El tema energético ha sido uno de los debates más álgidos e importantes de los últimos días en Colombia. El choque entre los gremios y el Gobierno continúa, pese a los anuncios de medidas para conjurar el riesgo de llegar a una crisis energética.
Colombia podría estar al borde de un apagón, pues mientras unos (los comercializadores) aseguran que hace falta liquidez, otros solicitan diálogos, que no dejan muchos resultados.
SEMANA conoció que, en horas de la mañana del 11 de octubre, el ministro de minas, Andrés Camacho, se reunió con las generadoras y comercializadoras, a quienes se les oficializó la ayuda financiera, pero, se discutió sobre la Resolución 40611 del 2023.
Esta normativa busca proteger a los usuarios de la energía, entre otras cosas, de que se les suspenda el servicio de electricidad. La figura plantea una especie de mínimo vital, algo que ya se había implementado durante la pandemia, pero, que impediría a las empresas cortarle la luz a los morosos, pese a que incumplan con el pago de las facturas.
En principio, la Resolución ratifica lo dispuesto en el Decreto 1637 del 9 de octubre de 2023, donde la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), abrió una línea de crédito directo, por un billón de pesos, con el fin que las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica de naturaleza oficial, mixta y/o privada, subsanen la denominada opción tarifaria, establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Reconocen el riesgo de apagón
Pero, dentro de lo que expone la normativa, previo a lo que resuelve la misma, el Ministerio de Minas y Energía reconoce que Colombia si está en riesgo de sufrir un apagón, que sumado al encarecimiento de los precios, van a repercutir en las facturas, por lo que formula un mecanismo para garantizar que no se deje de prestar el servicio.
“Bajo este contexto en el que confluyen diversas situaciones críticas para el mercado, como son la inminente llegada del fenómeno del niño, la baja pluviosidad, los saldos acumulados asociados a la aplicación de la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 012 de 2020, la presión adicional de los prepagos que realizan en el Mercado de Energía Mayorista MEM y los incrementos en el precio de bolsa y de la demanda, podrían llegar a afectar la prestación del servicio de energía y el goce efectivo de los usuarios al derecho a este derecho”.
Pues dentro de lo que resuelve la cartera de energía, puntualmente en el artículo 2, es que se suspenden los programas de limitación de suministro, que en resumen, evita que a los distribuidores o comercializadores se les corte la energía, a pesar que estos no le cumplan con los pagos a las generadoras, pero, siempre y cuando dichas empresas se acojan al crédito de Findeter.
“Durante la vigencia de la presente Resolución no se aplicarán los programas de limitación de suministro a los distribuidores y/o comercializadores que se encuentren en los supuestos de que trata el artículo anterior, siempre que el agente presente ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales — ASIC certificación o documento equivalente proveniente de Findeter que dé testimonio de la radicación de la solicitud de crédito”.
Financiación sí, pero limitación no: esto dicen algunos gremios energéticos
Este mecanismo tiene un fuerte impacto en las empresas que generan la energía, pues son estas las que aseguran que el fenómeno de el Niño ya causan estragos, por las sequías, y se han visto obligadas a producir la electricidad mediante las plantas térmicas, las cuales se alimentan de combustibles, como el gas natural, que también está escaso, y que sería este uno de los principales motivos de los encarecimientos de los últimos meses.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quienes estuvieron presentes en la reunión con el Ministerio de Minas, ven con mucha preocupación esta disposición. SEMANA habló con Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la agremiación, quien aseguró que esta determinación incentivará la cultura de no pago, generando un apagón, tanto a nivel financiero, como energético.
“Encontramos que la resolución es inadecuada, pues como en todo mercado tiene que haber una parada en las pérdidas, es decir, nadie puede obligar a seguir vendiendo energía, sin saber cuando paro, y cuando me van a pagar, o si me van a pagar en algún momento. Este mercado tiene la limitación de suministro, como un mecanismo, un poco coercitivo a los deudores, entonces si yo digo que no va a haber este mecanismo, pues estoy incentivando a que la gente no pague, esto haciendo referencia desde el punto de vista de la relación de los comercializadores y distribuidores, hacia las generadoras”.
Castañeda explicó que actualmente, las deudas en el sector de comercialización y distribución es de 5 billones de pesos, y esto podría escalar hasta los 7 u 8 billones, pues las deudas se trasladan a los generadores, quienes en este momento andan comprando combustibles para abastecer de electricidad al país.
“La forma de solucionar esto es a través de recursos frescos de crédito, vía Findeter, que según las cuentas nuestras, ese billón es una buena cuota inicial, y lo que le dijimos al Gobierno es que hay que estar atentos, y listos, para ampliar ese cupo a 2 o 3 billones de pesos, en la medida que se requiera, para que se cumpla con el pago de obligaciones en la cadena de prestación de servicios de la energía eléctrica”.
SEMANA conoció también la postura de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), los cuales ven con buenos ojos la opción de financiación presentada por el Gobierno, a través de Findeter, pero piden que los recursos se garanticen en el Presupuesto General de la Nación, con el fin de ampliar el presupuesto de los subsidios, y así poder dar un alivio tarifario.
“Esperamos que esta resolución contribuya, por una parte a parar el incremento de los saldos que hoy son cercanos a 5 billones, y por otra parte, a recuperar dichos saldos. Hemos realizado algunos comentarios para que efectivamente la resolución en estos momentos coyunturales de precios altos en la bolsa pueda ser de alivio para la situación de liquidez existente (...) Lo importante de estas medidas, tanto las ya tomadas como las próximas por adoptar, es que eviten un riesgo sistémico para el sector y podamos continuar con un balance adecuado entre unas tarifas eficientes y justas para todos los usuarios, nuestra razón principal, y la garantía en la prestación futura del servicio con una cobertura para todos los colombianos, mejoras en la calidad y continuidad en la prestación del servicio, entre otras”, manifestó José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis.