Si las películas que permiten viajar en el tiempo se filmaran en Colombia, quizás una pregunta pertinente sería saber cuándo explotará la bomba pensional, pues es insostenible que de los 7,1 millones de adultos mayores (hombres de más de 62 años y mujeres de más de 57) solo 1,7 millones cuente con un pago mensual.
Desactivar esa bomba de tiempo debe ser prioritario y es una reforma cuya necesidad no genera dudas. El problema está en definir qué es lo que se debe cambiar para que mejoren las condiciones de vida del creciente número de adultos mayores, así como el ahorro pensional de quienes se encuentran aún en edad de trabajar.
Aunque el nuevo Gobierno había anunciado que la reforma pensional se dejaría para 2023, esta semana el presidente Gustavo Petro volvió a alborotar el avispero. Recordó sus propuestas de campaña en materia pensional: crear un sistema en el que los fondos privados, administrados por las AFP, y el sistema público, a cargo de Colpensiones, no compitan y se vuelvan complementarios. Para tal fin se crearía lo que técnicamente se conoce como sistema de pilares, en el cual todas las personas que ganen hasta cuatro salarios mínimos (hoy 4 millones de pesos) cotizarían en Colpensiones y quienes ganen más de ese valor cotizarían el excedente en las AFP. La idea de ese sistema de pilares es del Banco Mundial, y el primero que quiso implementarla, sin éxito, fue Juan Manuel Santos durante su segundo mandato; en ese momento, el primer pilar iba hasta un salario mínimo.
Durante la pasada campaña presidencial, tanto Petro como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria proponían el sistema de pilares. Pero la diferencia es que Fajardo y Gaviria buscaban bajarles presión a las arcas del Estado para que solo subsidiaran las pensiones de un salario mínimo y que de ahí en adelante cada uno respondiera con su ahorro. En el caso de Petro, aunque faltan muchos detalles, el objetivo sería trasladar a Colpensiones los 18 billones de pesos que corresponden a las cotizaciones de quienes hoy están en las AFP y devengan hasta cuatro mínimos.
Esos recursos servirían para financiar el hueco de Colpensiones. Las cuentas las hace Ricardo Bonilla, quien ha sido asesor económico de Petro: las AFP recaudan 25 billones de pesos y pagan 3 billones en mesadas a sus 250.000 pensionados, mientras que Colpensiones recauda 13 billones y paga 32 billones a sus 1,5 millones de pensionados. El faltante lo tiene que poner el Gobierno con cargo al presupuesto general. Si se hace el traslado de los 18 billones, ya no habría necesidad de destinar tanto dinero del presupuesto a Colpensiones y se abre espacio para poder gastar en otras cosas, como el pago de una ayuda más alta a las personas de la tercera edad que forman parte del programa Colombia Mayor y que hoy solo reciben 80.000 pesos mensuales.
Para algunos analistas, ese traslado de las AFP a Colpensiones no es otra cosa que una “expropiación del ahorro pensional”, pero en la práctica es lo mismo que hacen cada año miles de colombianos que voluntariamente se cambian de régimen pensional –en 2021, 88.287 personas se pasaron de las AFP a Colpensiones, llevando 10 billones de pesos–.
Iván Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, explica que no sería una expropiación, pues es una reforma estructural por la que transitan varios países de América Latina para revertir la privatización de los sistemas pensionales. El problema no sería tanto el sistema de pilares, sino el monto de los cuatro salarios mínimos. Por un lado, prácticamente se acabarían las AFP, dado que 92 por ciento de sus afiliados está en ese nivel de ingresos. Por otro lado, a la nación se le aumentaría su carga pensional, con el agravante de que cada año tendrá más viejos y menos jóvenes que soporten el sistema. “Estaríamos frente a una expropiación intergeneracional, en la que nos gastaríamos en febrero todo el dinero que tenemos para el año, pues para pagar a los actuales pensionados se sacrificaría a los del futuro”, dice un analista.
Este es un preocupante panorama que no muestran las películas futuristas.