Traslado exprés masivo a Colpensiones. Eso es lo que está planteado en el debate electoral, en el que se baraja la idea de pasar a los cotizantes que devengan hasta cuatro salarios mínimos desde los fondos privados hacia el régimen público.
Colpensiones está habituado a los traslados. Desde 2012, se han pasado 1.132.476 personas, por lo que muchos ciudadanos que participan en la controversia que se ha generado alrededor del tema dijeron que se ‘autoexpropiaron’, parodiando las críticas que señalan que se trataría de una expropiación de los ahorros pensionales que están en los cuatro fondos privados de pensiones.
La administradora pública ni siquiera tendría que fortalecer su capacidad administrativa para recibir la ola de gente. Cuando mucho, necesitaría hacer ajustes tecnológicos para el manejo de una base de datos más amplia y fortalecer la atención al cliente. Actualmente, 2.497 empleados están en la planta de personal de la entidad, que tiene a su cargo recursos por 80 billones de pesos al año, entre ingresos y gastos; 40 billones son para pagar las pensiones de 1,5 millones de personas que ya adquirieron su derecho a jubilarse. Todas ellas reciben una mesada subsidiada, pues el aporte que realizan durante su vida laboral no es suficiente para cubrir la renta que recibirán el resto de la existencia, lo que presiona las finanzas del Estado, en especial por cuenta de las mesadas más altas que, aunque son pocas, demandan la mayor parte de los recursos.
Al igual que en los fondos privados, en Colpensiones también hay una cuota del 3 por ciento para la administración. La diferencia está en que en los fondos privados a la cotización del 16 por ciento, adicionalmente se le resta 1,5 por ciento para alimentar el fondo de garantía de pensión mínima, con el que se financia a los que no logran completar la plata para recibir una pensión de salario mínimo. Ese costo no se cobra en Colpensiones, porque si a la persona no le alcanza para el mínimo, el Gobierno pone el faltante.
La solidaridad en Colpensiones es intergeneracional, es decir, cada trabajador aporta su ahorro y de esos recursos se pagan las mesadas a los que van saliendo jubilados, con la expectativa de que ese esquema se retroalimente. Por esa razón, se requiere que siempre haya suficientes empleados cotizando para que existan los recursos para pagar las pensiones de los que vienen en el camino. Esto es algo en lo que Colombia falla, porque la informalidad laboral se mantiene por encima del 50 por ciento, y un ciudadano con un empleo ocasional no cotiza para su vejez o lo hace de manera esporádica.
De ahí que Colpensiones siempre requiera apoyo del Estado para pagar las pensiones de unos pocos, mientras millones de viejos no tienen ningún aseguramiento. De los 40 billones de ingresos de la administradora pública, 14 billones salen del presupuesto general, que a su vez proviene en su mayoría de los impuestos que pagan los contribuyentes.
Por todas esas razones, el tema pensional es altamente sensible y complejo de abordar en una reforma a la que pocos gobiernos se le miden.
En la propuesta de Gustavo Petro, que está en el debate, el paso de esa gran masa de afiliados de los fondos privados, que tienen casi 18 millones de personas, significa llevar un alto volumen de recursos a Colpensiones. El monto estimado es de 18 billones de pesos, lo que configura una ecuación simple: se cubren los 14 billones que faltan cada año, por consiguiente, no se necesitará más plata del presupuesto nacional, donde cada vez es más grande el hueco que queda por pago de pensiones. Los 4 billones restantes serían para aumentar el monto de los subsidios, hasta 500.000 pesos, para los 1,7 millones de viejos que hoy reciben 85.000 pesos mediante el programa Colombia Mayor. Así, se podría ampliar la cobertura de los adultos mayores asegurados, pues de 4,5 millones que hay, solo 1,7 millones reciben el apoyo estatal.
Con esas realidades, el sistema pensional de Colombia ha sido calificado como un fracaso, pues gasta mucho para pensionar a unos cuantos, y subsidiados, pues en el régimen privado, tres de cada cuatro pensionados son subsidiados por medio del Fondo de garantía de pensión mínima.
Si pasaran al régimen público a los afiliados de las AFP que devengan hasta cuatro salarios mínimos, serían cerca del 85 por ciento del total, los cuales –a largo plazo– agrandarían aún más las necesidades de subsidiar pensiones en Colpensiones. Y una reducción en el número de afiliados en los fondos es un golpe a sus ingresos.
El tema pensional debe ser más protagónico de lo que ha sido, pues solo Petro ha promovido el debate, y no lo han centrado en lo clave por resolver y es que la gente no se pensiona. Esa es la mayor inequidad en cualquier sociedad.
Otra mirada
Pese a existir desde hace 28 años, el régimen de ahorro individual sigue siendo desconocido para muchos colombianos que allí cotizan su pensión. No entienden cómo funciona y solo se preocupan por saberlo cuando se acercan a la edad de jubilación o en semanas como esta, en la que el tema ha estado en el ojo del huracán.
Ese desconocimiento no solo se origina en un posible desinterés de los afiliados, sino también de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que en sus inicios aspiraban a captar la mayor cantidad de afiliados mostrando sus ventajas frente al régimen público (como la pensión anticipada, la posibilidad de heredar el ahorro que no se gaste a los hijos mayores de edad o tres años menos de cotización si la aspiración es el salario mínimo, etcétera), pero tal vez no fueron tan claros al explicar que su mayor desventaja frente a Colpensiones está en el valor de la mesada pensional.
Allí está el principal punto de malestar. Mientras con los fondos privados esa mesada solo obedece al esfuerzo de ahorro de cada afiliado más los intereses generados en más de 22 años (los cuales representan 70 por ciento del monto que se alcanza al final de la vida laboral), en Colpensiones responde a las semanas cotizadas (1.300) y a una fórmula en la que se promedia el ingreso del afiliado en los últimos diez años antes de jubilarse. Como en ninguno de los dos sistemas el ahorro alcanza para tener una mesada cercana al último salario recibido, por más juiciosa que haya sido la persona con sus cotizaciones, en los fondos privados la mesada queda más baja que en Colpensiones porque allí el faltante lo pone el Gobierno con dinero del presupuesto. Obviamente eso implica una ventaja para Colpensiones, pero también una gran desigualdad para el país porque mientras más alto sea el salario de los últimos diez años, más alto será el subsidio que paga el Estado. En otras palabras, le da más plata al que menos necesita.
Esa diferencia también ha motivado una creciente litigiosidad de aquellos que se dieron cuenta tarde de que en Colpensiones les iba mejor y quisieron pasarse a destiempo (por ley el último cambio de régimen pensional se puede hacer diez años antes de la edad de jubilación). A ellos se suman otros que sí lo están haciendo dentro de los plazos estipulados. Según los datos de Asofondos, gremio de las AFP, el año pasado, 85.000 personas se pasaron a Colpensiones, lo que implicó un traslado de 9,1 billones de pesos. Aclaran que, de sus 17,9 millones de afiliados, solo al 5 por ciento le conviene ese cambio, pues son los de más altos salarios e ingresos más estables.
Otro asunto que generó polémica esta semana es el costo del servicio que prestan las AFP por administrar el ahorro pensional. Dicho costo está establecido por ley en 3 por ciento de la cotización y también lo cobra Colpensiones. Con ese 3 por ciento se debe pagar el seguro previsional (el cual da una pensión al afiliado en caso de invalidez o a su familia si muere el trabajador) y la labor que realiza la AFP al administrar el dinero, lo que se conoce como comisión, y representa sus principales ingresos. En 2021, la comisión promedio de las AFP, según Asofondos, fue de 1,2 por ciento y 1,8 por ciento fue para el seguro previsional. Datos de la Superfinanciera indican que los ingresos operacionales de las AFP en 2021 fueron de 5,3 billones de pesos.
Paralelamente, hablar de las comisiones puso sobre el tapete la preocupación de algunas personas por el hecho de que los fondos de pensiones privados sean un negocio financiero y no un servicio del sistema de seguridad social. En Asofondos aclaran que la Corte Constitucional varias veces ha avalado la constitucionalidad de que los privados participen en la prestación de los servicios de seguridad social y ha dicho que es compatible con la protección de ese derecho. Agregan que los fondos de pensiones, que son propiedad única y exclusiva de los afiliados, y las AFP son figuras jurídicas totalmente separadas. Los fondos de pensiones crecen por sus inversiones y sus ganancias son de los afiliados, mientras que las AFP ganan por sus comisiones, al igual que Colpensiones y cualquier administrador de activos en el mundo. Con estos ingresos cubren su nómina y los demás costos necesarios para su operación, al tiempo que obtienen sus utilidades.
En Asofondos señalan que además en Colombia la ley los obliga a constituir una reserva con sus recursos para garantizar una rentabilidad mínima a los afiliados. Si esa rentabilidad cae por debajo del mínimo exigido, la AFP debe poner de su patrimonio para completar. Una muestra más de que en pensiones no solo urge una reforma, sino más educación al afiliado.