Las condiciones macroeconómicas del país, con un crecimiento menor al esperado y descuadres en las finanzas públicas, le están pasando cuenta de cobro a su calificación de riesgo soberana, la cual es un indicador clave sobre la capacidad de Colombia de pagar sus acreencias.
Ya dos de las tres mayores calificadoras del mundo, Fitch y Standard and Poor’s, rebajaron la calificación del país de grado de inversión a grado especulativo, lo que limita la cantidad de inversionistas que pueden invertir en los activos colombianos.
Solo Moody’s mantiene al país en grado de inversión y aunque acaba de ratificar esa nota, también bajó la perspectiva de estable a negativa, lo cual indica que en la próxima revisión hay más posibilidades de una descalificación que de una mejora en su evaluación del país.
Para los expertos de Moody’s, el cambio en la perspectiva es el reflejo de complicaciones en la gestión fiscal por un crecimiento económico menor al esperado, el cual está afectando negativamente los ingresos tributarios, a lo que se suman mayores costos de endeudamiento, lo que en conjunto genera una presión adicional sobre las cuentas del Gobierno.
“Estos factores están obstaculizando la capacidad actual y futura de las autoridades para cumplir la regla fiscal, al tiempo que aumentan el riesgo de un posible deterioro en el perfil crediticio de Colombia”, sostiene un comunicado de la calificadora.
Ruido político
En cuanto al crecimiento, en Moody’s consideran que el aumento del ruido político y algunas decisiones políticas han contribuido a un sentimiento negativo entre los inversionistas.
“La formación bruta de capital fijo disminuyó un 9,5 % y representó el 17,3 % del PIB en 2023, por debajo del promedio del 21,1 % durante 2013-2022. Aunque la actividad económica está mejorando en 2024, la persistente debilidad en la dinámica de inversión pesaría sobre una recuperación sostenida de las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Colombia, volviendo al crecimiento tendencial de alrededor del 3 %, y restringiría la capacidad de las autoridades para lograr una consolidación fiscal continua en 2025-2026″, precisan en su informe.
Tras crecer solo 0,6 % durante todo 2023 y 0,7 % en el primer trimestre de 2024, hay preocupación por la lenta dinámica de la economía nacional, que de acuerdo con diferentes sondeos este año crecería apenas 1,4 %.
En el ámbito financiero, en Moody’s les preocupa la posibilidad de que los altos costos de endeudamiento continúen ejerciendo una presión persistente sobre las cuentas fiscales a través de la asequibilidad de la deuda.
“El sentimiento del mercado hacia Colombia sigue poniendo mayor énfasis en las dinámicas políticas que en la fortaleza de sus instituciones y en la mejora observada en sus métricas de deuda a lo largo de 2023. Aunque los costos de endeudamiento del Gobierno, tanto internos como externos, se han reducido después de alcanzar máximos en 2022, actualmente son materialmente más altos que los típicamente observados para soberanos calificados con Baa e incluso Ba”, señalan en el comunicado.
Aunque las autoridades esperan que la carga de intereses supere el 4,5 % del PIB en 2024-2025, lo que a su vez eleva el déficit fiscal general a más del 5 % del PIB, en Moody’s creen que a medida que el Gobierno emita nueva deuda para financiar el déficit actual y amortizar deuda a costos más altos, los pagos de intereses continuarán creciendo y complicarán el ajuste fiscal.
Fortaleza institucional
Pese a la perspectiva negativa, en Moody’s aclaran que mantienen la calificación de Colombia en Baa2 debido a que tiene una fuerte institucionalidad, que efectivamente funciona como contrapeso, evitando una ruptura con el historial de políticas prudentes del país. Además, “hasta la fecha, la carga de deuda del Gobierno sigue estando en línea con la de sus pares, que tienen también la calificación Baa”.
Señalan que ha sido extremadamente limitada la capacidad del Gobierno para construir consenso político en el Congreso en torno a sus propuestas claves, incluidas las reformas de los sistemas de salud y pensiones, las cuales podrían aumentar los gastos obligatorios y la rigidez del gasto.
“Además, los tribunales de Colombia han emitido varias sentencias en contra de las iniciativas del presidente Petro que, al considerarlas inconstitucionales, han sostenido efectivamente el marco de políticas económicas”, puntualizan.
Tras el comunicado de Moody’s, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resaltó que “la calificadora de riesgo ha puesto un voto de confianza en el país, destacando las decisiones contundentes de recorte de gasto con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal y macroeconómica que ha tomado el gobierno del presidente Petro”.