Al radicar el proyecto de Ley de financiamiento, que no es otra cosa que la segunda reforma tributaria de la actual administración, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la iniciativa está dividida en tres temas. El primero se refiere a estímulos para la reactivación económica, el segundo a fuentes de ingresos adicionales (nuevos impuestos o tarifas) y el tercero a traer la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al 2025 e incorporar la regla fiscal verde.
Dentro del grupo de los estímulos hay uno que se destaca y es una medida para permitir que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pueda ofrecer créditos para mejoramiento de vivienda sin exigirles una hipoteca a los deudores.
Actualmente ese tipo de créditos son muy demandados, pero están atados a los préstamos hipotecarios tradicionales, pues hay personas que compran usado y necesitan hacer remodelaciones, o compran inmuebles nuevos, que están en obra gris y requieren dinero para hacer los acabados. Entonces, en esos casos les prestan un poco más de lo que ya tienen autorizado para la compra de vivienda y con eso hacen las mejoras.
En consecuencia, la hipoteca sobre el inmueble funciona como garantía tanto para la compra, como para la mejora. El problema está en el resto de los colombianos que ya son propietarios, ya acabaron de pagar su vivienda y necesitan hacer mejoras. A ellos no les prestan con las condiciones del crédito hipotecario, sino con las de uno de libre inversión, que es mucho más caro.
Eso hace que las personas de menores ingresos, que –por ejemplo– construyeron en un barrio subnormal, que ya fue legalizado, no puedan acceder a un crédito para cambiar el piso de tierra o construir baños, pues difícilmente tendrían acceso a un préstamo de libre inversión.
La idea es que todas las entidades financieras puedan abrir la posibilidad de dar un crédito para mejoras de viviendas, sin garantía hipotecaria. En su remplazo, ese aval podría ser provisto por el Fondo Nacional de Garantías. En el caso de los bancos comerciales, esta medida se podría solucionar con una circular de la Superintendencia Financiera, pero en el FNA, al ser una entidad estatal creada por ley, cualquier cambio también debe ser tramitado por una ley.
“Esto contribuye al fortalecimiento de la vivienda, así como a la utilización de materiales alternativos de construcción y a la inclusión al sistema financiero de la economía popular, en concordancia con el señalado Plan Nacional de Desarrollo. Todo esto para mejorar las condiciones básicas habitacionales de la población más vulnerable del país en zona rural y urbana. En la misma línea, se apuntaría al eje de transformación de convergencia regional, que se refiere a la reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Esta propuesta se alinea con el espíritu de este Proyecto de Ley, en el sentido de que contribuye a dinamizar la actividad de edificaciones a través de la flexibilización del crédito”, sostiene la iniciativa en su exposición de motivos.
Un experto consultado sobre esta propuesta, que forma parte de las discusiones del llamado pacto por el crédito con el que las entidades financieras lograron evitar que les incrementaran las inversiones forzosas, considera que su ventaja es que podría impulsar el sector vivienda sin necesidad de un esfuerzo fiscal. “Es una medida administrativa que puede impactar. Serían como los mangos bajitos, con los que se pueden ver resultados rápidos”, explicó.
La expectativa es que, si crea esa nueva categoría dentro de los créditos de vivienda, las mejoras podrían tener tasas de interés más bajas, pues contaría con una garantía sustituta de la hipoteca, como la que da el Fondo Nacional de Garantías.
Desde el FNA explicaron que al ya no ser necesaria la hipoteca para los mejoramientos, se buscará replicar esta iniciativa a las asociaciones y constructores para que hagan mejoramientos de manera masiva. Actualmente, están estructurando el programa para establecer una nueva garantía.
Hasta 2021, las cifras del Dane indican que el 7,5 % de los hogares del país no tenían vivienda y el 23 % tenía problemas con la calidad de su techo propio. Las principales fallas que debían mejorar eran el hacinamiento, la falta de agua para cocinar y el alcantarillado.
Vichada, San Andrés y Guainía eran los tres departamentos con el mayor déficit habitacional del país.