El Ministerio de Hacienda volvió a pronunciarse en contra del proyecto de ley que busca revivir el traslado exprés de pensiones en Colombia, iniciativa que ya ha sido negada en varias oportunidades en el Congreso de la República.
El proyecto pretende que los hombres mayores de 52 años y las mujeres de más de 47 puedan pasar de los fondos privados hacia Colpensiones. En la actualidad, las personas a las que les faltan menos de 10 años para pensionarse no pueden cambiar entre regímenes.
Teniendo en cuenta que la edad de pensión para hombres es de 62 años y la de mujeres de 57, ellos pueden cambiar de régimen de pensión hasta los 52 y ellas hasta los 47, de acuerdo a lo contemplado en la ley.
“Dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la presente ley, se permitirá el traslado de afiliados entre los regímenes pensionales, de ahorro individual con solidaridad y prima media con prestación definida, siempre que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años”, indica el texto radicado en el Congreso.
Al respecto, el Ministerio de Hacienda fue enfático, nuevamente, en que la propuesta va a incrementar el gasto del Gobierno y va en contra de las finanzas públicas.
“A juicio de este Ministerio, la propuesta de traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del RPM, sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad”, dice la carta firmada por el viceministro técnico, Jesús Bejarano.
Según la cartera de Hacienda, la propuesta no establece un mecanismo de compensación financiero que permita equivalencias económicas que financien adecuadamente la pensión y la iniciativa tendría costos de hasta $35 billones.
“En este escenario, se tiene que se trasladan desde las AFP hacia Colpensiones 223.000 personas, de las cuales se estima que el 59 % logra pensionarse, y que se trasladan hacia Colpensiones con cerca de $29,4 billones que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI), incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y que además implican la anulación neta de bonos pensionales por valor de $9,9 billones. Quienes se trasladan generan un costo en valor presente para la nación por valor de $74,3 billones, que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas”, explicó Hacienda.
El Gobierno proyecta que desde Colpensiones, como administradora principal del RPM hacia las AFP del RAIS, se trasladarían 14.100 personas que se concentrarían en el nivel de aportes de un salario mínimo, por lo cual se presenta un costo fiscal por efecto de la expedición de nuevos bonos pensionales por un valor cercano a los $2 billones.
“En conjunto se estima que el costo fiscal neto resultante de los traslados por efecto del proyecto de ley, bajo este escenario propuesto, sería de $35 billones en una proyección hasta el año 2070”, dijo el documento presentado por Hacienda.
Uno de los reparos hechos por la cartera es que la propuesta va a beneficiar a las personas de más altos ingresos con dineros públicos, lo cual va en contra de la equidad y la reducción de la desigualdad que busca la Nación.
“Este proyecto de ley trae consigo costos asociados a los subsidios que otorga el RPM a las personas de más altos ingresos, así como para las personas que realizan el traslado del RPM al RAIS, situación que implica la expedición de un bono pensional. Cabe anotar que el impacto fiscal está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben y de la mayor probabilidad de pensionarse que presentan en este escenario”, dijo el ministerio.