SEMANA: ¿cuáles son los estimativos del Ministerio de Minas sobre el costo de una transición energética y qué sectores reemplazarían los ingresos que hoy se generan en el sector?
Irene Vélez (I. V.): el país ha comenzado el proceso de transición energética al diversificar su matriz mediante la entrada de proyectos de generación con Fuentes No Convencionales de Energías Renovables, especialmente en la región Caribe, y la planeación estratégica para el despliegue de nuevas tecnologías. Este objetivo se plasmó en la Ley 2099 de 2021.
Nuestra tarea es materializar este proceso, lo cual pasa necesariamente por una voluntad política de reemplazar las fuentes fósiles por las renovables y potenciar aún más algunas oportunidades que tenemos, por ejemplo, en cuanto a generación solar y eólica en el Caribe, o el uso de la biomasa en la región Pacífico y en la Amazonía.
Efectivamente, la transición energética es un proceso que requiere de alto compromiso e inversiones de parte de todos los sectores. No solo se trata de una transformación tecnológica, sino de un cambio en las relaciones sociales y económicas de producción de la energía.
Por eso insistimos en la creación de las comunidades energéticas, que son agrupaciones sociales que podrán generar su propia energía renovable desde fuentes no convencionales y, a la vez, podrán vender al sistema interconectado sus excedentes. De esta manera, damos un cambio que permite la democratización del sector eléctrico al permitir la participación de más actores, no solo los corporativos, sino también los del sector popular.
Este gobierno, a través de este Ministerio, está planteando la metodología para dar apertura al proceso de construcción de la hoja de ruta, asegurando que sea un proceso amplio y democrático. Esperamos consolidar esta ruta en el transcurso del primer año de gobierno.
SEMANA: ¿cuál es la posición definitiva del Gobierno con relación a las reservas de hidrocarburos, teniendo en cuenta que la transición energética se llevaría varios años (15, mínimo, según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo)?
I. V.: el Gobierno nacional tiene clara cuál es la participación de los combustibles fósiles dentro de la matriz energética del país y el rol que desempeñarán durante este proceso de materialización de la transición energética. En este sentido, el Ministerio de Minas continuará trabajando en el diseño de medidas que garanticen la seguridad y confiabilidad energética del país, complementando el actual suministro con la incorporación de fuentes renovables más limpias a nuestro sistema energético, y así avanzar en el proceso de transición justa, segura, social y técnicamente responsable.
Si bien este proceso implica grandes retos, tenemos claro y contamos con los recursos que se puedan incorporar a través de los contratos de exploración y explotación ya suscritos.
Allí puede haber recursos que resulten importantes para el abastecimiento de petróleo y gas, así como para asegurar un principio de soberanía energética. Esta información debe ser entregada por las empresas en su proceso de declaración.
Mientras tanto, desde la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) se trabaja en los escenarios temporales de estimación. Todos sabemos que las reservas cambian, así que este es un ejercicio que debemos realizar de manera constante para entregar la información técnica relevante. Estos estudios los consideramos un soporte necesario de la hoja de ruta que presentaremos al país, con los cuales podremos establecer el tiempo que requerimos para realizar este proceso de transición energética justa.
SEMANA: para mantener reservas hasta esos años se requiere seguir explorando o, por lo menos, explotar las ya probadas. No obstante, lo que le hemos escuchado es que no habrá más exploración. Esta administración habló de “desescalamiento gradual del modelo extractivista”. ¿Cuál sería la estrategia y los tiempos para implementar ese objetivo?
I. V.: ratificamos el compromiso del presidente Gustavo Petro de acelerar la transición energética, pero buscando la soberanía, la seguridad y la autonomía energética del país. En la actualidad, existen más de 200 contratos con áreas en exploración en gas y petróleo que potencialmente podrían generar nuevas reservas. Por ello, trabajamos en la revisión detallada de dichos contratos y en determinar la prospectiva que estos pueden darnos para abastecer al país y, de esa manera, potenciar los recursos existentes.
SEMANA: sobre la suspensión de los pilotos y proyectos de fracking, ¿cuál es la hoja de ruta?
I. V.: este fue uno de los compromisos del presidente Gustavo Petro y es parte de la definición estratégica del programa de gobierno en materia de hidrocarburos, así que esta cartera está revisando las medidas jurídicas, técnicas y económicas necesarias para cumplir con el mandato social de no hacer fracking en Colombia.
Por otra parte, respetamos y acompañamos el proceso que viene adelantando el Congreso de la República para legislar sobre este tema. El fracking es una práctica que genera serios cuestionamientos socioambientales sobre los impactos en las comunidades y los territorios donde se desarrolla. Nuestra visión es que, con un país tan biodiverso, con enorme potencial agroproductivo y culturalmente tan rico, podemos propiciar otros medios de vida locales y otra economía que no ponga en riesgo la casa grande.
Recientemente Ecopetrol solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la suspensión de los proyectos piloto Kalé y Platero, por 90 días, medida que está evaluando el Consejo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este es otro asunto que venimos revisando, y para el cual hemos sostenido un diálogo constante con Ecopetrol y la ANH, buscando la máxima seguridad jurídica y técnica que nos permita proceder con responsabilidad.
SEMANA: ¿qué va a pasar con el fallo del Consejo de Estado que dejó en firme la reglamentación técnica para hacer fracking en Colombia?, ¿qué sucedería con los contratos que tienen empresas como Drummond, Conoco Phillips y Parex? ¿Esos contratos se van a liquidar?
I. V.: el Consejo de Estado dejó en firme la reglamentación ambiental y técnica para hacer fracking en Colombia, lo que permite que las empresas que tienen contratos de este tipo firmados con la ANH puedan avanzar en su ejecución. Esta es una decisión que trasciende a los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) de Yacimientos No Convencionales (YNC).
Algunos de estos contratos tienen pendiente adelantar trámites relacionados con el licenciamiento ambiental, por lo que estamos dialogando con el Ministerio de Ambiente y con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para definir en qué estado se encuentra cada proceso. Respecto a los contratos que van más avanzados en sus procesos, actuaremos de la mano de las entidades del Estado y en diálogo con las empresas para lograr mitigar cualquier daño jurídico y económico.
SEMANA: Ecopetrol, casi de propiedad del Estado, tiene operación de fracking en Estados Unidos. Con la posición del Gobierno de no al fracking, ¿qué va a pasar con ese tema en EE. UU.?
I. V.: la decisión de no hacer fracking, anunciada por el Gobierno nacional, así como el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para prohibir esa práctica, es aplicable al territorio colombiano. De hecho, Ecopetrol solicitó la suspensión de los pilotos en el Magdalena Medio. Ninguna de esas decisiones tiene relación con el proyecto que adelanta Ecopetrol en Estados Unidos. Es importante insistir en que con Ecopetrol hemos tenido un diálogo permanente y, sin lugar a dudas, le vemos como la empresa que será la punta de lanza y liderará la transición energética justa y segura del país.
SEMANA: desde la misma petrolera se dijo que sin fracking el precio del gas podría triplicarse para los hogares. ¿Qué alternativa habría para que eso no suceda si -en definitiva- no se utiliza la técnica de fracturación hidráulica para aumentar las reservas?
I. V.: el Gobierno nacional ha reiterado que va a respetar los contratos vigentes de exploración y producción de hidrocarburos suscritos hasta hoy, lo que conlleva a que las actividades de exploración y producción continuarán de acuerdo con la planificación establecida por las empresas contratistas en el marco de las disposiciones contractuales vigentes.
En el Ministerio estamos realizando un balance y análisis del sector, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Informe de Recursos y Reservas de la ANH para 2021, tenemos reservas probadas de gas para ocho años. Confiamos en que los recientes descubrimientos de Ecopetrol y sus asociados permitan ampliar estas reservas y, de esta manera, poder acelerar la transición energética en el país, de la mano de las comunidades, y construyendo justicia ambiental y social.
Pero, aclaro, la prioridad del Gobierno es la intensificación de producción de energías renovables, acelerar la transición energética justa, segura y gradual en el país, a través del sol, el agua y el viento, para lograr una matriz mucho más sostenible y amigable con el ambiente. Tengamos en cuenta que, al expandir el uso de las energías renovables, vamos a disminuir el consumo de energía de origen fósil, con lo cual también esperamos extender el tiempo disponible para usar esas reservas.
SEMANA: además de detener el fracking, también se detendrán los desarrollos de yacimientos costa afuera. Precisamente Ecopetrol acaba de hacer anuncios de hallazgos de gas off shore, lo que permitiría doblar las reservas. ¿Cuál va a ser la decisión en ese sentido?
I. V.: la continuidad de los contratos ya suscritos permitirá que se desarrollen los recursos ya identificados. Por supuesto, esto no exceptúa a las altas inversiones ya en ejecución de los 12 contratos costa afuera de Exploración y Producción (E&P) y un contrato de Exploración y Explotación (E&E) suscritos por la ANH con contratistas. Es importante también reconocer que aún existen retos para dar viabilidad a estos recursos hallados en el subsuelo de los mares colombianos y que el Gobierno tiene plenamente identificados. Debemos con claridad establecer los costos posibles de traer estos recursos a superficie y, más aún, transportarlos. Se viene trabajando para establecer las estrategias adecuadas para que los contratistas puedan superar con agilidad las fases de evaluación y lleguen al desarrollo de estos recursos, siempre considerando la viabilidad financiera y, por supuesto, la seguridad y responsabilidad ambiental y social.
SEMANA: los colombianos tenemos la percepción de que el Ministerio de Hacienda y el de Minas tienen puntos no coincidentes en el tema de la transición energética, sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos. ¿Es así?
I. V.: el objetivo de este gobierno es que Colombia sea potencia mundial de la vida y la Transición Energética Justa es uno de los pilares. En este empeño estamos comprometidos todos los ministerios y entidades del Estado, y coordinaremos todos nuestros esfuerzos para alcanzar las metas propuestas. Por supuesto que cada ministerio tiene funciones específicas que, en el caso de nuestro Ministerio, buscan establecer los escenarios más apropiados para acelerar ese proceso de transición. Nuestras posiciones son coincidentes.
SEMANA: ¿cuál será el futuro del proyecto de la planta regasificadora del Pacífico que ha sido muy cuestionado?
I. V.: luego de una evaluación, junto a los equipos técnicos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) de la pertinencia y relevancia de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud en el país, tomamos la decisión de seguir adelante con la Regasificadora del Pacífico.
La UPME publicó el martes 6 de septiembre la versión final de los Documentos de Selección del Inversor (DSI) de la convocatoria para seleccionar un inversionista encargado del diseño, desarrollo y operación de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico. La convocatoria contempla la contratación de una infraestructura compuesta por una planta de regasificación de Gas Natural Licuado en Buenaventura y la construcción del gasoducto que conecta esa planta con el Sistema Nacional de transporte de Gas Natural en el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle.
La Regasificadora permite administrar y atender debidamente situaciones de contingencias que se puedan presentar por temas de producción en la Costa y Centro del país. Además, contribuye con una mayor confiabilidad y respaldo al sector energético de Colombia, al contar con una nueva fuente de suministro y mayor robustez del sistema. De igual manera, incentiva la ampliación de cobertura del servicio público domiciliario de gas, el desarrollo de nueva demanda y la transición energética, en la que se está apostando a la transición de combustibles sólidos o líquidos en el sector industrial, de generación de energía y movilidad hacia el gas combustible.
Por último, brinda respaldo a la industria y a la generación térmica, y encamina al país a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible: brindar acceso a la energía asequible, segura, moderna y sostenible, que corresponde al séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
SEMANA: ¿qué les diría a los que han expresado que Colombia tiene dos ministras de Medioambiente?
I. V.: el presidente Gustavo Petro tiene un compromiso con el país y es que Colombia será potencia mundial de la vida, así que cada ministro y ministra desde su cartera está haciendo lo propio para lograrlo. Tal vez para luchar contra la crisis climática sería deseable que todos fuéramos más ambientalistas, lo cual no nos quita trabajar por nuestras propias metas sectoriales.
Diría que el modelo que llevó a la crisis climática y ambiental actual es el que parte de una disyuntiva irreconciliable entre la economía y el cuidado del ambiente. Ese pensamiento dicotómico tiene que cambiar, y nuestro reto es cuidar la casa grande desde el Ministerio de Minas y Energía. Trabajamos de manera articulada, respetuosa, mantenemos diálogos constantes, y eso nos permite, como gobierno del cambio y gobierno para la vida, hacer una mejor labor.