La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) elevó una nueva alerta durante la mañana de este viernes, 27 de septiembre, frente a la iniciativa parlamentaria que cursa actualmente en el Congreso de la República y con la que se buscaría hacer un cambio en el actual Sistema General de Participaciones (SGP).
Es preciso recordar que el SGP básicamente corresponde a los recursos que transfiere la Nación a las entidades territoriales, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, que están dados con el objetivo de satisfacer necesidades básicas de educación, salud y agua potable, saneamiento básico y otros relacionados.
A través de un comunicado, Anif aseguró que dicho acto legislativo propone que las transferencias de dicho sistema aumenten a partir del 2027 y durante un periodo de 10 años, hasta alcanzar una proporción fija del 45 % de los Ingresos Corrientes de la Nación.
Dicho movimiento, para los expertos de la entidad, generaría un aumento sustancial en las transferencias que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes de los cuatro años posteriores, pero que no están atadas a un porcentaje fijo, conforme al Acto Legislativo.
Además de ello, Anif considera que se daría una “completa inflexibilidad presupuestal”, que eliminaría el margen para la inversión social del Gobierno y para su funcionamiento. Dicha reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano.
Para ilustrar el impacto de esta medida, se señala que, si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas al 46,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a 148 billones de pesos, representando una presión adicional de 77 billones frente a los 71 billones programados para este año (22,2% de los ingresos corrientes).
Al aplicar la forma anteriormente descrita, Anif proyecta que el 95,3 % del presupuesto del Gobierno Nacional Central estaría comprometido en estos rubros:
- Transferencias del SGP (46,5 %).
- Pago de intereses (25,1 %).
- Pensiones (18,1 %).
- Vigencias Futuras (6 %).
Dicho presupuesto dejaría al Gobierno con apenas 15 billones de pesos, dinero que estaría disponible exclusivamente para inversión pública y funcionamiento. Alternativamente, si el gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto, en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,15 % del PIB, violando la regla fiscal.
La entidad también reporta que ambas opciones serían insostenibles y podrían comprometer gravemente la capacidad del Gobierno para que pueda hacerle frente a emergencias fiscales o crisis económicas, además de representar un golpe para los sectores clave como inversión social e infraestructura.
“Si bien es necesario avanzar en la descentralización, esto no debe hacerse a expensas de la sostenibilidad fiscal del país. Modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los Ingresos Corrientes de la Nación, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional Central. Por estas razones, Anif considera que el Acto Legislativo 018 de 2024 no debe ser aprobado”, indicó el gremio.
Finalmente, la entidad hizo una invitación a todos los actores económicos para llevar a cabo un debate amplio sobre la profundización de la descentralización y la autonomía territorial, teniendo en cuenta factores macroeconómicos que afectan la sostenibilidad fiscal del país.
“Es fundamental que cualquier avance en materia de descentralización esté acompañado de un análisis riguroso de su impacto en las finanzas públicas, de manera que se fortalezcan las capacidades de los territorios sin comprometer la estabilidad económica nacional. Anif hace un llamado a que este proceso se realice de manera responsable, asegurando que las reformas propuestas se alineen con los principios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, concluyó.