El Consejo de Estado declaró la nulidad de unas expresiones del Decreto 3531 de 2004, que hacen referencia a un mandato administrativo que permitía que el Fondo Especial Cuota de Fomento del Ministerio de Minas y Energía fuera destinado a la financiación de infraestructura para la prestación del servicio de gas natural en zonas de grandes concentraciones urbanas.
La alta corte precisó que la ley solo permite financiar ese tipo de infraestructura en los municipios y el sector rural, y no en cualquier ente territorial, como lo establecía el decreto enjuiciado.
No obstante, el Consejo de Estado declaró ajustado a derecho el mandato del mismo decreto que permite cofinanciar la conexión que requiere el usuario para la prestación del servicio en las zonas con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas.
La norma fue objeto de una demanda que fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad. A juicio de los accionantes, la ley únicamente permitía que los recursos del fondo fueran utilizados para la financiación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio de gas natural en los municipios con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, pero no para subsidiar los costos de conexión de los usuarios en las zonas urbanas más desarrolladas.
Para los accionantes, el propósito de los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento es beneficiar a los habitantes de zonas rurales o municipales que estuvieran alejadas de las grandes ciudades. Por lo anterior, acusaron al Gobierno nacional de excederse en el ejercicio de su facultad reglamentaria.
El Consejo de Estado declaró nulo el aparte de la norma que permitía que los recursos del fondo financiaran infraestructura para la prestación del servicio público de gas natural de entes territoriales como los distritos. Ello se debe a que la ley solo permite hacerlo en municipios y áreas rurales, y no en cualquier ente territorial, como lo señalaba la norma objeto de este juicio de legalidad.
Para la alta corte, en este aspecto los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía sí excedieron el ejercicio de su facultad reglamentaria, al imponer este mandato administrativo.
Sin embargo, estableció que el emplear los dineros del fondo en las conexiones que necesita el usuario directo sí es una medida legal, porque forma parte de la función que la ley les dio a los recursos: financiar la infraestructura que haga posible la prestación del servicio en las zonas con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas.
En ese sentido, la alta corte consideró que la norma demandada se ajusta al deber constitucional del Estado de intervenir en la economía para mejorar las condiciones de vida de las personas, particularmente las de menores ingresos.
Cierre de vía Sogamoso-Aguazul pone en riesgo el suministro de gas en cilindros
Las fuertes lluvias no dan tregua en el país y las que se han registrado en los últimos días en la región del Casanare han ocasionado el deterioro de la vía nacional Sogamoso-Aguazul, lo que llevó al cierre de la misma.
Como consecuencia de este cierre, los distribuidores mayoristas de GLP (que es el gas que se vende en cilindros), que atienden cerca del 30 % del mercado de la zona centro del país, no han podido retirar el producto en el Campo Cupiagua, que está ubicado en el departamento de Casanare y que pertenece a Ecopetrol.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) ya hizo una inspección para evaluar la condición de la vía y encontró una pérdida de la mitad de la bancada en un tramo de 80 metros de longitud. Así mismo, ya se está desplazando personal y equipos para iniciar los trabajos de reparación.
De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), actualmente 12 millones de colombianos consumen GLP, quienes están ubicados en 1.050 municipios de los 32 departamentos del país. Los departamentos que registran el mayor consumo son Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, además de Bogotá.