La presentación hecha este martes por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, acerca de la nueva reforma tributaria confirmó una cosa que se venía rumorando hace meses: el articulado es corto, conciso y va a la fija sobre cómo conseguir los recursos que requiere el país.
En apenas 35 artículos y una exposición de motivos de 70 páginas, el funcionario relata las calamidades económicas que implicó la covid-19 en la economía colombiana, incluyendo el efecto devastador en los ingresos de los hogares.
Pero también teniendo en cuenta que el palo no está para cucharas y un iniciativa como la del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, podría volver a encender la llama de un paro nacional, como el que vivió el país en mayo. Con todas las consecuencias que esto tendría en la recuperación.
La realidad
El actual titular de la cartera y el presidente Iván Duque son conscientes de esta realidad y no están dispuestos a jugársela por volver a prender la mecha de las manifestaciones.
Y, por esto, cumplieron con su palabra de que la tributaria será pagada en su mayoría por las empresas y en segundo lugar, por menor evasión de impuestos y algunas medidas contra la evasión.
Como se venía anticipando, el sector privado será uno de los que más tenga que pagar impuestos por esta ley. Por un lado, porque su tarifa de impuesto de renta subirá a 35 %, sin incluir a bancos y entidades financieras, que deberán poner tres puntos de más. Y, por el otro, porque se les reduce una exención tributaria que les ahorraba cada año cerca de $ 5 billones.
En resumidas cuentas, de los $ 15,2 billones que se pretenden recaudar anualmente, más de $ 10 billones los pondrán los empresarios. Mientras que los otros $ 4,6 billones llegarán de una mayor austeridad y la reducción de la evasión.
La mayor cantidad de recursos los verá el país a partir del 2023, cuando entren en vigencia los mayores cambios de la reforma, que son aquellos relacionados con el impuesto de renta. A pesar de lo anterior, entre 2021 y 2022 la cosa seguirá andando, sobre todo en apoyos a población vulnerable y empresas afectadas por la pandemia.
Previendo esto, el Minhacienda le pedirá el Congreso una adición presupuestal de $ 10,5 billones para este año, con el fin cubrir los nuevos estimativos de recaudo y completar la financiación de programas, como Ingreso Solidario, Paef y otros.
En el 2022, la cosa se estabilizará por la recuperación y la entrada en vigencia de una parte de la nueva reforma tributaria. Mientras que a partir del 2023, la situación será a otro precio y con una mayor tranquilidad fiscal y de impuestos. Para ese momento, la Administración Duque ya no estará en el poder, pero la economía retomará su rumbo prepandemia.
Estos son otros de los principales puntos que trae la reforma en materia de medidas antieavasión y austeridad.
Mayores dientes a la Dian
La Dian jugará un papel clave a la hora de aumentar los controles y reducir la billonaria evasión de impuestos que se registra cada año en el país. Para lograrlo, se ampliarán las fuentes de información tributaria y fortalecerá la factura electrónica.
En últimas, la idea es que la entidad tenga tantos datos de las finanzas de las personas, que pueda facturarles el impuesto de renta a los contribuyentes. La tarea que normalmente hacen las personas la harían los funcionarios de la Dian, que también tienen la posibilidad de inscribir en el RUT a quienes tengan obligaciones tributarias.
De la mano con esta novedad -que implica que los ciudadanos reciban una factura y simplemente pague su renta- se plantearán medidas para determinar quiénes en Colombia son los beneficiarios reales de las utilidades de las empresas.
“Esta modificación se hace en aras de aumentar la transparencia e información en las declaraciones de las personas jurídicas y estrucuturas sin personería jurídica, promover el intercambio internacional de información y buscando cumplir con los compromisos internacionales del país”, señala el Gobierno.
Apretón del cinturón
La tributaria tendrá también un componente de austeridad del gasto público. La idea es atacar de frente los pagos innecesarios que realizan algunas entidades y ahorrar hasta el último centavo, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa el país.
Así las cosas, se plantea reducir a la mitad viáticos, gastos de viaje, papelería, publicidad, compra de vehículos y combustibles. Pero también frenará la entrega y compra de celulares y planes móviles para servidores públicos, así como desmontar gastos por arriendos en instalaciones físicas.
De igual forma, se planea cortar el chorro de la llamada nómina paralela en el Estado. Por medio de contratos de prestación de servicios, las entidades aumentan la presión fiscal del país, pero esto llegó a su fin. El Minhacienda señala que a largo plazo, el ahorro en este frente deberá ser del 10 % de lo que se le asignó a cada entidad en el 2019.
Esto irá de la mano del congelamiento de algunas transferencias que hace el Gobierno nacional (sin contar aquellas como del Sistema General de Participaciones, y la salud y pensiones), ahorros en gastos de personal y la posibilidad de suprimir entidades.
En plata blanca, a lo largo de 10 años, el Estado se habrá ahorrado cerca de $ 20 billones por estas y otras acciones. El apretón comenzará en el 2022, cuando se tengan recursos adicionales por $ 500.000 millones por este cambio, e irá aumentando conforme pasan los años.