Entre 2006 y 2023, Colombia logró avanzar en la cantidad de adultos que tienen al menos una cuenta de ahorros en el sector financiero, al pasar del 50 al 94 por ciento de esa población. Un éxito indiscutible que, sin embargo, se ve opacado si se mira cuántos colombianos tienen acceso a crédito, pues allí sí hay una gran deficiencia.
El más reciente reporte de inclusión financiera revela que, al cierre del año pasado, solo el 38 por ciento de los colombianos urbanos tenía acceso a crédito formal, cifra que desciende al 20,9 por ciento entre quienes viven en zonas rurales. Esta disparidad también se refleja en las empresas: mientras que el 81,9 por ciento de las grandes se financia a través de la banca, solo el 14,8 por ciento de las microempresas accede a préstamos formales. Esa brecha ha empeorado en el último año debido al incremento de las tasas de interés, lo que ha hecho que menos unidades productivas sean sujetas de crédito.
Indudablemente, es un problema que requiere respuestas y más en un contexto de desaceleración económica, pero la polémica se desató por la solución que propuso el presidente Gustavo Petro.
En la Convención Bancaria de junio pasado, habló por primera vez de su idea de aumentar las inversiones forzosas, a las que están obligados los establecimientos de crédito desde 1990 y que actualmente solo se usan para financiar al sector agropecuario. Desde ese momento se prendieron las alarmas, pues no estaba claro cómo ejecutaría su propuesta.
Posteriormente, el 9 de agosto en un foro de reactivación económica reiteró su idea, pero en vez de aclararla provocó más confusión, pues aseguró que quería “sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato a las actividades industriales, agrarias, de mejoramiento de vivienda e incluso al turismo”.
Lógicamente, esas palabras causaron temor porque muchas personas entendieron que la propuesta implicaba sacar parte del ahorro que tienen los colombianos en los bancos para dar créditos, que, aunque bien intencionados, podrían terminar teniendo más efectos negativos que positivos, pues sería a costa de otros deudores que no recibirían subsidios.
De hecho, algunos alcanzaron a temer por una expropiación de los ahorros, pese a que las inversiones forzosas no afectan los depósitos. Pero la falta de claridad del Gobierno ha llevado a que se despierten muchos temores, en especial por los ejemplos de países como Venezuela que han utilizado esa herramienta con el mismo objetivo y al final produjeron más problemas que soluciones.
Así funcionan
Las inversiones forzosas, que el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, admitió que es un término que no le gusta, fueron populares el siglo pasado en los países en desarrollo, pues con ellas se buscaba dirigir el crédito hacia unos sectores específicos. Pero se fueron desmontando desde los años noventa debido a que salía peor el remedio que la enfermedad, dado que son consideradas una forma de represión financiera.
En Colombia hubo unas 12 modalidades de inversiones forzosas, pero al final solo quedó vigente la del agro. En la región hoy en día también las aplican Brasil, Honduras, Costa Rica, Venezuela y Bolivia, y únicamente en estos dos últimos países las han aumentado en el presente siglo.
El esquema actual de las inversiones forzosas en el país funciona de la siguiente manera: los bancos deben destinar anualmente el 5,6 por ciento de lo que tienen guardado en depósitos para comprar Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), emitidos por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
Este, a su vez, usa esos recursos a fin de crear líneas de crédito, por ejemplo, para capital de trabajo o compra de maquinaria destinada a los productores del campo de todos los tamaños y con tasas de interés muy bajas. Sin embargo, Finagro no atiende directamente a los deudores, sino que estos deben ir a los bancos comerciales y pedir un préstamo con las condiciones que ofrece el Fondo.
Actualmente, Finagro tiene una cartera de 43,87 billones de pesos prestados a 875.000 productores agropecuarios, de los cuales el 88 por ciento son pequeños. Esto mostraría en primera instancia que es una figura que funciona y, además, no necesitaría más recursos porque actualmente Finagro tiene 2,36 billones de pesos disponibles para ofrecer en créditos.
Existe otra modalidad para ejercer las inversiones forzosas. Las entidades financieras, en lugar de comprar los TDA, prestan directamente a los agricultores con las condiciones de Finagro, pero son muy pocos los bancos que escogen esta opción.
No obstante, las inversiones forzosas son nocivas, pues diferentes estudios han demostrado que aumentan el margen de intermediación (la diferencia entre lo que pagan los bancos por los depósitos y lo que cobran por los créditos). Esto, porque al tener que invertir en los TDA se genera un subsidio cruzado, derivado del hecho de que las tasas de interés más bajas se deben compensar con unas más altas, afectando, por ejemplo, los créditos de consumo o de libre inversión, usualmente los más costosos que ofrece el sistema financiero. Estudios del Banco Mundial y del Banco de la República muestran que las actuales inversiones forzosas aumentaron el margen de intermediación entre 0,21 y 1,5 por ciento.
Factores como este son los que esgrimen quienes están en contra de tal mecanismo. Uno de ellos es José Antonio Ocampo, el primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro, quien no solo lo considera inadecuado, sino un esquema del pasado. Además, cree que es una pérdida de tiempo insistir en ampliar dichas inversiones, pues eso requiere un proyecto de ley aprobado en el Congreso, y en el Legislativo no hay ambiente para ello.
¿Reversazo?
Tras los anuncios de Petro, el ministro Bonilla respaldó la propuesta, aunque tampoco la aclaró. En efecto, esta revista pudo establecer con funcionarios de varias entidades del sector hacienda, quienes deberían estar involucradas en el diseño de la iniciativa, que la desconocen, no saben cómo se va a implementar y algunos, incluso, manifiestan su desacuerdo.
Ocampo opina que en vez de inversiones forzadas se necesitan acciones coordinadas del Grupo Bicentenario, que reúne a 13 entidades financieras del sector público, pero el miércoles el Grupo fue presentado en sociedad como el cuarto holding financiero más grande del país, sin aclarar nada frente a su papel en las inversiones forzosas.
Los banqueros, por su parte, fuera de insistir en la inconveniencia de la medida, propusieron en su lugar hacer un pacto por el crédito, en el que ellos ayudarían a irrigar más préstamos. La idea es pasar de desembolsos para los sectores que el Gobierno quiere priorizar de los actuales 120 billones de pesos anuales a 155 billones, un alza de 30 por ciento en la colocación.
Al final de la semana, Bonilla confirmó que están en reuniones con el sector financiero para negociar la forma de incrementar el crédito en sectores estratégicos y que, dependiendo de lo que negocien, definirán si es necesario llevar la propuesta al Congreso.
Mientras se llega a ese punto y si en el Gobierno no aclaran bien cómo es que quieren implementar las inversiones forzosas, se mantendrán la incertidumbre y la preocupación entre los usuarios del sistema financiero.