La semana pasada, la calificadora de riesgos Moody’s anunció que mantenía estable la nota de Colombia, que actualmente en su escala se encuentra en Baa2, lo que implica que se ubica dos niveles por encima del grado de inversión, mientras que las otras dos grandes calificadoras (Fitch y S&P) tienen al país por debajo de ese nivel.
Esto hizo que el anuncio de Moody’s generara suspicacias, pues se dijo justo en medio de la mayor crisis política en lo que va del gobierno Petro.
Algunos en redes incluso llamaron a Moody’s la calificadora optimista con Colombia. Eso motivó a que Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de la calificadora y quien está a cargo de evaluar al país, dijera que en realidad su calificación lo que hace es reconocer que el país ha tenido una marcada recuperación tras las dificultades que tuvo con la pandemia.
Eso se evidencia en un menor nivel de endeudamiento, gracias a un adecuado historial de pagos y la buena voluntad del Gobierno de pagar sus acreencias.
“Eso es lo que ha hecho que mantengan su grado de inversión, gracias a su fortaleza institucional y gobernanza, que es diferente a gobernabilidad. Si bien el punto débil del país sigue siendo el fiscal, luego de choque del 2020 por pandemia, hoy han logrado que su perfil crediticio esté alineado con sus pares con calificación de baa2. Estos son México, Panamá, Uruguay, Hungría y Filipinas e Indonesia”, dijo Merino en una presentación en Bogotá.
Actualmente, de acuerdo con la escala de Moody’s, Colombia tiene una calificación superior a la de Guatemala, Paraguay y Brasil, pero es superada por Perú.
Merino aclaró que, cuando se refiere a gobernanza, la asocia con el concepto inglés de governance, que tiene que ver con el buen funcionamiento del balance de poderes en el país. Por el contrario, la gobernabilidad sí tendría que ver con la capacidad del actual gobierno de aprobar sus reformas.
Con respecto a esto, dijo que mientras algunos analistas califican como positivo el no avance de las reformas en el Congreso, lo que hoy se vería reflejado en los mercados financieros, en su concepto esto implica un riesgo de parálisis y de posterior inacción para poder atender temas que necesita el país.
“Esa inacción podría ser negativa porque aumenta las presiones sociales que enfrente la actual administración y la que le siga. Además, Colombia podría transitar a un ritmo de crecimiento menor, que es lo que ha pasado en Perú, cuyo crecimiento potencial pasó de 4 % a menos de 3 %.
Las reformas que se discutan deberían trascender más allá del periodo actual y atender las expresiones sociales y problemas como la informalidad, el bajo nivel de ahorro o una mejor cobertura de las redes de protección social”, precisó Merino.
Al tiempo, dijo que las calificadoras no tienen la función de evaluar si una reforma es buena o mala y que ellos aún no han analizado el impacto fiscal de las que se tramitan en el Congreso, dado que estas todavía no han sido aprobadas.
No obstante, teniendo en cuenta el reciente actuar del sistema de pesos y contrapesos del país, el analista de Moody’s dijo que prevén una moderación de las propuestas iniciales del Gobierno y que estas probablemente cumplirán con la regla fiscal, como el Ministerio de Hacienda, hoy en cabeza de Ricardo Bonilla, se ha comprometido a hacerlo.
Agregó, sin embargo, que de lo que se conoce hasta ahora, la reforma de salud sería quizás la que pueda tener un mayor costo fiscal, mientras que la laboral podría tener un impacto en la capacidad de recaudo del gobierno por su relación con la informalidad laboral.
En su concepto, de aquí en adelante el trabajo en el frente económico del Gobierno consistirá en mantener un balance entre políticas macroeconómicas prudentes, atender las demandas sociales y mantener la confianza de los inversionistas.
Con ellos será posible sostener el crecimiento del país tras la desaceleración prevista para 2023 y 2024, cuando en Moody´s prevén que el país crecerá 1,5 % y 2 %, respectivamente.