La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de financiar el transporte público a través de un subsidio en la factura de la luz ha generado un intenso debate en el país. Si bien la idea de brindar un transporte más accesible a los ciudadanos de bajos ingresos es loable, la implementación de esta iniciativa plantea preguntas cruciales sobre quién asumirá el costo de este subsidio y cómo se distribuirá equitativamente entre los diferentes estratos socioeconómicos.
En este contexto, se plantea el interrogante sobre cuánto más tendrían que pagar los estratos más altos o los “pudientes”, como los menciona el jefe de Estado, en sus facturas de electricidad para financiar el transporte público de los estratos más bajos.
En todo esto hay que tener presente que la propuesta de Gustavo Petro implica un cambio significativo en la forma en que se financia el transporte público en Colombia, ya que actualmente, el transporte masivo, como el sistema de TransMilenio en Bogotá, recibe subsidios gubernamentales para mantener las tarifas asequibles para la población.
Sin embargo, la idea del presidente es trasladar parte de ese subsidio a las facturas de electricidad de todos los ciudadanos, lo que significa que aquellos que no utilizan el transporte público también contribuirían al financiamiento de este servicio.
Uno de los aspectos que genera incertidumbre es cómo se aplicaría este subsidio y si habría diferencias en su aplicación según los estratos socioeconómicos. Petro mencionó que los ciudadanos “pudientes”, que posiblemente no utilicen el transporte público, subsidiarían a los menos pudientes, lo cual permite apuntar a que se refiere a aquellas familias que viven los estratos 4, 5 y 6, las cuales terminarían financiando a los que hacen parte de los 1, 2 y 3.
Sin embargo, es bueno dejar en claro que hasta el momento, no se ha proporcionado una estructura detallada sobre cómo se distribuiría este subsidio en las facturas de electricidad ni cómo se determinaría la contribución de cada estrato. La falta de claridad en este aspecto ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la equidad del sistema propuesto.
Críticas desde diversos sectores económicos
Mauricio Santa María, director del Centro de Estudios Económicos Anif, ha expresado sus preocupaciones sobre la viabilidad de esta propuesta y la necesidad de un análisis más profundo. Santa María señala que ningún servicio o bien es realmente gratuito; siempre alguien paga por ellos. En este caso, la pregunta clave es quién asumirá la responsabilidad de financiar el transporte público: ¿serán los usuarios a través de una tarifa específica o todos los ciudadanos a través de una contribución en la factura de la luz?
Además, Santa María destaca que la contribución extra en la factura de electricidad podría ser considerable, y esto plantea dudas sobre su impacto en el mercado de energía. Un aumento significativo en la cuenta de la luz podría afectar negativamente a los hogares y a las empresas, especialmente en un momento en que la electricidad en Colombia ya es una de las más costosas de América Latina.
Otro aspecto relevante es la distribución de estratos en Colombia y cómo esta propuesta afectaría a los diferentes grupos de ingresos. Un análisis del Centro de Estudios Económicos Anif ha revelado que en el país hay más personas de clase alta pagando en estrato 3 que en estrato 6.
Esto sugiere que muchos ciudadanos que residen en viviendas de estrato 3 tienen un mayor poder adquisitivo que algunos que viven en estrato 6. Esta dinámica complica la idea de aplicar un aumento uniforme en la factura de la luz a todos los estratos altos, ya que no necesariamente reflejaría la capacidad económica de los hogares.
En cuanto a las cifras, se estima que se necesitarían 14.441 millones de pesos colombianos diarios o 433.226 millones de pesos mensuales para cubrir el costo de prestar el servicio de transporte en Bogotá.
Si se pretende financiar este costo a través de las facturas de electricidad, cada hogar de los 3 millones de usuarios de energía en la ciudad debería pagar un adicional de 144.000 pesos mensuales para cubrir el costo total del servicio. Si solo se busca cubrir el 60% del costo, la sobretasa sería de 85.200 pesos por hogar.