El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció recientemente que el diésel tendrá un fuerte incremento en su precio.
El jefe de la cartera económica dijo que hay una brecha por cubrir de $ 6.000 por galón, lo cual tiene que ocurrir entre este y el próximo año, “porque es insostenible”.
“Esta es una deuda que tiene el país, que no es considerada deuda pública”, explicó el ministro.
Este martes, el funcionario sostuvo un encuentro con los gremios de transportadores, y además fue enfático en que el precio del diésel no puede seguir congelado.
De acuerdo con Bonilla, el ACPM tendría que subir en los próximos dos años (2024 y 2025), pues el hueco fiscal que deja el subsidio de este combustible no puede continuar.
Antes de las declaraciones de Bonilla, surgió la información de que se está considerando una propuesta para aumentar el precio en 3.000 pesos en agosto de este año y otros 3.000 pesos el próximo año. Este incremento de 6.000 pesos ajustaría el precio del diésel al nivel del precio internacional, similar a lo que ya sucedió con la gasolina, combustible en el que ya se ha eliminado la diferencia de precios.
Transportadores no participaron en mesa de negociación con el Gobierno
Es importante recordar que para el martes 16 de julio estaba programada una nueva reunión de la mesa técnica que incluye al Gobierno y a los transportadores, en la que se presentan estudios que respaldan las propuestas de aumento en el precio del combustible, debido al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), el cual subsidiaba la gasolina y el diésel.
Sin embargo, los representantes de los transportadores no asistieron, argumentando que el gobierno no los escuchó, ya que habían solicitado la participación de sus asesores técnicos y no se les permitió ingresar.
El gremio Unidos, que agrupa al 80 % de las asociaciones de propietarios de camiones en Colombia, al 70 % de los propietarios de volquetas, al 70 % de las empresas de transporte de carga y al 100 % de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, señaló que en las mesas de negociación suelen destacar que “aportan el 5 % del PIB, generan 1,7 millones de empleos, operan 870 mil unidades de negocio y cuentan con más de 650 mil propietarios de vehículos, donde más del 97 % pertenece a lo que el Gobierno denomina economía popular”.
Con estas cifras, es evidente que se trata de un sector poderoso cuya actividad es fundamental para otras áreas de la economía. Por lo tanto, un paro de los transportadores en este momento, cuando se necesita una reactivación, sería muy perjudicial.