Un análisis jurídico sobre el proyecto de resolución que define el proceso para otorgar los permisos de ocupación sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera, determinó que tales permisos son solo una parte de los retos que enfrenta la puesta en marcha de estos proyectos en Colombia.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta con un potencial de 50 gigavatios para desarrollar este tipo de energía, casi tres veces la capacidad instalada de 17,7 gigavatios que actualmente tiene el país. Además, el desarrollo de estos proyectos impulsaría inversiones hasta por US$27.000 millones a 2050.
De acuerdo con la reglamentación, que salió para comentarios en el mes de mayo, se espera realizar la primera ronda de asignación de áreas para construir parques eólicos en el mar Caribe en el primer trimestre de 2023, en línea con el trabajo que viene haciendo el Gobierno nacional para el cumplimiento de los compromisos del país con la transición energética.
Sin embargo, “al hacer el análisis del proyecto de resolución, no solo se requiere un enorme esfuerzo regulatorio por parte del ministerio y la Dimar, sino que también se requiere coordinar a estas entidades con la Creg, la ANI, la Upme y la Anla, de tal manera que se logre una implementación orgánica de esta nueva fuente de energía renovable”, señaló Mateo Mendoza, experto en estructuración de proyectos de generación de energía renovable y socio de la firma de abogados Mendoza.
Además, aseguró que es necesario brindar seguridad jurídica a los desarrolladores e inversionistas, construyendo un modelo contractual para las concesiones marítimas; revisar con la ANI la necesidad de expandir el plazo de las concesiones portuarias del país, que le permitan a los desarrolladores de los parques eólicos tener relaciones a largo plazo (al menos 30 años) con los operadores portuarios que van a ser esenciales para la operación logística de estos proyectos.
De igual manera, considera que se debe definir si se va a priorizar o no la conexión de dichos proyectos al Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya que por tratarse de proyectos que requieren al menos cinco años para su desarrollo, no podría esperarse que soliciten conceptos de conexión al SIN, sino hasta que este proceso arroje resultados positivos, en cuyo caso la asignación de capacidad de transporte debería priorizarse.
Para el experto, también hay que considerar aspectos como la financiación de estos proyectos, que conlleva la necesidad de revisar cuáles podrían ser los ingresos que se puedan contratar a largo plazo y que permita viabilizar estos proyectos en el país, además del monitoreo y manejo de los impactos ambientales y sociales.
De acuerdo con el proyecto de resolución, los proyectos de energía eólica costa afuera constarán de tres fases. La primera es la de exploración, que contempla el permiso de ocupación temporal hasta por cinco años. Durante esta fase se hará la medición y recolección de datos e información necesaria para establecer la viabilidad del proyecto y, de existir, se desarrollarán las actividades necesarias para la obtención de licencias y permisos para su construcción, respecto de las cuales, según Mendoza, “aún no hay claridad”.
La segunda fase es la de concesión, que también debe otorgar la Dimar hasta por 30 años prorrogables por 15 más, en la cual se construirá y operará el proyecto. Para Mateo Mendoza, esto conlleva también la necesidad de tener un cierre financiero que debería evaluarse en la propuesta de regulación de la Dimar.
La última etapa es la de desmantelamiento, que debe darse dos años antes del vencimiento de la concesión y consiste en la ejecución de un plan que cumpla con los requerimientos de las autoridades ambientales, todavía no previstos, para que la terminación del proyecto genere el menor impacto ambiental posible.