Este jueves se conocieron los resultados de un nuevo estudio del Barómetro Petrolero, que mide las opiniones, preocupaciones y expectativas que tienen los habitantes de regiones productoras y no productoras de hidrocarburos; los funcionarios de gobierno y los directivos de empresas sobre este sector.
Las encuestas que se hicieron dejaron en evidencia que las compañías van a disminuir sus operaciones en Colombia durante los próximos cinco años por el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en varias oportunidades ha manifestado estar en contra del desarrollo de esta industria.
Por primera vez, el porcentaje de empresas que piensa disminuir sus operaciones aumentó desde el 21 % en 2021 hasta el 37 % este año. Mientras que las expectativas de expandir las operaciones cayeron desde el 43 hasta 34 %. “Nunca, desde el año 2019, habíamos visto este nivel de pesimismo”, aseguró Jaime Arteaga, director general de la firma consultora Jaime Arteaga y Asociados.
Las principales razones que dan los directivos de las compañías para reducir sus operaciones son el cambio de gobierno (24 %), la falta de apoyo del Gobierno nacional (20 %), el rechazo de las comunidades a la industria petrolera en Colombia (16 %) y la falta de estabilidad jurídica (15 %), entre otras.
De parte del Gobierno nacional, los funcionarios encuestados consideran que el sector petrolero avanzará en los próximos años, principalmente, en vincularlo al proceso de transición energética y en cuanto al desempeño ambiental de las operaciones.
En cuanto a la estabilidad jurídica, son más los funcionarios que creen que se va a retroceder (26 %) que avanzar (24 %). Lo mismo pasa en cuanto a las reservas de petróleo y gas (23 contra 20 %) y la exploración de nuevos yacimientos (28 contra 16 %).
“Hay mucho pesimismo derivado del cambio y falta de apoyo del Gobierno y vemos que al interior del Estado hay preocupaciones de funcionarios del sector de hidrocarburos como la ANH, el Ministerio de Minas y Energía, el viceministerio de Energía y las autoridades ambientales”, dijo Jaime Arteaga.
Más apoyo al sector petrolero
Otro dato importante que reveló el Barómetro Petrolero es que entre 2019 y 2022 ha aumentado en casi 20 % el número de colombianos que consideran que la industria de los hidrocarburos es positiva para su municipio, siendo del 80 % para 2022.
Además, el 79 % de los colombianos cree que la industria de petróleo y gas es necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del Estado. Mientras que el 89 % considera que la transición energética requiere de tiempo para que se haga de manera justa.
El 72 % de los encuestados considera que es posible que la actividad petrolera conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro, 64 % cree que es posible hacer operaciones petroleras responsables con el medio ambiente y el 73 % piensa que las empresas del sector promueven la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales.
Petroleras están preocupadas por la reforma tributaria
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que la nueva iniciativa que se incluyó en la reforma tributaria sobre la sobretasa de renta que pagarían las compañías que producen petróleo en el país “es la más gravosa de todas las propuestas”.
El gremio manifiesta que es 115 % más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno nacional en impuestos para hidrocarburos, y 5 % más gravosa que lo aprobado en primer debate el pasado 6 de octubre.
“La tensión se percibe, hay incertidumbre. Momentos en que a nivel mundial la industria del petróleo y gas es valorada y busca ser fortalecida, parece que en Colombia avanzamos en el camino contrario y eso genera inquietudes, preocupación y sobretodo una gran incomprensión”, aseguró el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda.
La ACP calcula que el recaudo esperado para 2023 por esta sobretasa de renta y la prohibición de deducibilidad de las regalías del impuesto de renta será de 9,6 billones de pesos, cuando lo que se esperaba recoger con la propuesta aprobada en el primer debate eran 9,1 billones de pesos.
Las compañías agremiadas alertan que con la nueva propuesta se pueden comprometer el desarrollo de los descubiertos recientes de gas natural y petróleo y las actividades de exploración, además de poner en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción de petróleo.
Adicionalmente, con información de algunas empresas, el recorte en los programas de inversión podría oscilar entre 30 y 50 %, la producción caería gradualmente y podrían perderse al año 2026 entre 130.000 y 200.000 barriles día de producción de petróleo.