ley absolutamente escandaloso, que causaría un cataclismo social y económico en el país. No entendemos las razones de por qué un Gobierno de orientación social y progresista propone semejante cosa. Hacemos un llamado al diálogo, enmarcado en el cambio de enfoque para pasar de la prohibición que acá se propone a una regulación efectiva”.
Las opiniones -más negativas que positivas- en torno a esta iniciativa y sobre la cual, el Gobierno nacional sostiene que aún no se ha dado una decisión final, llevaron al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a convocar a una reunión a los voceros de las aplicaciones y a los del transporte público, para establecer puntos en común, de cara a la construcción colectiva del proyecto que se presentará al Congreso de la República.
Mediante un escueto comunicado, la cartera dio a conocer los tres puntos claves que se acordaron, al término de dicho encuentro.
En primer lugar, señala que “se continuará con el proceso de socialización, construcción y concertación del Anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte, el cual solo será presentado a consideración del Congreso de la República, una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores; para este efecto, se realizarán audiencias públicas en diversas regiones del país”.
Así mismo, señaló que “El Ministerio de Transporte mantendrá e impulsará la Mesa Nacional con el gremio de servicio de transporte individual tipo taxi, para que en un término de máximo dos meses, se construyan los ajustes a la política pública que fortalezcan sus condiciones actuales”.
Y finalmente, manifestó que con el acompañamiento de los Ministerios del Trabajo y de las TICs, se “iniciará una mesa con el fin de construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte, en sus diferentes modalidades, en los que participarán los representantes de todos los actores (directos e indirectos), para la construcción de soluciones que aporten al mejoramiento del servicio hacia los usuarios, garantizando en todo caso, los derechos fundamentales de todos”.
Al ser consultado por SEMANA, el ministro Guillermo Reyes aclaró que no se ha suspendido el trámite de la iniciativa y que lo que se comunicó este 1 de febrero, al finalizar el encuentro, es que se seguirá “construyendo el proyecto, con más socialización, y ahora con las plataformas, conductores y otros actores”. Además, indicó que este trabajo articulado, busca que el documento se presente al Congreso, en este primer semestre del año.
Vale la pena señalar que a raíz de esta polémica, y antes que la iniciativa sea radicada para su estudio en el Legislativo, varias voces al interior del Congreso están solicitando una citación del ministro Reyes para que rinda explicaciones en torno al tema.