Todo indica que los encuentros que ha realizado el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, con distintos sectores políticos y sociales comienzan a dar frutos y ya existe consenso sobre los principales temas que contendrá la nueva reforma tributaria. De hecho, hasta los propios organizadores del Paro Nacional coinciden en que, para salir de la crisis social, política y económica que se vive, se necesita aprobarla con urgencia.
Por eso está previsto que en la mañana de este jueves 10 de junio el ministro Restrepo dé a conocer los detalles de los acuerdos alcanzados en una reunión en la que estarán presentes altos funcionarios del Gobierno, empresarios y gremios de la producción.
También se sabe que el funcionario anunciará una nueva gira por siete regiones del país, donde se reunirá con líderes de todos los sectores para escuchar sus propuestas.
Se estima que el jefe de la cartera busca enviar un mensaje frente a la priorización que tendrá el nuevo proyecto en programas sociales, en jóvenes, en clase media, en lo fiscal y en las iniciativas que pueden tener asegurada su financiación.
Al cabo de casi un mes y medio de reuniones y encuentros de altos funcionarios de Hacienda con distintos líderes políticos y sociales para armar el gran consenso sobre la reforma -que esta vez se llamará ‘Inversión social con financiación sostenible’-, muchos esperaban que el Gobierno ya tuviera definidos los principales temas que contendrá la nueva reforma. Sin embargo, todo indica que ahora buscará ampliar la concertación y por eso planea seguir dialogando, esta vez en las regiones.
Esto inquieta a algunos sectores, que le han recomendado al equipo de Hacienda que la presente cuanto antes, porque los términos legislativos apremian. La legislatura termina el próximo 20 de junio y luego viene un receso de un mes hasta que inicie el nuevo periodo el 20 de julio, justo cuando los actuales congresistas entran en la recta final de su mandato y se vuelven apremiantes las campañas de reelección.
Muchos temen que si se radica el 20 de julio el Gobierno corra el riesgo de perder el apoyo de algunos políticos que, en plena campaña, se verán menos interesados en aprobar este espinoso tema. Por eso preferirían que la radicación de la iniciativa se diera en los próximos días con mensaje de urgencia y convocatoria a sesiones extraordinarias para garantizar su rápida aprobación.
Mientras tanto, el equipo económico del gobierno sigue dudando sobre la fecha. Le preocupa que el nuevo proyecto genere nuevas presiones sociales, ya que justamente la tributaria presentada por el exministro Alberto Carrasquilla fue la que dio origen al Paro Nacional más largo en la historia del país. Por eso busca tener todas las validaciones antes de llevar el texto al Congreso.
Sin embargo, esto ha llevado a que muchos se pregunten: ¿hasta qué punto el país está desaprovechando la ventana de oportunidad para lograr la aprobación de la iniciativa?
Entre algunos políticos y dirigentes gremiales, la demora del Gobierno está llevando a que el país pierda esa ventana de oportunidad que se abrió hace algunas semanas, cuando en medio de los acercamientos de la administración con partidos políticos y líderes del Paro Nacional, se confirmó que son conscientes de la urgencia de aprobar la propuesta de la Andi en materia de reforma tributaria y que cuenta con el aval del Consejo Gremial Nacional.
Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, propuso antes de que el exministro Carrasquilla radicara en el Congreso su tributaria que los grandes empresarios estaban dispuestos a financiar la reforma moderada que se requiere en estos momentos. Esta le puede generar al fisco alrededor de 14 billones de pesos. Incluye suspender la rebaja del impuesto en renta aprobada en la tributaria de 2019 para estimular el empleo.
Los empresarios, según la propuesta de la Andi, planean suspender la reducción aprobada del 33 % al 30 % en el impuesto de renta para personas jurídicas. También han mencionado que están dispuestos a que se mantenga en un 50 % el descuento del ICA dentro del pago del impuesto de renta, pese a que la última ley tributaria les permitía descontar hasta el 100 %.
Esto implicaría que el principal sacrificio fiscal lo harían las grandes empresas. La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas no tendrían la capacidad de aportar la tasa anticipada de renta, ya que han sido las grandes afectadas por la pandemia, particularmente por las cuarentenas y los cierres adoptados por los gobiernos nacional y regional para reducir los contagios de la covid.
Las mipymes aseguran que estarían dispuestas a apoyar, consecuentes a la realidad actual, para atender con prioridad los aspectos sociales.
Esto significa que por el lado de las fuentes de financiación ya existe un principio de acuerdo: serán las grandes empresas las que planean hacer sacrificios tributarios y no las personas naturales o los micro y pequeños empresarios, que se han visto afectados durante la pandemia.
Por el lado de los usos de estos recursos también hay coincidencia en que una parte debe ir a estabilizar las finanzas públicas y otra a financiar algunos programas sociales urgentes. Estos incluyen mantener el Ingreso Solidario, un subsidio creado en medio de la pandemia para ayudar a que más de tres millones de familias lograran financiar sus gastos básicos; garantizar la matrícula cero para los estudiantes de escasos recursos en universidades públicas, y mantener el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), un subsidio que les ha permitido a miles de pequeñas y medianas empresas sostener sus puestos de trabajo.
Tanto el Paef como Ingreso Solidario son iniciativas cuya financiación estaba garantizada hasta el primer semestre de este año. Por eso, mientras más se demore el Gobierno en radicar la nueva reforma tributaria, más riesgos corren empresarios y familias de quedarse sin ese apoyo vital.
Como entre los sectores que antes estaban en discordia ahora hay un principio de acuerdo en los temas gruesos que debe llevar la nueva tributaria, muchos esperaban que el Gobierno anunciara pronto la fecha de radicación, para iniciar el proceso de aprobación.
Por eso, la idea de la administración de seguir dándole largas al asunto y haciendo nuevas convocatorias de consultas tiene descontentos a varios gremios económicos y dirigentes políticos. Muchos esperan que en la reunión de este jueves, para presentar el ‘gran consenso nacional’ frente a la nueva tributaria, el ministro de Hacienda dé luces sobre la fecha exacta en que se radicará la nueva reforma.
Según se sabe, el proyecto incluirá apenas 35 artículos, está armado a partir de los consensos alcanzados hasta el momento y tiene una estructura sencilla, así como un nivel de ambición moderado porque ya es claro que este no es momento de hacer grandes reformas estructurales.
Si bien el consenso es clave en este momento político y social del país, el Gobierno dirigido por Iván Duque tiene que jugar sus cartas pronto porque, de lo contrario, podría perder la ventana de oportunidad para lograr que el Congreso le dé una bendición a esta iniciativa, el país pueda atender sus necesidades fiscales y la administración, asegurar los recursos para financiar los programas sociales que el país tanto necesita.