Quedan tres días para que el Gobierno nacional presente el Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el Congreso de la República, pues se espera que sea radicado la próxima semana. En dicho plan se encuentra la hoja de ruta de lo que espera hacer el presidente la República, Gustavo Petro, en su Gobierno.
En horas de la mañana, SEMANA conoció el borrador que tiene 147 páginas con 240 artículos con propuestas. En el texto se pueden leer tres ejes temáticos: el ordenamiento del agua, la transformación productiva y la sostenibilidad para la equidad y la inclusión.
El PND es una norma que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del Departamento Nacional de Planeación y debe ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes para que pueda entrar en vigencia.
Allí se plasman los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental. Al igual que el plan de inversiones públicas, contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes de financiación.
Dejando claro lo anterior, uno de los puntos que más ha generado controversia tiene que ver con el “revolcón” que propone el Gobierno en el sector energético, y que el presidente Gustavo Petro ya ha dado algunas pinceladas de lo que podría pasar. De hecho, al finalizar el mes de enero, el jefe de Estado aseguró que tiene intención de asumir el control de las comisiones reguladoras de servicios públicos, al indicar que en Colombia debe prevalecer el interés general y del usuario.
El mandatario colombiano, en su cuenta de Twitter, aseguró que las funciones que adoptará serán las de aplicar políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos y ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades.
“De acuerdo [con el] artículo 370 de la Constitución y el 68 de la Ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la Presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario”.
Y explicó: “Esto quiere decir que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz”.
Ahora bien, ya que el presidente mostró su intención semanas atrás, en el borrador del PND existe un artículo, exactamente el 173, donde se refiere a la autorización para la integración de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
El presidente, vía facultades extraordinarias, también podrá fusionar, liquidar, reestructurar y hasta suprimir empresas del sector eléctrico, así como capitalizar y establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación, en ejercicio de las facultades otorgadas por este artículo. Los aportes de capital que la Nación realice en el marco de la consolidación del sector eléctrico podrán realizarse al valor intrínseco de la participación accionaria.
En articulo también quedó consignado que las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República serán ejercidas con el objeto de impulsar, promover, fortalecer y/o acelerar la transición energética justa, mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica y generar eficiencia en la gestión de las entidades y de empresas del sector.
Desde ya se han escuchado voces que ponen la lupa a esta propuesta. Es de recordar que cuando el presidente mostró su intención en adoptar funciones que serán las de aplicar políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos y ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades, gremios del sector de energía y gas se unieron para advertir las serias consecuencias sobre el posible control de precios de servicios públicos del presidente Petro y manifestaron que se debe respetar seguridad jurídica e institucional.