En medio de la difícil situación fiscal que tiene el país, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que, a mayo, el recaudo tributario ha llegado a 108 billones de pesos, lo que equivale a una caída de 6,5 % en comparación con lo obtenido hasta el mismo periodo de 2023.
En línea con esa baja en los ingresos, el Gobierno tomó la decisión de recortar el gasto, a través de dos momentos que fueron explicados por el funcionario, durante la 58 Convención bancaria que se realiza en Cartagena.
Eso sí, hay una línea roja para el recorte del gasto: no se afectarán los programas sociales ni el empleo.
Bonilla sustentó que, efectivamente, hay problemas de caja, y que parte de la caída del recaudo se debe al impuesto de renta, en el cual, tuvieron que hacer devoluciones de saldo, por un decreto emitido que así lo permitió.
Pero además, también hay un faltante, por cuenta del fallo de la Corte Constitucional, sobre la deducción de las regalías sobre el impuesto de renta, medida que fue tumbada por el alto tribunal, que representa una resta superior a los 6 billones de pesos.
El diésel subirá en unos 15 días
Según explicó Bonilla, ya está ‘cocinado’ el decreto a través del cual se iniciarán las alzas en el diésel, producto que venía siendo subsidiado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Los primeros tocados con ese incremento serán los grandes consumidores, en los cuales, por parte del agro, que sería el que podría impactar la inflación, solo entra la caña de azúcar.
Lo cierto es que así como se hizo con la gasolina, también se hará con el diésel, pero los aumentos no serán iguales, principalmente, en busca de evitar que se afecte la senda de la inflación, la cual, se habría ubicado alrededor del 5 %, de no haber sido por esos incrementos en gasolina. “El impacto en el alza de la gasolina, sobre la inflación, fue de 1,9 %”, afirmó Bonilla.
Opción tarifaria
Bonilla habló de otras deudas que no están contempladas como tal, pero que, sin embargo, se deben pagar. La prueba reina en ese sentido es lo sucedido con el Fepc, que, en el caso de la gasolina, tenía un hueco de 34 billones de pesos, que se han ido amortizando a medida que se aumentaba el precio y se logró equipararlo al internacional.
Pero también está una gran resta a los recursos públicos, por parte de una medida que también se aplicó en la época de pandemia. Se trata de la opción tarifaria, que representa 4,5 billones, por cuenta de la posibilidad que tuvieron los usuarios, de no pagar las facturas en la época de crisis, y luego, se fueron colgando con los pagos. El Estado asumirá 2,7 billones, que corresponden a la deuda de los hogares de estratos 1, 2 y 3.
En ese sentido, ya hay un primer acuerdo con seis empresas comercializadoras, de las cuales, las más visibles son Aire y Afinia en la región Caribe.