Con el argumento de que el Estado colombiano tienen la obligación de tomar medidas efectivas para garantizar que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan acceso a los servicios de atención médica, incluyendo el acceso a medicamentos esenciales y, en especial, cuando se trata de amparar sujetos de especial protección, como los pacientes portadores de VIH/SIDA, el Ministerio de Salud acaba de emitir una resolución en la que determinó declarar la existencia de razones de interés público para establecer licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental del medicamento Dolutegravir el cual sirve para atender dicha enfermedad.
Esta sería la primera vez en la historia que Colombia hace efectivo su derecho a declarar un medicamento en esa condición, pues implica que se levantaría la patente que lo protege y que ya no sería exclusiva del laboratorio internacional que lo produce, sino que se podría hacer acá en el país o importarse de fabricantes de genéricos.
La resolución, que es la 1579 de 2023, les notifica sobre esta decisión a los laboratorios Healthcare Company, Shionogi & Co. Ltd. y Glaxosmithkline Colombia S.A., actuales titulares de la patente y de los registros sanitarios de los medicamentos contentivos del principio activo VIIV, que ahora pasará a manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual informará sobre el interés público de esta molécula para aquellos que estén interesados en explotarla.
Posteriormente, la SIC verificará si los interesados cumplen los requisitos y, en caso de que lo hagan, les ordenará a quienes tienen la patente, que obligatoriamente se la licencien; esa licencia técnicamente se conoce como licencia obligatoria “y es como si te obligaran a arrendar tu casa obligatoriamente y no voluntariamente”, explica un experto en el tema.
Si bien todos los laboratorios que tienen patentes farmacéuticas las licencian, porque hay mercados donde no quieren estar o porque quieren usar esa patente a través de interpuesta persona, lo hacen de forma voluntaria y ahora el gobierno colombiano los obligaría.
En el pasado, el exministro de salud Alejandro Gaviria intentó hacer lo mismo con el medicamento Glivec, que es para el cáncer y que es de Novartis y aunque logró que fuera declarado de interés público, no pudo llegar al punto de la licencia obligatoria. Igualmente su colega Diego Palacio intentó hacerlo sin éxito con un medicamento para el VIH.
Los riesgos
Mientras las asociaciones de médicos y de pacientes celebran esta decisión y consideran que esta es la mejor forma de garantizar el acceso a medicamentos de los pacientes con VIH, la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual -ACPI - manifestó su desacuerdo, por considerar que el Gobierno debe velar por la protección de la propiedad intelectual, por cuanto las patentes incentivan las inversiones en investigación y desarrollo, estimulando el crecimiento económico del país.
“En este sentido, concluye que otorgar licencias obligatorias puede desincentivar la inversión extranjera, causar impactos en las relaciones comerciales con otros países y disminuir el acceso a nuevas tecnologías, lo que, a su parecer podría limitar el acceso a nuevas innovaciones médicas y tecnológicas en el país”, sostiene la exposición de motivos de la resolución del Ministerio de Salud.
Así mismo, la Asociación Colombiana de Infectología considera “imprescindible la búsqueda de mecanismos que permitan el acceso real de Dolutegravir a la población que vive con VIH en el país”, pero que someter este medicamento a licencia obligatoria, debe ser el último recurso cuando ya se han agotado todas las instancias de negociación con el propietario de la licencia y que esta medida puede, con toda seguridad, poner en riesgo el ingreso y el acceso a Colombia a nuevas tecnologías y medicamentos por parte de las compañías fabricantes multinacionales en el futuro inmediato.
Las explicaciones
En el Ministerio de Salud justifican su decisión en el hecho de que “no existe evidencia que concluya que las licencias obligatorias perjudiquen los incentivos para innovar” y, por el contrario, experiencias internacionales como las Alemania, donde otorgaron una licencia obligatoria en 2016 para el medicamento antirretroviral raltegravir36, la innovación no se vio afectada. Tampoco fue así en el caso de Israel (2020), país líder en innovación que declaró rápidamente licencia obligatoria para Ritonavir cuando se creía que dicho antiviral para el virus del VIH también podría ser útil para el virus SARS-COV2 causante de la covid-19.
Sin embargo, más allá del debate técnico esta decisión implica el cumplimiento de una promesa de campaña de la administración Petro, que tanto en el programa de gobierno como en el Plan Nacional de Desarrollo, estableció su intención de aplicar todos los mecanismos del derecho internacional que permiten flexibilizar las patentes.