El 4x1000 se creó en Colombia como un impuesto temporal para hacerle frente a la crisis bancaria por la que estaba pasando el país en 1998. Sin embargo, no hay nada más permanente que una medida temporal, y este impuesto ya lleva vigente en Colombia cerca de 25 años.
Y aunque en muchas ocasiones se ha propuesto el desmonte del 4x1000, que consiste en pagar cuatro pesos por cada mil pesos en algún tipo de movimiento financiero, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que en la recta final del Gobierno del presidente Iván Duque “no es objeto ni será objeto de discusión el desmonte del impuesto del 4x1000, ya que esto implicaría una reforma fiscal y esta ya se hizo en 2021″.
“Cuando uno es responsable desde lo fiscal, tiene que tener en consideración cómo estos tributos, en un momento determinado, al desmontarse o al montarse, tienen una implicación sobre el gasto y la inversión pública. Cuando nosotros hacemos política pública, en materia fiscal, nos cuidamos de no caer en el populismo con el gasto o con los tributos, porque se corre un riesgo gigantesco en la economía”, aseguró el ministro de Hacienda.
Así mismo, resaltó que actualmente el impuesto del 4x1000 financia gasto e inversión pública del país. Además, tiene un impacto del 0,7 % del PIB, un poco más de ocho billones de pesos. “Ustedes comprenderán que ocho billones de pesos es un monto significativo y puede, fácilmente, ser una reforma tributaria”, agregó.
Sin embargo, el ministro José Manuel Restrepo aseguró que esto no significa que “en un nuevo escenario y discusión, seguramente en el escenario de un gobierno distinto, no exista este tipo de debates”. Y resaltó que lo importante es que se debe dar en el marco de la responsabilidad y teniendo en cuenta su eventual impacto sobre el gasto e inversión pública de Colombia.
“En caso de que en un análisis se encuentre que el 4x1000 es inconveniente habría que identificar fuentes alternas que permitan financiar el gasto de inversión público que está atado a este tributo”, manifestó el ministro.
¿Y sobre una reforma al sistema de pensiones?
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el Gobierno del presidente Iván Duque “no tiene programado y no ha contemplado que se realicen más reformas, ni de carácter tributario ni de carácter pensional, de aquí al cierre de este gobierno”, que será el próximo siete de agosto.
El ministro destacó que el Gobierno nacional, particularmente en materia tributaria, avanzó con la Ley de inversión social que se aprobó en 2021 y “el grueso de estos recursos se comenzará a recaudar a partir de 2023, lo que significa que beneficiará, en una grandísima mayoría, las necesidades de financiación del siguiente gobierno”.
Adicionalmente, el ministro José Manuel Restrepo aseguró que lo que se logró con esta reforma tributaria “fue hacer más aceleradamente el ajuste gradual y progresivo de las finanzas públicas, por eso creemos que fue una reforma conveniente y pertinente, que construimos por consenso con un gran nivel de aprobación del Congreso de la República”.
Esta negativa a una reforma pensional se da luego que este lunes el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, asegurara que el sistema de pensiones en Colombia requiere de una reforma integral con urgencia, porque la cobertura es muy baja y el régimen público tiene un déficit muy grande, “el hueco anual es mayor a 40 billones de pesos”.
La reforma pensional que propuso Asofondos incluye una mejora al programa de Colombia Mayor, que deberá cubrir la línea de pobreza y a todos los adultos mayores de 65 años, de Sisbén uno y dos, y a quienes tengan alguna discapacidad.
Para quienes no alcanzan a jubilase, Asofondos propone “Beneficios Económicos Periódicos (Beps) mejorados”, es decir, formar unas rentas vitalicias con las devoluciones de saldos, “respetando la solidaridad”. De esta manera, un colombiano podría contar con aproximadamente 300.000 pesos adicionales.
Además, en vez de tener dos regímenes, uno de prima media y ahorro individual, los cotizantes entrarían solo a un régimen de capitalización. Sin embargo, Santiago Montenegro aclaró que esto no significa que todo deba ser administrado por las AFP privadas, sino que también lo podrían hacer las AFP públicas.
Así mismo, continuaría el ahorro voluntario y la solidaridad para quienes no tengan capital suficiente, acceso a una pensión de salario mínimo con 1.150 semanas cotizadas y que cumplan con la edad legal de retiro. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima seguiría, pero es necesario hacerle algunos ajustes para que la cotización pueda ser más progresiva, es decir, “quienes coticen sobre salarios más altos, contribuyan más al fondo”.
Si se adoptan estas propuestas, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que hacia el año 2055 se tendría un panorama totalmente distinto: 3,7 millones de pensionados; 3,5 millones de personas en Colombia Mayor; y 3,4 millones de personas en Beps. “Uno podría esperar que a mediados de siglo el mercado laboral no tenga los problemas de informalidad y de desempleo que tiene hoy”, agregó.