En línea con su promesa de campaña de manejar una política de austeridad, el presidente Gustavo Petro firmó en las últimas horas una directriz que imparte medidas específicas para fortalecer la racionalización y la eficiencia del gasto público por parte de las entidades del Gobierno.
La primera medida que se tomó es que las entidades públicas solo podrán celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión cuando estos sean estrictamente necesarios por el volumen de trabajo que tenga a su cargo su personal de planta, o por la necesidad de conocimientos especializados.
La necesidad de nuevos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que “en ningún caso tendrá vocación de permanencia”, advierten.
Adicionalmente, a partir de ahora se prohibirá la indemnización de vacaciones. Por eso, desde el inicio de cada año se deben planear los periodos de disfrute de vacaciones de todo el personal de planta y propender por el cumplimiento del plan anual de vacaciones.
Comisiones y viáticos más limitados
En cuanto a las comisiones y viáticos, las entidades deberán justificar la necesidad de cada viaje y la razón por la cual no se utilizan los medios virtuales, así como el número de personas que viajarán, indicando la necesidad de su asistencia y el rol que cada una cumplirá, procurando el número estrictamente necesario y cuyas funciones estén directamente relacionadas con el objeto de la comisión.
Para ahorrar dinero, las entidades también deberán planear, por lo menos trimestralmente, los viajes que sean necesarios para verificar el avance de las obras o los proyectos que se deban visitar o los demás eventos que vayan a realizar. Los viajes de los funcionarios públicos se deberán hacer siempre en clase económica con el objetivo de optimizar el costo de los respectivos tiquetes.
Otra directriz que se impartió en este tema es que, para los contratos de suministro de tiquetes, siempre se utilizará la “subasta inversa”, minimizando los costos por administración o gestión y, si se encuentra vigente, el acuerdo marco de precios.
“Para efectos de la liquidación de viáticos, las entidades podrán racionalizar el monto máximo permitido por el decreto vigente que regula la materia, estableciendo, por ejemplo, el reconocimiento de un 90% por este concepto en las comisiones de servicio”, se lee en la directiva presidencial.
Vehículos oficiales, no para cualquiera
Los vehículos oficiales solo se podrán asignar a funcionarios del nivel directivo y, excepcionalmente, con previa justificación, a funcionarios del nivel asesor. Otra orden que se impartió es que los vehículos oficiales no se podrán asignar a contratistas.
Cuando sea estrictamente necesario adquirir o arrendar vehículos para el servicio de los funcionarios de las entidades públicas, se deberán elegir vehículos eléctricos o que funcionen con otras fuentes alternativas de energía, con el fin de seguir avanzando en la transición energética del país.
Otras medidas
El presidente Gustavo Petro también prohibió el uso de recursos públicos, de créditos multilaterales o recursos de proyectos de inversión para eventos de publicidad o publicaciones de tipo promocional.
Además, las entidades públicas deberán implementar medidas medioambientales y de ahorro como la instalación de paneles solares, grifos ahorradores y bombillos ahorradores y temporizadores.
Igualmente, se deberán actualizar los sistemas de aires acondicionados y contra incendios por unos amigables con el medioambiente y que contribuyan también a hacer eficientes energéticamente las entidades del sector.
Finalmente, la utilización de recursos públicos para la implementación de los esquemas de seguridad deberá estar siempre justificada en estudios de exposición y de nivel de riesgo emitidos por las autoridades competentes.