Recientemente, el Gobierno nacional sacó un grupo de medidas para disminuir la emergencia en La Guajira, el decreto 1276 ordena un recaudo adicional de 5.000 pesos para el comercio y sector industrial en la tarifa de energía a nivel nacional, para destinarlo a la crisis que afronta el departamento.
Los estratos 4, 5 y 6 tendrán que pagar 1.000 pesos adicionales en el recibo de la luz bajo la figura “Aporte departamento de La Guajira”.
“Un valor denominado “Aporte departamento de La Guajira”, por valor de Mil (1.000) pesos colombianos (COP) por factura, cuyo pago será obligatorio para los usuarios de estratos 4, 5 Y 6. Y por un valor de cinco mil (5.000) pesos colombianos (COP) por factura, cuyo pago será obligatorio para los usuarios comerciales e industriales”.
La medida iría para los próximos seis meses y hasta el momento no se ha confirmado que se extienda.
“Con el fin de contar con recursos para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de La Guajira, desde el mes siguiente a la expedición del presente decreto legislativo y hasta el término de seis (6) meses o por un término mayor que determine el Congreso dentro del año siguiente, se incluirá en todas las facturas del servicio público de energía eléctrica que se emitan en el resto del territorio nacional”, se desprende del decreto.
Sin embargo, en el mismo documento existe un artículo que indica suspender contratos que estaban vigentes en el departamento y esto, han indicado los expertos, podría afectar a todos los colombianos que viven en todos los estratos en el país al momento de pagar la factura de la luz.
“Por cuenta de la eliminación de esos contratos, los precios podrían subir hasta un 5 %, porcentaje que se puede incrementar en la medida en que suban los precios en el mercado por efecto del fenómeno de El Niño. Y todo ello para salvar a unas empresas públicas y privadas que se ganaron la ejecución de unos proyectos y que hasta la fecha han sido incumplidos”, señaló Carmenza Chahín, consultora y exdirectora de la Creg, en El Tiempo.
De otro lado, este jueves, 3 de agosto, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se declaró impedida para conocer la revisión de constitucionalidad del decreto presidencial que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.
En un escrito enviado a la Corte Constitucional, la Procuradora indicó que podría incurrir en la causal de impedimento denominada ‘interés en la decisión’, pues cuando se desempeñó como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016, fue ponente de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, el cual se relaciona directamente con los decretos expedidos por la Presidencia de la República.
Precisamente, en el 2021 la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por la Procuradora para participar en el seguimiento a ese fallo de tutela, al considerar que “ejerció un papel activo y tuvo un grado de participación significativo en el proceso, pues fungió como magistrada ponente de la decisión que se profirió en segunda instancia y que posteriormente dio lugar a la sentencia T 302 de 2017″.
En caso de que la Corte acepte el impedimento, el asunto será abordado por el viceprocurador general de la Nación.